Abuso de poder y malversación de fondos

EDITORIAL

El informe de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que se dio a conocer el martes y endilga graves faltas cometidas con dinero de la hacienda pública a Luis Guillermo Solís, no puede ni debe quedar en el papel.

No porque se trate de él, sino por las consecuencias que el comportamiento atribuido por los diputados al exmandatario implica en el ejercicio del poder.

Si un jefe de gobierno se burla de la ley y comete actos contrarios debe, como cualquier ciudadano ser responsable, dar la cara, pero también ser sancionado en la vía penal y civil si se logra comprobar estos hechos.

Los ciudadanos sabremos amonestar a los que abusan del poder cuando están en puestos estratégicos del gobierno, ya el desprestigio público es una pena moral, pero hay quienes tienen la cara tan dura como el cemento.

El hecho que se le reprocha al expresidente fue dejar un hueco de ¢600 mil millones en el presupuesto para pagar deuda pública en 2018 y por tal motivo ese compromiso debió asumirlo la administración actual.

No solo ese dinero faltó para pagar la deuda, luego los legisladores tuvieron que aprobar un segundo presupuesto extraordinario por ¢318 mil millones.

Los congresistas fueron directos al indicar en el informe que Luis Guillermo Solís ocultó esos faltantes de recursos en el presupuesto nacional, le endilgan que en tiempos de campaña manipuló los números e hizo creer que todo andaba de maravilla.

Se le reprocha al exmandatario además la cadena de televisión donde de forma irresponsable alarmó a los mercados internacionales y puso en tela de duda la capacidad del país para pagar a sus acreedores.

Por ello los diputados califican como demagogia y cinismo político que Solís defendiera el manejo de las finanzas públicas como un hecho “heroico”, cuando en realidad estaba especulando con las cifras y obviando las alertas de que debía solicitar un presupuesto extraordinario al Congreso. En aquel momento se evidenció que el gobierno se quedó corto con los recursos para hacer frente a la deuda y trató de tapar semejantes fallas frente al proceso electoral con el único objetivo, pareciera irrefutable, de engañar.

Producto del manejo irresponsable de Solís y su exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas, la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, debió pagar más de ¢182 mil millones sin tener el permiso legislativo en febrero y marzo de 2018, algo nunca visto en la historia reciente.

Esta situación tiene a la jerarca bajo una investigación en la Contraloría General de la República. Terminó entonces el actuar de Solís embarrando a las autoridades actuales.

Por todos estos eventos un grupo amplio de legisladores, ya no solo los de la Comisión de Ingreso que rindieron el informe, pide a la fiscala general Emilia Navas actuar de inmediato ante lo que se catalogaría como un delito de administración fraudulenta y abuso del poder.

Además de Solís, dicho panel legislativo pide que también se investigue al entonces ministro Helio Fallas; a la tesorera nacional y ex viceministra, Martha Cubillo; a la directora de Presupuesto, Marjorie Morera; al exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza; y al actual director de esta última dependencia, Melvin Quirós, con sobrada razón porque estos funcionarios tienen autoridad en el ministerio y ejecutaron directrices contrarias a legislación nacional.

El informe, que se hizo público esta semana, deberá ser aprobado en plenario y podrían pasar varias semanas hasta que lo envíen al Ministerio Público para que proceda con las diligencias judiciales respectivas si existiera una acusación directa contra Solís.

Hasta ahora el Ministerio Público solo investiga un posible incumplimiento de deberes, pero no hay implicados en esa causa. Es decir, nadie está acusado o señalado, desde el 14 de agosto del 2018.

Pero esta tardanza por parte del ente acusador se nos hace costumbre. Hay que ver casos fundamentales como el Cementazo, que lleva casi dos años en investigaciones y poco se avanza si se trata de acusaciones.

Entonces una investigación que lleve casi un año sobre el tema del hueco fiscal debe haber avanzado mucho y de seguro la fiscala general Navas pronto nos sorprenderá con resultados de la intensa actividad que un tema de estos merece.

¿Será acaso que nos quedaremos esperando por los siglos de los siglos a que se tomen cartas en el asunto? Toda persona merece el beneficio de la duda, estamos de acuerdo, pero eso no implica que la inercia se establezca en las oficinas de la Fiscalía hasta que los casos mueran por prescripción.

Muchas preguntas surgen al respecto en este asunto, que se cataloga como grave.

¿Por qué Luis Guillermo Solís fue tan negligente?

¿Actuaron el expresidente y su equipo económico con alevosía, premeditación y ventaja al dejar ese hueco fiscal para dar un golpe al nuevo gobierno?

¿A qué partido político creyó iba a golpear el exlíder del Partido Acción Ciudadana?

¿Subestimó Solís a su partido el PAC en las pasadas elecciones y por eso dejó tales deudas?

¿Cómo se explica que un mandatario incumple las leyes y no recibe sanción alguna?

¿Mintió Solís con descaro en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público a los diputados?

¿Quiénes autorizaron ese pago en el Ministerio de Hacienda, pasando por encima de las normas legales?

Estas y otras interrogantes deberán esclarecerse en estrados judiciales, como corresponde. En este país por asuntos menos gravosos miles de ciudadanos han tenido que sentarse frente a un tribunal para dar explicaciones de las faltas contra la ley.

En fin, delito es delito.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 25 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM