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Opinión

Secretismo en el ICE pende de un hilo

EDITORIAL

Cuando Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), salió diciendo públicamente que la entidad tiene grandes pérdidas económicas a todo mundo se le paró el pelo.

Aquellas revelaciones fueron como un balde de agua fría, y no es para menos porque el ICE es de esas instituciones que el tico -para decirlo de alguna manera- lleva en su corazón.

Ese sentimiento se generó por muchas razones. El Instituto nos suple de electricidad y eso es vital, fue el primero hasta 2008 que nos metió en la era de las telecomunicaciones y además muchas familias vieron el desarrollo de sus comunidades en las zonas más recónditas del país cuando los trabajadores de amarillo llegaban en inmensos camiones a instalar los postes del tendido eléctrico donde antes solo hubo una candela.

La lucha contra el Combo ICE fue algo sin precedentes, hubo un antes y un después de aquellas manifestaciones. 

El Instituto se creó mediante el Decreto de ley No.449 del 8 de abril de 1949. Son 70 años de funcionamiento.

Hoy la situación de esta empresa del Estado costarricense es preocupante. Datos oficiales de su propia auditoría revelan que el déficit neto o pérdidas con que cerró en 2018 ascienden a la astronómica suma de ¢314.000 millones, aproximadamente $546 millones, y las deudas superan los $4.156 millones, es decir alrededor de ¢2,5 billones. 

Una cifra ¢4.000 millones más alta que la estimada por la División de Finanzas del ICE dada a conocer en la intervención de Jesús Orozco, jefe de dicha dependencia, que fue revelada en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en abril anterior. 

Pero estos no son los únicos números que evidencian pérdidas en el Instituto Costarricense de Electricidad. En 2016 se registraron oficialmente ¢30.000 millones menos y para 2017 fueron ¢62.000 millones en promedio. 

La entidad alegó que esas pérdidas se deben a cuatro temas: la cancelación de las obras de Diquís, después de una inversión aproximada de ¢89.000 millones; el tipo de cambio, pues las operaciones crediticias son en dólares y sumarían ¢100.000 millones a las pérdidas; el rezago en el reconocimiento de las tarifas y no menos importante el crecimiento de los gastos operativos porque el pago de planillas el año anterior ascendió a ¢182.000 millones. 

Este año habrá que hacer otra suma de miles de millones de colones que obedecen a la compra de Cable Visión, un negocio que según los expertos nació muerto, pero el ICE sabía sería un fiasco y aun así se aventuró a gastar ¢23.000 millones. De esa empresa no queda más que el cascarón y todos los ticos pagaremos el mal negocio de los administradores que se empeñaron en adquirirla.

Que les metan mano de una vez por todas a las inversiones hechas con el gigante chino Huawei, que también están de investigar con lupa. 

Al ver estos números todos pensamos qué pasa en el ICE, cómo es posible que una institución tan grande, consolidada y monopólica reporte semejantes pérdidas, quién o quiénes tomaron las decisiones que nos llevaron a estar en números rojos y si es el ICE la caja chica de los políticos de turno.

¿Cómo es que los presidentes ejecutivos anteriores a Irene Cañas y los gerentes no advirtieron lo que estaba sucediendo?

Muchas son las interrogantes que requieren respuestas serias y contundentes. Con sobrada razón el Instituto debe estar en la mira de las autoridades, no con el afán de desmantelarlo, sino de conocer con lujo de detalles sus operaciones, que derivan en un riesgo para sus finanzas.

La propia contralora de la República, Marta Acosta, ha dicho que la confidencialidad de la que goza el ICE es abusiva. Tiene razón y la ley debería reformarse porque esto del secretismo se presta para que las decisiones de sus jerarcas no salgan a la luz y no se investiguen en su mayoría. Le falta al ICE el peso del escrutinio público, pues maneja recursos de esa índole que debe justificar.

Por ese motivo la iniciativa que impulsa la liberacionista Ana Lucía Delgado, la cual pretende modificar la Ley No.8660 (Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) para sacar de la confidencialidad los estados financieros del ICE, debe valorarse.

El objetivo de dicha reforma es conocer cuáles son realmente las finanzas del Instituto, para lo que dictaminaron de forma positiva el expediente 20.909 en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Las dudas sobre los números del ICE han llevado a los legisladores a querer abrir estos datos por medio de una ley y buscar sintonía con los requisitos que pide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La reforma mantiene información protegida de la competencia, pero en el inciso b del artículo 35 de la Ley 8660 se busca que diga: “No incluye (esa confidencialidad) a los segmentos de su actividad que se mantengan en monopolio, ni tampoco los estados financieros, sus ingresos, la custodia, los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y, en general, el resto de la información contable y de sus subsidiarias, que es de carácter público”.

En buena hora pudieran los congresistas hacer estas reformas a la ley y que el ICE entienda de una vez por todas que debe sí o sí dar cuentas claras de sus inversiones, gastos y pérdidas porque es dinero que le pertenece al pueblo. No es posible que durante 69 años nadie supiera que la situación era complicada y que las finanzas de la emblemática institución estaban en números rojos.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 20 Agosto, 2019

HORA: 12:00 AM

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