La Contraloría General de la República (CGR) envió una nota al Departamento de Comisiones Legislativas en la que evidencia que podrían darse algunos cambios al proyecto para modernizar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) que no le fueron consultados.
Así se desprende del oficio DFOE-IFR-0368 del que este medio tiene copia y que está firmado por Marcela Aragón, gerente de Área. El documento también fue remitido a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, que tiene a su cargo dicho proyecto.
“El texto dictaminado incluye un Capítulo III denominado “Reformas a otras leyes”, que pretende la modificación parcial de algunos artículos de la Ley Orgánica de Japdeva, así como la creación de tres normas nuevas, lo cual este órgano contralor no tuvo conocimiento ni se refirió en aquella oportunidad”, indica la nota.
La Contraloría reitera que reconoce la necesidad de un redimensionamiento institucional, pero que eso no significa poder abstraer a Japdeva de las regulaciones generales en contratación administrativa ni ampliar su rango de acción para concertar figuras negociales como si se tratase de una empresa en competencia.
A su criterio, este tipo de situaciones generan no solo distorsiones inadecuadas en el régimen de contratación pública, sino que potencian los riesgos de errores en la gestión, máxime con los resultados que por vía de la fiscalización se han detectado.
El órgano manifestó en el pasado la disconformidad con iniciativas legales que pretenden permitirles a entidades públicas que desapliquen la Ley de Contratación Administrativa o parte de esta, para el aprovisionamiento de bienes y servicios.
“Estas normas no favorecen que las administraciones realicen una gestión eficiente y eficaz de los fondos públicos que les corresponde administrar y potencian los riesgos de malos manejos de la Hacienda Pública”, acotó Aragón en la nota.
El proyecto pretendería establecer el cambio sin la existencia de un análisis detallado que sustente la búsqueda de esta alternativa, por lo que según el órgano contralor no existe una adecuada justificación que lo respalde.
Al parecer, la misma OCDE, en sus recomendaciones sobre contratación pública, se ha referido a la sensibilidad, cuidado y procedimiento idóneo que se debería seguir cuando se pretenda introducir alguna reforma normativa en esta materia y paralelamente a los riesgos y desventajas que podría generar.
En la recomendación IV se establece que los países adherentes “hagan accesibles las oportunidades de participar en la contratación pública a los potenciales oferentes, sin importar su tamaño o volumen, para lo cual se recomienda establecer marcos institucionales, legales y reglamentarios que sean razonables y sólidos”.
De acuerdo con la Contraloría, en el proyecto de modernización de Japdeva se pretende diseñar un modelo para que la institución prácticamente pueda desaplicar el uso de la Ley de Contratación Administrativa al realizar sus adquisiciones.
“Permite justificar por razones de oportunidad, para incorporar nuevas tecnologías, realizar contrataciones con todo tipo de persona, nacional o extranjera. Estas causales son tan abiertas que permiten prácticamente cualquier compra que tenga que realizar esa entidad”, advirtió dicho órgano. La intención es hacer ver a los integrantes de la comisión que las normas descritas no son una alternativa viable ante la situación financiera que afronta la Japdeva y que desde un inicio fue la intención que motivó la reforma legal, según se detalla en la nota.
“No comprende este órgano contralor, cómo se incluyen en el texto sustitutivo normas, que no solo podrían generar alguna inquietud sobre su conexidad con la exposición de motivos, sino que comportan discusiones más profundas de su real necesidad y oportunidad”, señaló la entidad.
Lo anterior dentro del contexto de los nuevos roles de la institución, para evitar el incremento de costo tanto para el gobierno como para Japdeva.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 14 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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