(EFE).- La presencia de la fuerza pública aumentó en Managua este miércoles, día en que la oposición tiene previsto hacer una protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega en la víspera del primer aniversario del estallido social que ha dejado cientos de muertos y detenidos en Nicaragua.
La protesta fue convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que mantuvo el llamado a salir a las calles y ejercer el derecho a la libertad de expresión pese a que la Policía Nacional no autorizó la movilización argumentando que sus promotores han estado involucrados "en las graves alteraciones al orden público".
Aunque el despliegue de policías esta mañana en la capital era menor al registrado ante las manifestaciones antigubernamentales de 2018, en algunas zonas, en especial las que fueron escenario de grandes protestas el año pasado, la presencia de agentes armados era notoria.
El dispositivo policial para regular el tráfico también era evidente en algunas entradas a Managua, en especial en la Carretera a Masaya, donde se espera que miles de personas marchen en rechazo de Ortega, quien ostenta el poder de manera consecutiva desde hace 12 años con denuncias opositoras de autoritarismo.
La cantidad de policías armados con fusiles AK-47 y escopetas para vigilar el tráfico en Managua, especialmente en la salida sureste, no se correspondían con la circulación de vehículos, que en la Semana Santa disminuye en la zona debido a las vacaciones de los estudiantes y una parte de los trabajadores.
En ciudades como Niquinohomo y Rivas (Pacífico) algunos opositores denunciaron a través de redes sociales el "asedio" de la Policía de Nicaragua.
Grupos oficialistas también anunciaron en redes sociales que estarán presentes, junto con la Policía Nacional, cerca de donde se espera que finalice la marcha opositora, una situación que ya se dio en 2018 y resultó en cientos de manifestantes muertos.
La crisis que estalló en Nicaragua el 18 de abril de 2018 con protestas antigubernamentales ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.
También habría entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por ruptura del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental. EFE
