Luego de años de luchas judiciales la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fue condenada por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) a pagarle a la empresa autobusera Compañía Inversiones La Tapachula Sociedad Anónima la astronómica suma de ¢4.776 millones.
El desembolso es por concepto de indemnización por supuestos daños ocasionados a la compañía al realizar fijaciones tarifas insuficientes.
En sentencia 269-2019-I, del 3 de junio anterior, el TCA le dio parcialmente la razón a la demandante, quien reclamó el pago de inmunización, así como del monto de las costas procesales correspondientes, por lo cual los jueces señalaron que la cancelación deberá ser en tres tractos.
El primero fue de manera inmediata por el orden de ¢1.592 millones, los dos restantes deberán efectuarse en 2020 y 2021, ambos el 1 de enero y de la misma suma.
En la Aresep reconocieron que esta es la sentencia más alta que le corresponde pagar por inconformidades de autobuseros a fijaciones tarifarias.
Debido a lo elevado del monto, Aresep pidió que el pago fuera en tractos, pues de haberlo hecho de una vez afectaría el quehacer institucional en varios aspectos.
ELEVADOS
Tapachula reclamó daños y perjuicios en fijaciones realizadas del 1 de febrero al 30 de junio del 2003, del 1 de octubre del 2004 al 21 de diciembre del 2010 y del 18 de junio del 2012 al 8 de diciembre del 2014.
Esta empresa autobusera les da el servicio a los vecinos de los cantones Santa Ana y Escazú.
“Se admite la prueba para mejor resolver en segunda instancia (…) Se acoge el recurso de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, únicamente en cuanto al monto de las costas procesales del proceso ordinario y en lo demás, se rechaza.
Del recurso de Compañía de Inversiones La Tapachula, Sociedad Anónima, se rechaza la pretensión principal y se acoge parcialmente la subsidiaria, según se dirá”, se desprende de la condena.
En este sentido, añade: “En consecuencia, se modifica la resolución apelada, N°379-2016 de las 11:48 horas del 31 de mayo de 2016, y se aprueba la liquidación de daños, perjuicios y costas, en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente.
Así: a) Por concepto de daños, correspondientes al diferencial tarifario del 45,87%, del 1° de febrero de 2003 al 21 de diciembre de 2010, tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento sesenta colones con veintidós céntimos (¢3.459.456.160,22).
b) por perjuicios, consistentes en los intereses legales calculados sobre esos daños, y por el período del 18 de junio 2012 al 08 diciembre de 2014, quinientos ochenta y siete millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos dieciocho colones con cincuenta y ocho céntimos (¢587.775.818,58)”, y añade las sumas correspondientes a costas procesales e intereses.
MULTIMILLONARIOS
Roberto Jiménez, regulador general de la Aresep, comentó que la sentencia es producto de la aplicación del insumo denominado “herramientas complementarias” que se aplicaron antes del 2002.
Adujo que se presentaron denuncias ante los tribunales que ganó Aresep, pero a partir del 2012 se procedió al replanteamiento de las sentencias, lo cual concluye con procesos en que condenan a la entidad.
Las herramientas complementarias se implementaron como un mecanismo o insumo para el cálculo de tarifas de autobús.
“Para el 2016, cuando llegamos a la institución, se tienen planteados que se tienen que pagar ¢8.000 millones. Lamentablemente las administraciones anteriores no habían hecho reservas de dinero para poder pagar estos juicios que ya se veían venir y que se tenían que pagar en algún momento (…)
Era necesario hacerlo en ese momento porque el efecto sobre los usuarios y el canon en general de buses hubiera sido mucho menor”, reseñó.
Añadió que al tener juicios en contra las instituciones deben contar con “reservas para afrontar este tipo de litigios, ya que siempre estaremos sujetos a esta posibilidad”.
Determinó que del 2016 al 2019 la Aresep se ha visto en la tarea de pagar más de ¢3.900 millones por los litigios, en la actualidad hay cerca de 8.000 procesos y se espera ir cancelando las sumas de manera paulatina.
“Vamos a hacer los presupuestos para el 2020 para que el importe de estos juicios sea menor sobre el canon y, por ende, sobre las tarifas”, detalló.
Para 2020, en la partida de indemnizaciones, la entidad tiene prevista una asignación de ¢3.138 millones con el fin de hacerles frente a los procesos, mientras que dicha partida para el año en curso es de ¢2.112 millones.
Indicó que los dineros para cancelar salen del presupuesto institucional, del cobro de canon, de la no realización de proyectos y el superávit de la entidad.
“Creemos que los periodos más difíciles serán este y el próximo año, que los efectos sobre los usuarios y sobre la sociedad va a ser poco.
Seguiremos con un trabajo fuerte para mejorar los servicios públicos y, por otra parte, darles tarifas justas a todos los usuarios”, concluyó.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
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Viernes 19 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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