Carlos Segnini ya no es el director jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) luego de que el Consejo Directivo tuviera que acatar la orden emitida por la Contraloría General de la República (CGR), la cual exigía su separación de cualquier puesto público que desempeñara.
La CGR determinó que Segnini incurrió en “culpa grave” siendo ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por no haber tomado las previsiones para evitar la falla de 80 metros en el punto de entronque en la ruta que lleva a la Terminal de Contenedores de Moín, aspecto que contribuyó a encarecer la obra.
Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, comentó a DIARIO EXTRA que el acuerdo se tomó en firme este jueves.
Según supo este medio, el funcionario llegó a recoger sus cosas tras conocer la determinación.
Tras conocer la orden de prohibición de la Contraloría, Segnini acudió ante el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia a la que solicitó aprobar una serie de medidas cautelares entre las que se encuentran la suspensión de la resolución.
SERÁN LOS TRIBUNALES
Se le consultó a Cañas si el ICE deberá indemnizar a Segnini en virtud de que fue nombrado por espacio de cuatro años como director jurídico, a lo que la ejecutiva respondió que dicho aspecto lo definirán los tribunales.
“Eso lo va a tener que definir un juzgado, no nosotros. Don Carlos ha interpuesto todos los recursos, pero eso, en este momento, está en manos de los juzgados”, respondió Cañas.
Apuntó que la dirección jurídica del ICE cuenta con varios abogados, por lo que la salida del funcionario no afectará los procesos y causas que tramitan, ya sea a favor o en contra.
A Segnini, tras una apelación presentada ante la contralora Marta Acosta, se le terminó de imponer una prohibición de 2 años, la cual la entidad fiscalizadora considera racional y proporcionada.
El hoy exdirector de Asuntos Jurídicos del ICE fue jerarca del MOPT en la administración anterior, pero se vio presionado a dejar el cargo debido a que había muchas críticas y cuestionamientos ante la lentitud en las obras de infraestructura.
“Así las cosas, consideramos que no es dable justificar una imposición de una sanción mayor que la de los restantes directores, de donde, como se ha solicitado, esa sanción se rebaja a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y se homologa la sanción en relación con todos los miembros del Consejo de Administración”, indica la Contraloría en la resolución DC-0185.
Sergio Olivares, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE, comentó que tras conocer el informe de la entidad fiscalizadora del Estado las organizaciones de la entidad enviaron notas a la administración superior en la que se solicitaban la separación inmediata del colaborador.
“Les enviamos notas a la presidencia ejecutiva del ICE para que ejecutar de manera inmediata la sentencia de la Contraloría, pues en su momento usaron el tema de la transparencia como su caballo de batalla”, apuntó.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 20 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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