La detención del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, tras intentar llegar a una vivienda de seguridad ubicada en Monterrey, México, país donde pasó solo varios meses desde que salió del país, al parecer habría sido por consentimiento de las autoridades eclesiásticas.
Una fuente confidencial, sacerdote de alto rango en la Arquidiócesis de San José, aseguró a DIARIO EXTRA que en abril el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, fue llamado por la Santa Sede a rendir declaraciones sobre casos de curas investigados en el tribunal eclesiástico de nuestro país por abuso sexual contra personas menores de edad.
De acuerdo con el informante, los procesos no avanzan por la aparente indiferencia de Quirós, quien además es presidente de la Confederación Episcopal de Costa Rica.
“En casos como este la Santa Sede ante petición de los hechos graves separa temporalmente al arzobispo o al obispo titular de la Diócesis, donde los escándalos son al parecer continuos, como es el caso que nos ocupa.
Actualmente existe temor entre un grupo de curas ante las presuntas amenazas de Víquez, de que no se iría solo, por lo que no se descarta que si rompe el silencio habría relevo en la sede arzobispal, lo que mantiene una tensa calma”, acotó.
El garganta profunda comentó que existen sacerdotes del círculo cercano del Arzobispo con causas abiertas en el tribunal eclesiástico, aun así se mantienen en sus cargos, contraviniendo los lineamientos de la Santa Sede, que exige la separación inmediata de las responsabilidades pastorales de quienes son investigados en tribunales eclesiásticos.
PRÓFUGO DA PISTAS
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), manifestó la secuencia de eventos que permitió la captura del exreligioso.
“Fue detenido en Monterrey, México, luego de una petición de extradición tras una orden de captura internacional que se giró por medio de la oficina de Interpol el 19 de febrero de este año. Ya sabíamos que abandonó el país vía Panamá.
El problema que teníamos a nivel de ubicación del sujeto es que México es muy grande y las posibilidades de captura eran muy pocas, sin embargo hubo una circunstancia que permitió a la policía costarricense ubicarlo”, detalló.
Espinoza agregó que se fue el 11 de abril de este año, pero recibieron dos datos fundamentales a través de la línea confidencial.
“Dieron direcciones de una red social que podía estar siendo utilizada por el sujeto, a partir de ese momento la sección de Delitos Informáticos del OIJ inició un estudio de contenido de la cuenta para determinar los intereses de las publicaciones.
Se logró establecer que esta cuenta se relacionaba con otra, que eran muy similares en publicaciones, su contenido y en los gustos que había, y se verificó que con lo que se abrió la cuenta era de un teléfono celular, por lo que se hizo un contacto directo con la Policía Federal Mexicana”, detalló.
El jefe de la policía judicial agradeció la colaboración de sus homólogos mexicanos.
“Se logró determinar que la persona que usaba esa red era a quien buscamos (Mauricio Víquez Lizano). Se identificaba como Antonio, era su segundo nombre, señalaba que tenía 54 años, correspondiente a Víquez, que tenía un título académico, lo cual era lo mismo, y que se le había muerto un tío suyo, verificamos que efectivamente uno de sus familiares había fallecido.
Se logró ingresar a un blog donde este sujeto participaba y nos dimos cuenta que pretendía realizar un nuevo proyecto, que consistía en brindar asesoría en la construcción de tesis, actividad similar a la que hacía en nuestro país”, agregó.
Espinoza dijo que mientras eso sucedía y tras darle un número telefónico a la policía mexicana se ubicó al prófugo en el sitio donde estaba oculto.
“Es una población de 400 mil habitantes, era un acercamiento del sujeto, pero nos dimos cuenta que había bajado el perfil, evitaba salir, hacía peticiones de servicios básicos exprés, hasta que se dio el allanamiento a la 1 a.m. del domingo.
Fue un trabajo en conjunto. Ahora la fiscal general formalizará la petición de este sujeto, la investigación está abierta, valoramos todas las posibilidades. Vivía solo, desconocemos cómo se mantenía en la casa y su identificación se hizo por huellas”, enfatizó.
LO QUE VIENE
Emilia Navas, fiscal general de la República, manifestó que el exsacerdote está a la orden de un juez.
“El imputado fue remitido a un reclusorio en la capital mexicana y ahora tenemos 60 días naturales para formalizar la extradición, por lo que se trabaja en la confección de la solicitud para el juez penal de Desamparados, quien es el encargado del caso.
Una persona denunció en octubre del año pasado un delito de violación y abuso sexual contra persona menor de edad y para este momento tenemos cuatro víctimas en total. Las últimas tres denunciaron la primera semana de agosto de este año”, explicó.
Navas agregó que cuando se pide la extradición con la persona detenida se suspende el plazo de la prescripción.
“Para este momento la prescripción está suspendida para que se hagan todos los trámites. La Fiscalía de Género empezó con la solicitud, que pasará al Juzgado Penal de Desamparados, que delega la solicitud de extradición a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público.
Ahí se encargan de remitir la extradición vía diplomática, o sea lo pasa la secretaría de la Corte, quienes lo remiten a la Cancillería, luego al consulado de Costa Rica en México, quienes lo envían a las autoridades correspondientes”, detalló.
La jerarca de la Fiscalía agregó que no hay posibilidades de que juzguen a Víquez en México, tiene que venir a nuestro país.
El garganta profunda agregó que Costa Rica no tiene nuncio apostólico, ya que la Santa Sede está en proceso de nombrarlo.
VÍCTIMAS LO SIGUEN
El medio de comunicación Milenio Televisión informó que dos de sus supuestas víctimas fueron a pedir ayuda a suelo mexicano, donde curiosamente se ocultaba el exreligioso.
“Michael Rodríguez, de 38 años, y Anthony Venegas, de 33, fueron abusados sexualmente al menos tres años de su adolescencia por el sacerdote y pidieron ayuda para ubicarlo en tierra azteca.
Ambos presentaron denuncias canónicas contra Víquez, donde acusan que durante años la Iglesia Católica en Costa Rica encubrió al sacerdote”, reza la nota periodística.
Agrega la información que desde 2003 Venegas presentó la denuncia ante la Iglesia, pero solo separaron a Víquez de algunas funciones, en 2018 Rodríguez denunció ante la Iglesia y supo que no era el primero que lo hacía.
La Embajada y el Consulado General de Costa Rica en México no podrán estar presentes durante la audiencia, pero mediante un comunicado de prensa informaron que estarán atentos a los resultados del caso.
CASOS DE ABUSO SEXUAL EN ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ
• 8 sacerdotes han sido sentenciados con pena canónica, 7 de ellos a la pena de expulsión del estado clerical y 1 a no tener oficios parroquiales.
• En este momento hay 5 casos en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
• Hay 3 casos en indagatorias diocesanas.
Fuente: Prensa de la Iglesia Católica.
