Con un secretismo estricto 7 personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron a los pueblos de Salitre y Térraba para conocer de primera mano por qué el Gobierno de Costa Rica no implementó las medidas cautelares que les fueron impuestas desde 2015.
Dichas instrucciones señaladas tras la serie de actos de violencia que ocurren en los territorios indígenas mencionados y alcanzaron su punto máximo con la muerte de Sergio Rojas el 18 de marzo del presente año.
Los enviados de Washington son el comisionado Johel Antonio Hernández, relator para Costa Rica de la CIDH; Jorge Humberto Meza, coordinador de la Sección de Medidas Cautelares; Fernanda Alves Dos Anjos, coordinadora de la Sección de Monitoreo del Mecanismo Especial para de Seguimiento para Nicaragua.
Además los especialistas en derechos humanos, Alexandro Álvarez, Pilar Victoria y Lucía Azofeifa, así como el fotógrafo Erick Mendonca Dau.
Con ellos se debía tener una mayor apertura, pero fue todo lo contrario. Según han expresado varios nativos, las reuniones que se han pactado se realizaron en un ámbito muy cerrado, donde no toman en cuenta a los pueblos en cuestión.
Informaron que solo participan algunos beneficiarios de las medidas cautelares, obviando que fueron señaladas para ambos pueblos.
NO LOS ESCUCHARON
Doris Ortiz, indígena bribri, no tuvo reparos en señalar que más bien los personeros de la CIDH vinieron a dividir más a los pueblos, tal como lo han hecho los diferentes gobiernos.
“Salí al paso de la caravana, les pedí por favor me atendieran unos cuantos minutos, aunque fuera por la ventana del carro, sin embargo ni dos minutos me pudieron dar y simplemente se fueron dejándome ahí”, explicó Ortiz, quien es prima del difunto Sergio Rojas.
Para Vicky Acuña, de Justicia, Paz e Integridad de la Creación del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, que los personeros de la CIDH estén acá deja en evidencia cómo tras 4 décadas no se aplica la ley ni el convenio 169 de la OIT.
Acotó que incluso hay jurisprudencia que no se está poniendo en práctica, lo cual revela que el Gobierno de la República no ha cumplido con la tarea, como tampoco lo hizo con las medidas cautelares de 2015.
Previo a esta visita de la CIDH un grupo de representantes bribris llegaron a Casa Presidencial el 23 de abril solicitando la inclusión en las reuniones y se dejaran de estar separándolos de la comunidad, como una forma de discriminación.
No obstante en Presidencia se hicieron los sordos. Ellos le hicieron una petición formal por escrito al viceministro Juan Alfaro, pero de nada sirvió.
“Una vez más se burlan de los indígenas, siguen queriendo hacer ver que las medidas ocupan solo a un grupo de beneficiarios que pregonaban las tomas de los territorios por las vías de hecho y no de derecho.
Entonces como los indígenas que no pregonaban esa forma de exigencia impuesta por Sergio Rojas, hoy el gobierno y los representantes de la CIDH nos hacen a un lado, creando la división y el racismo al que hemos sido expuestos por años”, explicó la bogada Thais Vidal.
También en Térraba fueron excluidos e hicieron un escrito a Johel Antonio Hernández, comisionado de la CIDH, con copia al presidente Alvarado, al viceministro Alfaro, a la Fiscalía General, a la presidencia de la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes.
“Hasta el día de hoy las acciones desarrolladas por integrantes de la honorable CIDH solo han sido coordinadas con el grupo de peticionarios excluyendo a nuestro pueblo de emitir su voz y voto al respecto, todo en una clara violación al derecho de participación y al principio de neutralidad.
Tomando como ciertas las disposiciones y alegatos de un reducido grupo de personas que no representan ni el 10% de nuestro pueblo indígena”, aduce el texto firmado por Domingo Nájera Caballero, coordinador del Consejo de Mayores Bröran en Térraba.
CONSEJO DE MAYORES BRÖRAN
El Consejo de Mayores Bröran después de la visita de los representantes de la CIDH, en la finca Crun Shürin, expresó: “El pueblo bröran de Térraba lleva más de 40 años esperando que el Estado costarricense aplique la ley indígena, que garantice los derechos establecidos y que acoja de buena fe las propuestas debidamente consultadas y construidas a lo interno de nuestras comunidades.
Todo lo contrario, hace caso omiso a nuestras propuestas y nos imponen políticas de desarrollo que no van acordes a nuestros derechos”.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Miércoles 22 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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