El hueco fiscal por ¢900 mil millones heredado de la administración Solís Rivera suma nuevos imputados en la lista del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República investiga también a Carlos Alvarado, presidente de la República; Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Helio Fallas, exjerarca de Hacienda; y Luis Antonio Sobrado, jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La causa se tramita bajo el expediente 18-000159-0033-PE, de acuerdo con información suministrada por la Oficina de Comunicación del Ministerio Público.
“Dichas personas fueron señaladas por los denunciantes como presuntos responsables de los hechos, algo que se podrá establecer o descartar una vez que se concluya la investigación que está en curso”, enfatizó la oficina de Comunicación del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República confirmó el pasado 30 de abril que el expresidente Solís figura como imputado en la causa del “hueco fiscal” en un expediente que tuvo apertura el 14 de agosto de 2018 por un aparente incumplimiento de deberes. En aquella ocasión, se tramitó contra ignorado, es decir, sin personas imputadas.
EL CASO
El Ministerio de Hacienda envió un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa por ¢600 mil millones en julio de 2018 debido a que la administración anterior no previó la colocación de canjes de deuda a más largo plazo.
Una vez que se aprobó dicho plan de gastos, la cartera hacendaria envió otro por ¢309 mil millones, en esta ocasión, por un “error” de cálculo en la recaudación fiscal que no se previó oportunamente en el presupuesto 2017-2018.
A raíz de que ese hueco fiscal, la Contraloría General de la República (CGR) alertó el 9 de agosto de 2018 sobre el uso del Ministerio de Hacienda por ¢182 mil millones para pagar deuda sin el permiso correspondiente de la Asamblea Legislativa.
Sobre este hecho, el ente contralor abrió una investigación contra cinco personas: Rocío Aguilar, ministro de Hacienda; Martha Cubillo, tesorera nacional; Melvin Quirós, actual director general de Crédito Público; Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público; y Helio Fallas, exministro de Hacienda.
INFORME
La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa concluyó en un informe presentado el pasado 23 de abril que el expresidente Luis Guillermo Solís ocultó información sobre el hueco fiscal para beneficio electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Dicho informe contiene 71 páginas y se conforma a partir de 10 audiencias que se realizaron para investigar el faltante presupuestario que salió a la luz pública.
El informe de los congresistas instó a la Fiscalía a acusar y a la Contraloría General de la República (CGR) a inhabilitarlo por un periodo de cuatro años, tanto a él como al exministro Helio Fallas.
“El expresidente de la República fue omiso en su último informe a la Asamblea Legislativa respecto a la grave situación presupuestaria que generó el hueco fiscal.
Más bien adujo cínicamente que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas”, resumió el documento.
También enfatizaron que el 14 de marzo de 2018, donde se redujo en ¢412.790 millones del presupuesto para amortizar títulos de largo plazo en favor de un incremento de la partida para amortización de corto plazo.
REACCIONES
Las reacciones sobre los nuevos protagonistas que la Fiscalía está investigando comenzaron a aparecer.
Uno de ellos es Fernando Cruz, jerarca de la Corte Suprema de Justicia, quien se mostró extrañado que lo involucraran a él en relación con el caso.
Cruz aseguró que él se encuentra al frente del Poder Judicial desde agosto anterior y que le gustaría saber en qué lo están vinculando.
El jerarca enfatizó que cualquiera puede interponer una denuncia, pero que desconoce el contenido porque la Fiscalía no realizó ningún tipo de notificación.
“No sé qué tengo que ver yo con ese hecho, pero, en fin, habrá que ver la denuncia porque no la conozco, y no he tenido nada que ver con temas de presupuesto ni nada.
Me extraña porque no sé ni quién es el denunciante porque el Ministerio Público informó, pero es parte de la situación con una denuncia que en principio no sé qué tenga que ver yo con el tema presupuestario, nada que ver”, señaló.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, manifestó que aún no la notifican por la denuncia, por lo que prefiere esperar a la notificación correspondiente para evaluar el caso y emitir un amplio contenido.
Aguilar evadió responder si tiene responsabilidad sobre el hueco presupuestario que supera los ¢900 mil millones.
“Cómo me voy a referir a un tema que no me han notificado, no sé de qué se trata y no podría, sería imposible (referirse al tema), ¿no le parece?
Vamos a ver, eso es lo que me está diciendo que está estudiando la Fiscalía, lo cual, cuando sea el momento oportuno lo veremos, ¿de acuerdo?”, expresó la jerarca hacendaria.
Gustavo Román, asesor político del TSE, señaló que el Ministerio Público no les informó que el jerarca Sobrado estuviera imputado en el caso, a pesar de que el Ministerio Público dijo lo contrario.
Román agregó que ni Luis Antonio Sobrado como individuo ni el Tribunal Supremo de Elecciones intervienen en el presupuesto de la República, el cual es construido por el Ministerio de Hacienda y aprobado por la Asamblea Legislativa.
Para el asesor político, el presupuesto del TSE representa un 0,5% del total en una iniciativa donde es revisada primero por las autoridades hacendarias y posteriormente se ratifica en el Plenario Legislativo.
Mientras tanto, los diputados agregaron que cada elemento que se aporte dentro de las investigaciones sobre este caso contribuirá a esclarecer el panorama sobre los casos que se realizan.
Eso sí, en el caso de Jonathan Prendas, independiente y de Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), mostraron sorpresa de que se investigue a los jerarcas del TSE y de la Corte, al asegurar que a primera vista no tienen nada que ver con la problemática anteriormente citada.
DIPUTADOS OPINAN
Franggi Nicolás
PLN
“Las voces de los diputados van haciendo eco ante la Fiscalía. Creo que la fiscala generó credibilidad con muchas de las acciones que en un principio emprendió, pero con el pasar del tiempo, algunos ciudadanos sentimos que no ha habido mayores acciones en casos sonados que implican presuntos actos de corrupción”.
Erwen Masís
PUSC
“De cara a la transparencia y de cara al respeto hacia los costarricenses, este tema debe ser revisado detenidamente por la Fiscalía y veo bien que se haya ampliado la investigación hacia otros imputados que pudieron haber tenido una relación directa con el tema del hueco fiscal”.
Paola Vega
PAC
“Los diputados no tenemos que opinar nada más que esperar la versión de lo que ellos realicen. Toda investigación de este tipo siempre es bienvenida porque permite aclarar las cosas con objetividad y fuera del círculo politiquero que muchas veces se hace en la Asamblea Legislativa”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Sábado 04 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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