Tal como lo informó DIARIO EXTRA el lunes anterior, los diputados tienen más de un año de incumplir la promesa de aprobar una ley que defina cómo se puede sancionar las faltas al deber de probidad que cometan en sus funciones.
A pesar que al inicio de su periodo aprobaron en apenas una semana la reforma constitucional necesaria que permita la pérdida de la credencial al diputado que falte a la ética (modificaron el artículo 112 de la Constitución Política), la ley que indique el camino a seguir para aplicar dicha reforma sigue sin concretarse.
En aquel entonces (mayo del 2018) la presidenta del Congreso, la diputada oficialista Carolina Hidalgo, indicó que un grupo de diputados y sus asesores trabajarían en una propuesta de ley, pero nunca se ofreció ningún avance.
De momento la única propuesta que se conocía la presentó la diputada liberacionista Yorleny León, en noviembre del año pasado.
NUEVA PROPUESTA
Pero ahora otro grupo de legisladores encabezados por el frenteamplista José María Villalta, impulsa otro proyecto de ley para dar contenido a la reforma constitucional.
La iniciativa indica Villalta establece que sea el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien investigue y establezca las sanciones a los legisladores.
“Es una propuesta que establece un régimen de responsabilidad a cargo del TSE como autoridad independiente que realizará un debido proceso cuando se presente una denuncia. Cualquier persona puede denunciar, pero la Contraloría y la Procuraduría en el ámbito de sus competencias tienen obligación de investigar estos casos y denunciarlos ante el TSE”, señaló el diputado Villalta.
GRAVEDAD DE FALTAS
El proyecto establece distintos tipos de faltas según la gravedad y sanciones graduales.
En el caso de faltas leves y graves, las sanciones contempladas son la pérdida de dietas (las remuneraciones que recibe cada diputado) que va de una semana y hasta tres meses. Dependiendo de su asistencia un legislador puede ganar hasta ¢4 millones por mes.
En el caso de sanciones muy graves se aplicaría la sanción máxima de pérdida de credenciales. Es decir, el legislador saldría expulsado del Congreso.
“Estas últimas faltas incluyen aquellas donde se aproveche el cargo para obtener un beneficio propio o para terceros, tales como recibir sobornos; ejercer presiones indebidas sobre otras personas funcionarias públicas, aprovecharse de información privilegiada o confidencial para obtener beneficios económicos, entre otras”, indica el proyecto.
VARIOS CASOS
En la historia reciente de la Asamblea Legislativa, varios excongresistas hubieran tenido que dejar su curul o recibir otras sanciones, tras señalamientos por faltas a la probidad.
Uno de los casos recordados es de la exdiputada verdiblanca Mauren Ballestero, quien en el 2013 recibió una condena de tres años por peculado por el polémico caso del avionetazo.
La liberacionista, quien en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, usó la avioneta policial matrícula 011 del Ministerio de Seguridad Pública, en un viaje de Alajuela a Liberia, Guanacaste. La acompañaban su hija de apellido Chaves, así como su yerno.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría, la exlegisladora hizo uso ilícito de los equipos aéreos de Seguridad Pública varias veces, pues un mes antes, el 2 de setiembre de 2009, le pidió a Giannina Del Vecchio, entonces ministra de Seguridad, la aeronave para volar el 5 de setiembre, alegando que debía cubrir un asunto como diputada.
También el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, fue señalado por la PEP ante faltas a su deber de probidad tras aprovechar su posición de legislador para buscar el beneficio del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 18 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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