Los diputados muy pronto someterían a votación un proyecto de ley que para Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas Públicas para América Latina del Instituto Cato, pondría en entredicho la libertad de expresión.
Se trata del expediente No.20.174 “Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia”.
La iniciativa se propuso en la legislatura anterior y la retomó la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), donde el diputado Enrique Sánchez es su principal impulsor.
El objetivo de la ley es castigar lo que se denomina crímenes de odio.
“Buscamos la prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, declaró Sánchez.
MUY ABIERTO
Uno de los artículos del proyecto que Hidalgo ve peligroso es el 380, que impone una pena de 6 meses a 2 años de prisión a la persona que aplicare cualquier medida discriminatoria.
“Es un proyecto de ley que se puede prestar para grandes abusos, establece que las manifestaciones públicas o privadas que inciten al odio y a la discriminación en base a 11 distintos aspectos como la religión, afiliación gremial, opiniones políticas, nacionalidad, origen étnico, racial, color, etc., cualquier manifestación que pueda ser catalogada como incitación al odio, por esas razones la gente se expondrá a penas de cárcel”, explicó el experto.
El analista señala que, si bien el discurso de odio y las manifestaciones de este tipo son problemáticas, en nuestro país existe legislación que ve estos temas, particularmente cuando hay una incitación a la violencia. Pero la simple manifestación de ideas, por más repugnantes que nos parezcan, no debería penarse con cárcel.
Puso como ejemplo un grupo de neonazis reunidos quemando la bandera de Israel. Habría consenso en que es una manifestación de odio, la pregunta es si esas personas merecerían ir a la cárcel. Para Hidalgo eso sería desproporcionado.
“Por ejemplo, si usted manda un tuit diciendo que la ‘única iglesia que ilumina es la que arde’, como yo he visto a varios progres poniendo en redes sociales, ¿eso es una incitación al odio? Parece que sí. Entonces nuevamente este proyecto es una herramienta que le da un poder punitivo enorme al Estado, porque no hablamos de multa o servicio comunitario, sino de cárcel.
Esto es irónico porque proviene de grupos que en los últimos años nos han dicho que deberíamos tener una visión menos punitiva de la justicia, que los criminales no deberían ir directo a la cárcel a pudrirse, que hay que darles nuevas oportunidades.
Pero qué irónico, a los criminales sí hay que darles nuevos chances, pero para alguien que ventila una opinión la respuesta es mandar a la cárcel”, comentó.
Para el frenteamplista José María Villalta el país está obligado a legislar contra los crímenes de odio, según dicta la Comisión Americana de los Derecho Humanos, lo que se ha incumplido desde hace muchos años.
Alega que quienes se oponen al proyecto lo hacen por una confusión de conceptos.
“Están confundiendo la apología del odio con emitir opiniones. Usted puede emitir opiniones y decir que está en desacuerdo con una ley que favorece a la población afrodescendiente porque no le parece, pero otra cosa es emitir un comentario racista llamando a cometer un acto de violencia contra las personas negras”, explicó.
No obstante, el frenteamplista no descarta que si las penas se consideran desproporcionadas o la redacción de la norma termina afectando la libertad de expresión se deben revisar antes de aprobarse.
Villalta insiste en que los tipos penales que hoy se manejan no son suficientes. Por ejemplo, la difamación existe cuando la persona insulta u ofende a alguien en particular.
“El problema es que los crímenes de odio no se cometen contra una persona en particular, sino contra grupos poblacionales y no hay legislación para ese tipo de crímenes”, enfatizó.
Esta idea también la defiende el diputado Sánchez: “No se puede plantear la discusión de los derechos humanos como si fuera posible defender unos derechos humanos y otros no, como si se tratara de un asunto de elección. Se defienden todos o no se defiende ninguno”.
El proyecto está en sus últimos trámites en la Asamblea Legislativa. Le queda un día de mociones 137 para luego volver a comisión y de nuevo al plenario para su votación final.
LO DIJO
“Mi preocupación es que se le está dando una herramienta punitiva enorme al Estado de regular el discurso y la libertad de expresión, eso podría generar todo tipo de abusos. Esta es la tiranía de la corrección política”, Juan Carlos Hidalgo.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Cortesía Asamblea
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Lunes 27 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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