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Nacionales

“La huelga política siempre ha sido ilegal”

Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso

El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides insiste en que su proyecto sobre huelgas no restringe ninguna libertad de manifestación social. En la gráfica, durante la entrevista con Iary Gómez,

El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, aclara en esta entrevista los alcances del expediente 21.049, una iniciativa de ley que él impulsa junto con el apoyo de otras bancadas para dar seguridad jurídica a las huelgas en el país. Benavides explica por qué la llamada huelga política nunca ha sido legal en el Código de Trabajo, aunque hoy algún sector sindical insiste en querer verla de esa manera.

 

¿Cuál es su objetivo con el proyecto que modifica las reglas de las huelgas en el país?

- Sigue siendo el mismo desde que lo presenté la primera vez. Se trata de establecer orden y brindar seguridad jurídica a todas las partes que participan en la huelga, y cuando digo todas las partes hablo tanto de los patronos como de los trabajadores, y especialmente de la ciudadanía que no debería verse impactada especialmente con una huelga en los servicios públicos.

¿Qué hace el proyecto?

- Acortar los tiempos para resolver si una huelga es legal o ilegal. Actualmente, se dura entre meses y años para resolver. El caso concreto más significativo fue la huelga en la morgue judicial, que fue hace más de 2 años y aún no se ha resuelto. Entonces creemos que el país debe contar con un procedimiento expedito en este caso, en su mayor parte oral, con un aviso previo de huelga, en donde se contenga algunos de los requisitos que ya se contemplan en el Código de Trabajo y que entonces el juez de trabajo pueda resolver en cuestión de una o dos semanas ya sabríamos si la huelga es legal o ilegal. 

¿Por qué esto beneficiaría a los huelguistas?

Sería bueno para todos, e incluso para los huelguistas, que no corren el riesgo de pasar muchos días en huelga que eventualmente sea declarada ilegal. Pero, además, si se declara legal, podrían continuar el movimiento con la tranquilidad de que lo hacen en forma legal.

¿Cómo sería la notificación a los sindicatos?

- La notificación sería electrónica, para que ninguna de las partes se pueda esconder, como pasó en la anterior huelga, que pasaron semanas y los notificadores no encontraban al representante de un sindicato. A partir de esta reforma, se podría comunicar de forma electrónica a cada sindicato, si es una coalición de sindicatos, en ese momento deben comunicar un medio electrónico. 

¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores?

- Estaríamos volviendo al sistema que estaba antes del 2015. Si una huelga es declarada legal, el salario que se ha pagado durante el tiempo de huelga se conserva, es decir, mantienen el derecho al salario y no hay rebajos. Pero si la huelga es ilegal, entonces se harían los rebajos correspondientes, como se hacía en el pasado, que bien puede ser un rebajo escalonado o reponían horas haciendo extras o jornadas adicionales.

Un tema polémico es la llamada huelga política, ¿qué dice el proyecto?

- Nuestros abuelos, en la legislación del Código de Trabajo de 1949, establecieron cuáles huelgas son legales y por ende cuáles no. La huelga política nunca ha sido legal, siempre ha sido ilegal. Pero hay una confusión en la gente, entre lo que ha sido la libre manifestación a la protesta contra los políticos y contra las políticas públicas y los sindicatos han tratado de confundir esto con la huelga política. Son dos cosas totalmente diferente, la libertad de expresión y la libertad de manifestarse en contra de lo que uno quiere manifestarse se conserva y se protegerá siempre, este proyecto no tiene ninguna limitación con las manifestaciones ni prohíbe ningún tipo de manifestación.

¿Y por qué la confusión?

- Lo que hemos dicho es que las huelgas, entendidas como que una persona puede dejar de trabajar y conservar el derecho a que le paguen, que eso es una huelga, seguirán así, por motivos de la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador. Por cuestiones de tipo salarial, por razones de las instalaciones donde trabajan, en razón de cualquier otra circunstancia entre el patrón y el trabajador, como ha sido siempre. Pero si hay un disgusto de la persona contra una política pública, eso no da pie para que pueda abandonar su trabajo por tiempo indefinido y además pedir que le paguen.

Entonces, ¿la pasada huelga llamada contra el combo fiscal sería ilegal?

- En ese esquema sí lo sería, porque era una protesta contra una política pública. Por ejemplo, huelgas que se hicieron contra un proyecto de ley, la gente podría manifestarse fuera de horas laborales, pero no se podría catalogar como una huelga, porque el obrero no puede esperar que le paguen porque dejó abandonado el trabajo.

¿Qué pasa si se aprueba la huelga política?

- Si se admite la huelga política, sería tanto para los empleados del sector público como a los trabajadores del sector privado. Es decir que los trabajadores de comercios, de una fábrica, una tienda, podrían dejar abandonado el trabajo para ir a protestar por meses contra un proyecto de ley mientras se resuelve y los patronos estarían en la obligación de pagarles el salario, aunque sea por meses. Eso quebraría las empresas y el país. Por eso la inmensa mayoría de los países no admite como legal la huelga política. 

¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la huelga política?

- La OIT, en sus recomendaciones o convenios, no obliga a los países ninguna posición con respecto a la huelga política. Hay un comité, que se llama el Comité de Libertad Sindical, que ha recomendado que la huelga política se permita con determinadas limitaciones, incluso ha dicho que sea una protesta de 24 horas. En Costa Rica nunca se ha planteado avalar la huelga política, solo una vez que el diputado José María Villalta, en el año 2011, presentó una moción que estaba viendo la reforma procesal laboral, donde él planteaba que se permitiera la huelga política y los diputados se la rechazaron. 

¿Por qué el tema ha cobrado vigencia?

- Exacto, si nunca se introdujo el Código de Trabajo, ¿por qué estamos hablando del tema? Bueno, porque recientemente los tribunales de trabajo dijeron que aunque no esté en el Código de Trabajo habría que admitir la huelga política y eso dijeron algunos jueces a pesar de que, tanto Orlando Aguirre, presidente de la Sala II, como otros magistrados han dicho en la comisión que la huelga política es ilegal, igual que el criterio de la Procuraduría General de la República y estando esa indefinición algunos diputados creemos que es mejor dejar claro en el Código que la huelga política no está permitida.

¿Qué sucede en otros países?

- Por ejemplo, tenemos el caso de Francia, un país donde las libertades públicas son muy conocidas, los franceses hacen huelga por las razones que ya expliqué de relación entre el patrono y el trabajador, pero si la molestia de las personas es contra una política pública pueden hacerlo en horario no laboral. Caso clásico son de los chalecos amarillos, que ha sido un movimiento gigantesco en Francia y que han hecho al Gobierno de Macron retroceder en sus políticas, pero es un movimiento que se manifiesta todos los sábados, tanto trabajadores de la empresa pública como privada, pero no lo hacen entre semana y exigiendo al patrono que les paguen por no laborar, esa es la diferencia que no es fácil de explicar y por eso algunos políticos han hecho demagogia y algunos sindicatos para intentar confundir a la gente.

La otra duda con este proyecto es que se podría disolver un sindicato, ¿cómo ocurriría esto?

- En realidad, es truculenta esa afirmación. En Costa Rica existe la posibilidad de desinscribir un sindicato por parte del Ministerio de Trabajo ante un juez, si se demuestra que el sindicato participó en la comisión de un delito de los que están reconocidos en el Código Penal, ya eso existe. Lo que dijimos en el proyecto es hacer énfasis en dos delitos, el de sabotaje contra bienes públicos, para que no ocurra lo que pasó con las tuberías de Recope, y el delito de bloqueo de puentes y calles públicas. El objetivo es que no se confunda el derecho a la manifestación con el bloqueo de calles, que son dos cosas distintas. Una cosa es salir a marchar y protestar, hacer una concentración en un parque o un espacio público, lo cual es permitido y deseable en una sociedad democrática, y otra es salir a bloquear un puente e impedir el libre tránsito a los demás.

Pero eso ya está prohibido, solo que la Policía no actúa.

- Es correcto, la Policía, para no hacer más grande el conflicto, en ese momento no los detiene y el Ministerio Público tampoco los acusa. Porque una cosa es el derecho a la protesta y otra creerse con derecho a delinquir. Entonces, un sindicato que no organiza un acto delictivo no tiene por qué temer absolutamente nada. Los sindicatos son necesarios, son organizaciones que una democracia necesita para desarrollarse en paz y con equidad social, pero no tienen licencia para delinquir bloqueando un puente y esa es la diferencia que queremos establecer con este proyecto de ley. 

Algunos partidarios liberacionistas señalan este proyecto como un retroceso para la socialdemocracia, ¿qué opina?

- Creo que hay mucha falta de información, hay algunos que no estudian suficiente, que no leen los proyectos o no conocen los antecedentes del país. Nuestros abuelos, incluyendo a nuestros antepasados en Liberación Nacional, nunca promovieron la existencia de la huelga entendida como un derecho de dejar botado el trabajo sin consecuencias y pedirle al patrono que le pague porque está enojado con una política pública, y creo que hacen una confusión entre libertades públicas y una huelga política.

¿El 3 de julio debería estar dictaminado el proyecto?

- Sí, esa es la fecha que nos hemos propuesto, es la nueva fecha, hicimos una prórroga porque hemos estado conversando con distintas organizaciones, con líderes sindicales, con la empresa privada, con instituciones para afilar el lápiz y tratar de tener un mejor producto. Siempre hemos dicho que hay espacios para conversar y contar con un proyecto más equilibrado para todas las partes.

¿No teme que, cuando este proyecto entre al Plenario a votación, genere crispación social y los sindicatos rodeen la Asamblea Legislativa?

- Yo respeto a todas las organizaciones y su derecho a manifestarse, hemos abierto los canales de diálogo que hemos podido. Incluso, en la comisión han ido a hablar y dar su punto de vista prácticamente todos los sindicatos del país.

Pero todos rechazan el proyecto…

- Sí, pero algunos han dado ideas que hemos recogido. Obviamente cada quien defiende su parcela, yo no esperaría que lleguen a decir que están contentos. Pero entendiendo eso, han planteado puntos válidos, por eso no dictaminamos antes.

Los sindicatos lo declararon enemigo público número uno de estas agrupaciones…

- Bueno, yo tengo una buena relación con varios líderes y mantengo conversaciones con algunos de ellos. Son respetuosas, no coincidimos en una gran cantidad de aspectos, pero no por eso hay que dejar de hablar. También entiendo que algunos líderes en particular, para ganar adeptos, tienen que decir cosas falsas o tratan de mostrar a quienes piensan distinto como enemigos mortales para poder generar apoyo en sus bases y uno entiende el juego.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto: Johanfred Bonilla

EMAIL: [email protected]

Lunes 24 Junio, 2019

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