La Superintendencia General de Valores (Sugeval), entidad encargada de velar por la protección de los inversionistas en el mercado de valores, está atada de manos para anticipar casos como el de Aldesa, corporación investigada por la Fiscalía General de la República porque está en riesgo el patrimonio de inversores, entre ellos el de asociaciones de desarrollo.
A esa conclusión llegaron este jueves los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, tras escuchar a María Lucía Fernández Garita, superintendente general de Valores, y Bernardo Alfaro Araya, superintendente general de Entidades Financieras.
Fernández explicó que en el caso de Aldesa lo que se fiscaliza es el puesto de bolsa y una sociedad administradora de fondos de inversión, pero que las sospechas de que algo estaba mal las conocieron en febrero y marzo de este año por medio de la prensa (DIARIO EXTRA informa del caso Aldesa desde finales de 2018) y de 17 denuncias que interpusieron los inversionistas.
Ante la consulta de la diputada liberacionista Franggi Nicolás, respecto a las denuncias sobre el Fondo de Inversión Monte del Barco (cuyo dueño es el mismo de Aldesa Fondos de Inversión), Fernández insistió en que son temas distintos y solo tenía una denuncia de 2011, aunque las sospechas se conocieron mucho antes.
Sugeval reconoce que conoció las vinculaciones que Aldesa tiene con un importante número de empresas, dedicadas a distintas actividades económicas, por medio del expediente judicial.
“La Sugeval no regula las actividades económicas de las empresas no financieras de este grupo y tampoco dispone de información financiera auditada de ellas que permita conocer con fidelidad la situación financiera de ese grupo económico”, admitió la superintendente.
ESCASO CAMPO DE ACCIÓN
Varios legisladores denunciaron el escaso campo de acción y supervisión que la ley le otorga a Sugeval para impedir que se repitan casos como el de Aldesa.
“Me queda claro que el perímetro de su supervisión es muy débil y eso obliga a una reforma legal que les permita a los inversores una seguridad más amplia y clara”, declaró el liberacionista Luis Fernando Chacón.
“Siempre llegamos tarde a todo”, reclamó la socialcristiana Shirley Díaz.
Como en este caso hay una parte supervisada y otra no, la verdiblanca Yorleny León considera una debilidad que no exista un mecanismo que permita evidenciar esto.
“Hay que ampliar el marco legal. No es posible que tengamos empresas que se presentan con el mismo logo, el mismo dueño, pero una parte actúa de una forma y otra de otra forma. Debe existir la posibilidad de actuar antes de que pase y no después de afectar el patrimonio de las personas”, sentenció.
NO HAY LEY
Fernández también hizo un llamado de atención a los legisladores porque no hay un marco regulatorio para la protección de las inversiones de los trabajadores.
“Las asociaciones solidaristas y cualquier otro vehículo que administra patrimonio de los trabajadores hoy día no tiene ninguna norma legal, eso significa que debe haber una responsabilidad de los tomadores de decisiones de esos ahorros”, expresó.
A modo de consejo la jerarca de la Sugeval dijo que deben evaluar los riesgos, tener un buen gobierno cooperativo y una buena gestión de riesgos. “No puede ser que el patrimonio de los trabajadores no tenga un marco legal en esa dirección. Los invito a ustedes en esa línea. Las decisiones de las asociaciones solidaristas no las toman los trabajadores, sino los asignados para la dirección. ¿Cómo se evalúan esas decisiones? y ¿quién determina si buscan la protección del ahorro del trabajador?”, se preguntó funcionaria.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 19 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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