Personas con discapacidad: la deuda social del Gobierno se acrecienta
Luis Fernando Astorga Gatjens*
El domingo 19 de mayo llegó a su fin la mundialmente aclamada serie televisiva “Game of Thrones”. La incógnita de quién se sentaría, finalmente, en el trono de hierro se despejó sorpresivamente a favor de un joven con discapacidad física, usuario de silla de ruedas: Bran “El Roto”. Asimismo el nuevo rey nombró como su primer ministro y consejero principal a Tyrion, una lúcida persona de talla pequeña. Las dos cabezas que ejercerán el liderazgo de los seis reinos reflejan la diversidad humana y por lo que proyectaron en ideas, orientarán su reinado hacia la justicia, la paz y la inclusión social.
Todo esto suena muy bien, pero se trata de una hermosa fantasía donde una persona con discapacidad tiene un enorme poder político. Desafortunadamente, la realidad de las personas con discapacidad, es muy distinta a la del final de “Game of Thrones”.
Las personas con discapacidad en Costa Rica no han tenido ni tienen influencia política en nuestra debilitada democracia. Están excluidas y marginadas en todas las esferas de la realidad social. Eso se refleja en las dos cartas enviadas al presidente Carlos Alvarado (29 de setiembre del 2018) y a su ministra de Planificación, Pilar Garrido (12 de octubre del mismo año). Líderes y representantes de organizaciones de personas con discapacidad del país se tomaron el tiempo de escribirles a ambos describiendo la enorme deuda social que tiene el Estado con respecto a los derechos de este sector poblacional y no hubo respuesta alguna.
El gobierno de “participación ciudadana” se quedó en la consigna electoral y la promesa incumplida. El próximo 29 de mayo se conmemorará el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Para las personas con discapacidad será una jornada para reafirmar sus reivindicaciones de inclusión social. Para el Gobierno, un día gris más donde muy poco tendrá que mostrar en avances reales en los derechos de las personas con discapacidad.
Ese mismo día, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dará los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018). Es muy probable que a partir de un estudio más certero y riguroso como el realizado se muestre que el porcentaje de población con discapacidad es mayor a lo que hasta ahora se venía afirmando. Esperamos asimismo datos que reflejen más fielmente el estado de discriminación que afecta las personas con discapacidad.
Lo cierto hasta el presente es que el acceso a una educación inclusiva y de calidad es más quimera que realidad a pesar de que el Estado costarricense tiene normas que le obligan a impulsarla desde mayo de 1996 (artículo 14 de la Ley 7.600) y, más aún, desde setiembre del 2008 cuando el país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas, cuyo artículo 24 se centra en la educación inclusiva.
Por otra parte, el derecho al trabajo y al empleo está casi completamente vedado, ya que más del 80% de las personas con discapacidad en edad productiva están desempleadas y muchas de las que consiguen un empleo enfrentan condiciones desiguales.
Mencionamos dos derechos claves para la inclusión social donde el cumplimiento gubernamental es ampliamente deficitario, pero algo similar sucede en prácticamente todos los derechos económicos y sociales.
Como bien lo señala la mencionada carta de las organizaciones de personas con discapacidad, dirigida al presidente Alvarado: “Hemos de indicarle, en primer lugar, que a pesar de que Costa Rica cuenta con una robusta normativa -nacional e internacional- que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, la situación que prevalece para la gran mayoría de estas personas en nuestro país es de discriminación, exclusión social y pobreza. La distancia entre lo que dictan las normas y la realidad cotidiana de las personas con discapacidad, sigue siendo muy ancha”.
Ya se completó el primer aniversario del Gobierno y no se vislumbra un compromiso y un esfuerzo mayor. Y ya hay hastío y cansancio: realmente, las organizaciones y las personas con discapacidad no quieren que, en este 29 de mayo, los discursos oficiales tan vacíos como altisonantes emerjan por encima de la cruda realidad de exclusión social y pobreza, que enfrenta cotidianamente la mayoría de las personas con discapacidad.
También coincidimos enteramente con este párrafo de la carta al presidente Alvarado Quesada: “Hemos estado a la espera de una política de su Gobierno que fije un claro camino de cumplimiento y avance de los derechos de las personas con discapacidad, a través de políticas inclusivas y aplicables, pero todavía no hemos visto que se anuncie tal política. La deuda social acumulada con la población con discapacidad es enorme, y sólo se empezará a reducir con políticas inclusivas efectivas y sustentadas en los principios de los derechos humanos y la justicia, reconociendo sus fortalezas, y no en aquéllos que las perciben como un sector débil y necesitado de asistencialismo mal entendido”.
La hora de las promesas ya pasó hace mucho tiempo. Las personas con discapacidad y sus organizaciones no pueden esperar más y rechazan la simulación con respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Se trata de que la justicia social vuelva a estar presente en esta Patria que debe ser de todas y todos.
*Director ejecutivo de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad (Redodicec)
