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Nacionales

PAC no quiere pagar ¢516 mills.

Por 263 contratos de servicios gratis

La PGR y el PAC presentaron sus posturas por la condena millonaria debido a contratos falsos.

 

El Partido Acción Ciudadana (PAC) reprocha la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia y trata de evitar pagar ¢516 millones por el delito de estafa mayor donde se estableció un daño patrimonial del Estado.

Los hechos se produjeron en la campaña política del 2010, cuando Ottón Solís era el candidato a la Presidencia y donde se suscribieron 263 contratos que le cobraron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como gastos de la agrupación política, pero fueron simulados porque eran servicios gratis brindados, según indicaron en la Procuraduría General de la República (PGR).

Este miércoles Erick Gatgens, abogado del PAC, llegó a una vista en la Sala III para presentar los argumentos del recurso de casación contra el dictamen del Tribunal de Apelación de Sentencia, que según dijo aumenta la condena violentando una serie de principios procesales.

En primera instancia la condena a pagar por la agrupación política era ¢352 millones, sin embargo 84 contratos cambiaron el panorama.

“El Tribunal de Apelación de Sentencia hizo una condena sin darle oportunidad al PAC de referirse a lo que estaba pretendiendo la PGR de realizar condena sin audiencia previa, sin derecho de defensa ni de argumentar, tampoco de recurrir esa decisión ante un superior”, explicó Gatgens.

“Lo que alegamos es que, tanto el Pacto de San José como otros convenios internacionales y la Constitución Política, establecen una serie de derechos que también le corresponden al demandado civil. El PAC era demandado civil y el Código Procesal Penal establece que tiene los mismos derechos que el imputado”, añadió del defensor del partido.

 

263 CONTRATOS

 

En su intervención Randall Aguirre, representante de la PGR, sostuvo que el Tribunal de Apelación de Sentencia excluyó 84 contratos de los 263 a pesar de que se tiene demostrado que son similares y fueron utilizados para liquidar gastos en la campaña de hace 9 años.

Además, detalló que solo se consideraron 179 contratos, los cuales sí constituyeron una afectación al patrimonio estatal.

“El Tribunal Penal excluye esos contratos bajo el argumento de que había que llevar a los 84 suscriptores a declarar, personas que en muchos casos habían fallecido, que no quisieron declarar y que, por su dirección dada, no se pudieron ubicar”, señaló el procurador.

“El Tribunal de Apelación de Sentencia consideró que no era posible excluirlos porque hay una vulneración al principio de la libertad probatoria por parte del tribunal de juicio y que esa vulneración no llevó a considerar una prueba cuando era necesario. 

Hay una identidad pasmosa entre todos los documentos que fueron creados para cometer un delito”, apuntó Aguirre.

 

ANULACIÓN 

 

El abogado del PAC manifestó que si el Tribunal de Apelación de Sentencia estima que el tribunal de juicio incurrió en un vicio de razonamiento se debe anular la resolución parcialmente.

“Al anular la sentencia parcialmente se tiene que ordenar que las partes vayan al tribunal a discutir sobre los contratos”, acotó Gatgens.

Sin embargo, ante esta pretensión de partido político, en la PGR aducen que ese proceso se da solo cuando el Tribunal de Apelación de Sentencia haya solicitado una revaloración de la prueba, pero cuando ya hay un vicio de carácter procesal sí puede resolverse como se hizo.

PERIODISTA: Sergio Jiménez

CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley

EMAIL: [email protected]

Miércoles 15 Mayo, 2019

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