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Nacionales

Acusan por validación ilegal al ministro de la Presidencia

De convención colectiva

  • Víctor Morales Mora dio el aval cuando era ministro de Trabajo, en el gobierno anterior

  • La abogada Marielos Arias llevó el caso hasta la Fiscalía. (Foto: Herbert Arley)

  • Copia de la denuncia

Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y recién nombrado ministro de la Presidencia, avaló la convención colectiva de la Municipalidad de Tibás, que al parecer no estaba debidamente homologada.

Esto habría permitido que se siguieran pagando beneficios supuestamente ilegales a decenas de empleados.

Así consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia. El órgano judicial abrió el expediente 19-18-33-PE por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.

De acuerdo con el documento, los hechos se remontan a febrero de 2014, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), después de extenso estira y encoge, emitió la resolución DRT-051-2014 del Departamento de Relaciones de Trabajo, donde dio visto bueno a la convención colectiva de 1992 de dicho gobierno local.

El acto administrativo se llevó a cabo, a pesar de que supuestamente no existió el acta de la asamblea para la debida ratificación por parte del sindicato de la municipalidad.

Lo anterior contravendría lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Trabajo, el cual establece cuáles son las atribuciones exclusivas de la asamblea general de los trabajadores. Específicamente el inciso c aclara: “Dar la aprobación definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a las convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva celebre”.

De hecho, llama la atención que en 1993 el propio Ministerio de Trabajo les advirtió a la municipalidad y el sindicato que no podía proceder con la reglamentación de la convención hasta que no proporcionaran el acta.

 

OMISIÓN DE MORALES

 

De acuerdo con Marielos Arias, abogada y exregidora de la Municipalidad de Tibás que presentó la denuncia, la omisión por parte de Morales llegó meses después a esa resolución, cuando el legislador asumió en la administración Solís Rivera como ministro de Trabajo.

Por esas fechas Morales Mora defendió la homologación de la convención colectiva por medio del oficio DMT-0389-2015, a pesar de la queja del entonces Concejo Municipal, el cual cuestionaba que dicho acuerdo quedó vigente sin consultar al órgano. Además criticaba una serie de artículos que no fueron corregidos como se solicitó en el pasado.

En el documento el entonces titular del MTSS señaló que el trámite para homologar el acuerdo entre los trabajadores y la municipalidad cumplía con todos los requisitos.

Ese aval iba a favor de Gonzalo Vargas, quien fungía como alcalde de Tibás; Leonardo Araya, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Costa Rica; y Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el oficio Morales Mora dijo que el convenio cumplía con lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Trabajo, que estipula bajo qué razones el acto de homologación entra en vigencia y en cuáles se anula.

 

CONTRADICCIÓN

 

Ese visto bueno por parte del ministro Morales Mora habría ocurrido a pesar de que en diciembre de 2011 la Contraloría General de la República alertó a dicha municipalidad por la situación con la convención.

“Esa alerta del órgano contralor paralizó en el presupuesto del 2012 todos los pagos que tenían que ver con derechos convencionales, pero aun así siguieron pagando como si no hubiese ocurrido previsión hasta febrero del 2014, cuando a la brava homologaron la convención y siguieron desembolsando plata sin cumplir requisitos como es el acta”, denunció Arias.

Para la abogada y exregidora la situación con la convención adquiere mayor importancia si se toma en cuenta la recién estrenada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Según la reforma fiscal, los beneficios de convenciones legalmente adquiridos antes de diciembre de 2018 la administración no puede eliminarlos, tiene que dejarlos y seguirlos pagando. Con este acto de corrupción los únicos perjudicados vienen a ser los funcionarios municipales, quienes se verán obligados a devolver todo lo recibido al margen de la ley desde 1992 hasta la fecha”, expresó.

En la Fiscalía informaron que el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba.

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Lunes 19 Agosto, 2019

HORA: 12:00 AM

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