La fiscal general Emilia Navas asegura que las denuncias han aumentado en más del doble durante el tiempo que lleva en ese cargo. En una entrevista con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA, indicó que el trato que reciben los casos de corrupción ahora es distinto. Además dijo que se hará responsable por los resultados de su gestión.
¿Por qué parece no pasar nada con el caso del cemento chino?
-El caso de corrupción conocido como cemento chino ha sido uno de los más complejos y más grandes en la historia de Costa Rica. Lo que lo hace más complejo es que las personas investigadas han trabajado o trabajan en los tres poderes de la República. Eso torna la investigación mucho más difícil.
¿Qué implica esa complejidad?
-Imagínese que en este caso el legajo principal tiene nueve tomos. Con respecto a diligencias, tenemos 33 solicitudes al juzgado penal y otros para información telefónica, de secreto bancario, tributario y otros, 62 actas de apertura de evidencia. Tenemos 53 informes y diligencias menores del OIJ, 36 informes de trazabilidad de delitos económicos del OIJ, 186 actas de secuestro, 50 mil archivos electrónicos extraídos, 69 entrevistas a testigos y 10 imputados, entre otras cosas. Por eso fue declarado de tramitación compleja y esto toma tiempo.
¿Significa que no hay un plazo límite?
-En ningún caso se puede decir cuánto dura un caso, no hay forma de establecerlo. Tenemos al equipo solo trabajando en el caso del cemento y los 20 casos satélites que están relacionados, precisamente para que el caso avance, pronto tomemos una solución y haya un requerimiento, independientemente de cuál sea, pero que responda a la evidencia. En este momento lo que nos tiene un poquito atrasados son los informes de los auditores de la sección de Delitos Económicos y los últimos informes y aperturas de delitos informáticos.
¿A qué se refiere cuando menciona casos satélites?
-A casos que se abrieron en relación con la información del caso madre, que es el del cemento chino. Son relacionados porque se trata de las mismas personas, pero con otros tipos de delito.
La gente dice que este caso no va a quedar en nada. ¿Qué opina?
-Es comprensible que la gente piense así porque no son abogados, no conocen cómo se trabaja una investigación penal y una de esta magnitud, entonces todos esos comentarios son de recibo, lo que hay que explicarles es que la decisión de que no haya imputados o imputadas con prisión preventiva ha sido del juez penal y la jueza penal que han conocido nuestras gestiones.
Consideramos que había personas que sí debían ser sometidas porque existe un riesgo de que puedan evadir la acción de la justicia. Si volvemos la vista atrás, ninguno de los casos grandes que hubo en Costa Rica ha llegado con imputados detenidos.
¿La prescripción para esta causa es de largo plazo?
-Sí, precisamente porque fue declarado de tramitación compleja.
¿Cuántas personas trabajan en este caso?
-Nueve fiscales y dos asistentes.
¿Cómo toma las críticas?
-Las palabras y los hechos se toman de quien vengan. No puedo pretender que una persona que no es abogado, penalista y no trabaja en el Ministerio Público comprenda la complejidad de una investigación así. Intento explicar lo que significa complejidad en un caso de corrupción tan grande como este.
¿Cuánto tiempo más puede tomar la elevación a juicio?
-No le puedo decir porque estoy esperando los últimos informes de dos secciones del OIJ. Le puedo asegurar que en el momento que la etapa preparatoria termine nos sentamos a hacer la requisitoria que corresponda para cada uno de los hechos y cada uno de los imputados.
Dicen que quien mucho abarca poco aprieta. ¿Abrir casos pendientes que quedaron de su antecesor no entraba estos otros?
-Lo que pasa es que ningún hecho de corrupción se puede dejar de investigar. Lo que hacemos es priorizar y repartir el talento humano, o sea reubicarlos, redistribuirlos y reestructurar toda la organización.
¿De todos estos casos cuáles serían los prioritarios?
-En este momento hay varios que son importantes por el interés público que hay de por medio. Lo que hice hace unos cuatro o cinco meses con don Walter (Espinoza, director del OIJ) fue darle prioridad a todo lo que tenga que ver con interés público. Por ejemplo, administraciones fraudulentas o peculado, o que se hayan cometido en empresas privadas, se está invitando a los querellantes a que busquen sus auditorías para que el caso no se atrase porque los auditores están dedicados a los casos de interés público.
¿Cuál es el circulante de los delitos de cuello blanco?
-Tenemos en Fiscalía General, Delitos Económicos y Fiscalía de Probidad. Todas las fiscalías territoriales están vigiladas, controladas y supervisadas por la Fiscalía de Probidad.
La gente dice que en esos delitos no se sanciona. ¿Es que acaso las penas son bajas?
-Es que hay hechos de corrupción y delitos que tienen penalidades bajas y otras muy altas. Puedo responder por lo que empecé a investigar un año y medio para acá. En otras gestiones no puedo asumir la responsabilidad.
¿No teme que a futuro le digan que un caso no avanzó en su gestión, como le ocurre hoy a Jorge Chavarría?
-Le puedo asegurar que la forma en que se atienden las investigaciones de hechos de corrupción ahora es totalmente diferente a la gestión anterior y voy a asumir la responsabilidad de mis decisiones en todos estos casos.
¿Hay una meta de bajar el circulante en casos de corrupción?
-Más que bajar el circulante es atender adecuadamente cada investigación de hechos de corrupción, ni siquiera en fiscalías territoriales veo tanto el número como que la investigación se haga bien y se resuelva bien. Los números a veces son indicadores de que la gente está trabajando o no, pero solo cuando uno revisa caso por caso se da cuenta de que lo está haciendo bien, que es lo más importante.
¿Por qué la forma de trabajar los casos de corrupción ahora es diferente?
-Uno de los cuestionamientos hace un año y medio, cuando me nombraron, fue que se archivaron o desestimaron sin investigación hechos de corrupción que habían sido denunciados. No lo hacemos, a menos que esté fundamentado y cada desestimación que hace la Fiscalía General, de Probidad o de Delitos Económicos está debidamente fundamentada, que en unos casos no pasaba así con casos cuestionados.
Hay casos que revivieron y tuvieron que volver a archivarse.
-Revisamos muchos y decidimos qué debía dejarse archivado o desestimado por diferentes razones.
¿Cuál es la urgencia de contar con una unidad anticorrupción?
-No hay crimen organizado si no hay ayuda de funcionarios y funcionarias públicas. El crimen organizado va acompañado de hechos de corrupción. Estamos enfocados en fortalecer la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, pero necesitamos un músculo más fuerte porque la confianza que está generando el Ministerio Público implica que ahora sí hay una cultura de denuncia que hace unos años no existía. La gente veía presuntos hechos de corrupción y callaba, eran como testigos mudos. Las denuncias y los casos han crecido a más del doble y eso significa que debo tener más fiscales.
¿Por qué no se podrá conformar?
-Resulta que hay una regla fiscal que le impide a la Corte Suprema de Justicia solicitar un monto más allá del tope que le pusieron y los magistrados decidieron respetar esa regla. Fuimos a donde el Presidente de la República a pedir un presupuesto extraordinario para fortalecer al OIJ y la Fiscalía en investigaciones de corrupción, él nos dijo que iba a analizar los números, no tengo la respuesta. Hay algo que me gustó, los magistrados cuando aprobaron el presupuesto para 2020 se comprometieron a darnos los recursos, aunque eso significa ver de dónde los toman de los que ya existen o de los que van a aportarse en 2020.
¿Le preocupa la respuesta del presidente?
-No me preocupa porque lo lógico es que se siente a ver los números. Esperaría que nos dé la buena noticia de que nos otorgará un presupuesto extraordinario.
¿Cuáles podemos mencionar cuando habla de casos de corrupción que tienen un interés público?
-El del cemento chino y los que está tramitando este mismo grupo de fiscales. Está el caso Yanber, hay varios de cooperativas en Delitos Económicos, hay uno cuyo juicio empieza pronto y el de Coopemex, que creo comienza en un mes.
¿Está Infocoop?
-Ese otro caso es complejo, pero sí se está trabajando bien.
¿Qué pasa con el caso Aldesa?
-Con respecto a eso no sé nada, no puedo opinar porque desde hace como una década me he inhibido de todo lo que tiene que ver con Aldesa y Javier Chaves. Solo puedo confirmar que Francisco (Campos, su esposo) es el abogado de Javier Chaves desde hace muchos, muchos años.
¿Se ha sentido afectada por las críticas de la gente en este caso?
-No. No me puedo referir al tema, pero sí le puedo decir que las personas pueden estar confiadas en que tienen un Ministerio Público probo. Lo que tienen que saber es que la fiscal general se inhibe cuando hay una situación que no puede conocer porque mi esposo es actor civil, querellante o defensor.
Algunos penalistas opinan que en otros casos mediáticos el imputado es más expuesto a la opinión pública, lo cual no sucede en el de Aldesa. ¿Qué responde?
-Todo lo que es custodia de persona está a cargo del OIJ o la policía y esos comentarios tengo 32 años de oírlos, pero quien tiene que dar respuesta es la policía administrativa o judicial. Son protocolos que ellos tienen que seguir. Eso no es responsabilidad de ningún fiscal.
¿Cómo responder a la gente que tenía mucha expectativa sobre su gestión y dice no ver resultados?
-Es comprensible que la expectativa sea muy alta, pero los casos de corrupción toman un tiempo y más cuando uno los inicia dos o tres años después, eso es un poco difícil. Lo que sí le puedo decir es que están bien atendidos.
¿La gente esperaba que usted metiera a todos a la cárcel?
-Si hay alguien que respeta el debido proceso soy yo y no voy a permitir ningún tipo de arbitrariedad ni desidia en ningún caso de corrupción. Lo que se está haciendo es lo que corresponde.
Algunos afectados cuestionan por qué en unos casos piden medidas cautelares más severas que en otros.
-Cuando pedimos una medida cautelar tenemos que dar los insumos al juez y a la jueza y dar fe de que existan los presupuestos. En el caso del señor Bolaños consideramos que sí debe estar en prisión preventiva porque hay un peligro de fuga. Hasta este momento no se ha presentado ningún inconveniente.
¿Cuántos casos tienen que ver con su esposo?
-Mediáticos pueden ser unos cuatro y del resto de su clientela son bastantes porque a lo largo de 32 años… Como me he inhibido no tengo detalles. Mi relación con mi esposo siempre ha sido de respeto, ni él se mete con mis casos, ni yo me he metido con el de él. Después de 32 años como compañeros de vida… si el caso es grande o pequeño no significa nada para mí, yo me inhibo. Él lleva muchos casos que no tienen que ver con la Fiscalía General y si tuviera sería doña Ileana Mora, que es la fiscal subrogante.
Monte del Barco es un caso paralelo a Aldesa. Los afectados dudan de una justicia pronta y cumplida. ¿Cómo garantizar ese principio?
-¿Tiene que ver con Javier Chaves? No lo conozco. Lo que le puedo decir es que desde hace un año y medio estamos trabajando con atención de rezago en todas las fiscalías para que esa sensación se elimine y las personas tengan una respuesta rápida. No hablo de ese caso porque no lo conozco.
¿Qué han encontrado en ese rezago?
-Una que tenía problemas era la Fiscalía de Pavas y le puedo decir que de un circulante de 7 mil expedientes ha bajado a 3 mil en menos de seis meses, lo que queda ya está diligenciado. A Pavas le di cinco fiscales más, que tomé de otras fiscalías que tenían un circulante muy bajito.
¿En qué otros casos trabajan?
-Fortalecí la Unidad de Delitos Ambientales. La Fiscalía de Delitos Ambientales es pequeña, pero con enlace en todas las territoriales. Los casos de daño ambiental importantes son muchos. El año pasado tuvimos 2 mil hechos en contra del ambiente. Había 40 casos de hechos muy graves en contra del ambiente.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Lunes 22 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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