El informe sobre las aparentes irregularidades en la millonaria soda del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sería un “plato de babas”, según Dennis Torres, denunciante del caso.
Torres dijo a DIARIO EXTRA que está dispuesto a servir de testigo ante el Ministerio Público porque aquí “hay gato encerrado”.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, expresó a los diputados que no encontró ninguna anomalía en la concesión de la soda, tal como lo informó El Periódico de Más Venta en Costa Rica. El jerarca simplemente se refirió a “errores técnicos, no hubo dolo”.
Sin embargo, Torres considera que el tema se trató con guantes de seda, como con la intención de no profundizar en el asunto.
Frente a este panorama, le solicitamos una copia del informe donde se repiten las condiciones de la licitación, contratación y requerimientos del concesionario electo, pero no se ahonda en los pormenores de la denuncia hecha por Torres.
Este insiste en que la empresa Frutas Tropicales no reunía los requisitos para ser electa como la concesionaria y en lugar de investigarlo, el informe firmado por el ministro Alvarado solo menciona que se eligió por una recomendación de la encargada para ese momento y jefa de servicios de apoyo, Mónica Mora.
“EL COPY PAGE”
“Cuando yo era el jefe de servicios generales encontré que esa empresa no reunía los requisitos. ¿Cómo ella recomendó la adjudicación, si lo único que hizo fue un copy page del cartel que yo dejé y que declaré infructuoso?”, replicó Torres.
Otra de las interrogantes que lanzó el exfuncionario del MAG es por qué ahora sacan a licitación pública la concesión, cuando la viceministra Ana Cristina Quirós antes avaló que se hiciera por contratación directa.
Además de que hoy el precio para ser concesionario prácticamente duplica el establecido anteriormente por Mora.
¿Por qué todos estos cambios si no hubo nada irregular?, replicó Torres al tiempo que reiteró que nunca se investigó la actuación tanto de Mora como de Quirós en este proceso.
Por el contrario, la investigación más bien establece que no hay ninguna razón para establecer un procedimiento administrativo. El informe solo menciona la cantidad de funcionarios implicados en la anterior contratación, no individualiza acciones.
NO HAY PERJUICIO, PERO…
De acuerdo con el informe PA-MAG-045-2018 con fecha de noviembre de 2018, del que este medio tiene copia y que trascendió hasta el jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto, no hay elementos de que la contratación directa en cuestión haya ocasionado algún perjuicio al interés público o que se haya actuado por fuera del ordenamiento jurídico.
Sin embargo, añade que es importante que la Dirección Administrativa Financiera valore, analice y actualice los sistemas de control interno en cuanto a los análisis de las contrataciones a efecto de que situaciones como la expuesta “no vuelvan a ocurrir”.
“En el sentido de que debe analizarse previo a cada contratación el objeto que se pretende, según las necesidades institucionales para lograr siempre y primordialmente la satisfacción del interés público”, añade el documento.
En cuanto al canon, el informe dice que para futuras contrataciones deberá establecerse claramente la forma cómo se ha calculado, lo cual debe quedar plasmado entre los atestados.
También el texto hace énfasis en que no pretenden entorpecer la investigación judicial, cuya causa está en el Ministerio Público contra ignorado bajo el expediente 18-000097-218-PE contra los deberes de la función pública.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 15 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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