Un día después de presentar el proyecto Ley Marco del Empleo Público (expediente 21.336), María del Pilar Garrido, titular del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), visitó DIARIO EXTRA para conversar sobre los alcances de dicha iniciativa.
La jerarca aprovechó para contar con detalle cuáles son las modificaciones que busca esta nueva norma en el empleo público.
En materia de empleo público el proyecto dice que se puede despedir a un funcionario si saca nota inferior al 70% dos años consecutivos. ¿Por qué?
-Todos los funcionarios públicos llegamos con un mandato: servir. Parece muy obvio, pero no lo es tanto. Lo que necesitamos garantizar son bienes y servicios de calidad. ¿Entonces cómo hacemos para asegurarnos de que estoy haciendo bien mi trabajo? Pues necesito someterme a un proceso de evaluación, en el cual se pueda probar que mi trabajo está alineado con los bienes y servicios que la institución en la cual trabajo debe garantizar.
Es decir, ¿si me saco un 30% dos años consecutivos me podrían despedir?
-Correcto. Sin embargo antes de tomar una decisión lo que se hace es analizar la situación. Supongamos que esa persona no cumplió bien las competencias, entonces hay que analizar por qué no cumplió esas metas. ¿Tenía todos los recursos para cumplir esas metas? ¿Qué recursos le faltaron? ¿Tenía la capacitación para cumplir con su trabajo? Eso lo vamos a meter en el reglamento.
¿Qué pasa con el principio de igualdad? Porque no es lo mismo calificar a un funcionario que tiene un hijo con una enfermedad terminal a otro que ni siquiera tiene hijos.
-Por eso hay que hacer el análisis sobre por qué no cumplió la meta y eso es crítico. Incluso va a estar en el reglamento que vamos a sacar en junio, que es independiente si esta ley se aprueba o no porque pertenece a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si es responsabilidad de la administración, no debo pasarles la factura a los empleados públicos. Si existe una responsabilidad compartida hay que analizarlo y si es solo de la persona entonces se deben buscar planes remediales, tratar de motivarla para resolver la situación en el corto plazo.
Eso dependerá mucho de los jefes inmediatos. ¿Y si los echan?
-Pueden acudir a un tribunal de alzada. Si son parte del Servicio Civil pueden acudir al tribunal de alzada de este régimen u otras instancias superiores.
Respecto al despido se menciona la desvinculación del empleo público si la institución no tiene plata o por reorganización.
-Los artículos de la Constitución Política mencionan este tema, pero sobre todo está en el Estatuto del Servicio Civil y contemplado en otros. Lo que sí se está incorporando es que en caso de no poder reubicarlos podamos despedirlos, eso sí, con todos sus derechos.
¿Es una privatización del empleo público?
-El espíritu del proyecto es atraer el mejor talento del sector privado y establecer filtros en función de los puestos, sea para profesionales o no profesionales, que me aseguren que va a entrar la mejor gente al sector público. No le estamos cambiando la naturaleza al empleo público. No se trata de acercarnos de un modelo de Estado del sector público al privado, se trata de la búsqueda de la eficiencia.
No me respondió. ¿Es una privatización del empleo público?
-No. Todos tenemos que ser más eficientes sin importar el modelo, pero no significa que garantizar esto es cambiar la visión detrás de los funcionarios públicos.
¿Hay vagancia en el sector público?
-No, pero se pueden hacer las cosas mejor. ¿Cómo veo yo las instituciones? Como gente, y si veo gente motivada, comprometida a ser más productiva, significa que va a brindar mejores bienes y servicios a la ciudadanía. De eso se trata.
¿Se tardará más en contratar personal con la reforma?
-En este momento se hacen muchas pruebas y diría que se tarda bastante en los procesos de selección y reclutamiento. La ley trata de empoderar a las oficinas de recursos humanos para que desde las instituciones puedan identificar cuáles son las necesidades que se tiene de determinado personal y que no haya una suerte de inercia. Cuando una persona se jubila, se busca un reemplazo inmediatamente, sin mediar una reflexión si se ocupaba gente en ese departamento o no. Necesitamos avanzar hacia un análisis, incluso a nivel institucional, que se hable quién necesita y quién no.
¿Esta reforma supondrá reducción de plazas?
-En este momento tenemos muy estrictas medidas de contención del gasto, entonces desde ya sabemos que algunas plazas no se van a reemplazar. Además hay que recordar que el crecimiento de nuevas plazas va a ser muy bajo en el mediano plazo. Lo que se hace actualmente son incorporaciones mediante jubilaciones, así que las instituciones tendrán que hacer planes de reposición en función de sus prioridades.
¿Cómo pretenden hacer atractivo el empleo público si van a despedir como el sector privado y además viene el salario único?
-No habrá problema porque si uno hace bien su trabajo, no lo va a perder, entonces la estabilidad va a estar ahí. Cuando hablamos de salario único hay un prejuicio de que se piense que es a la baja, la propuesta que estamos haciendo es lo contrario.
¿Cómo se entiende salario único entonces?
-La Contraloría General de la República hizo una investigación en 189 instituciones y se dio cuenta que había alrededor de 160 incentivos, de los cuales solamente 6 estaban vinculados con desempeño. El resto eran parches como resultado de no querer resolver el tema estructural, que era levantar la base salarial. Cuando uno pasa de un salario compuesto, que tiene una base muy baja y se añaden todos estos pluses, el salario llega a ser una remuneración buena en relación con el sector privado, pero no lo suficientemente competitiva para atraer al mejor talento. Para poner un ejemplo, tenemos el salario de una secretaria que gana ¢1.121.000 en una institución autónoma, mientras que en el Gobierno central ¢300 mil haciendo el mismo trabajo. Estas dos personas que están ejecutando el mismo trabajo deberían ganar un salario igual o por lo menos muy equitativo, entonces no buscamos bajar el ¢1.121.000 a ¢300 mil. No, sino subirle la base salarial a la secretaria del Gobierno central, quien pasaría de ganar ¢300 mil a ¢500 mil para que llegue a acercarse a la otra. En el caso de la secretaria de la autónoma le contendríamos el salario para que no siga subiendo y así ir generando una equidad. No queremos precarizar el salario, sino dignificar los salarios.
Es decir, sacar un promedio ponderado de los salarios por un mismo puesto.
-Sí, un promedio ponderado de todos los secretarios del sector público porque en algunos lados ganan ¢1.600.000, en otros ¢1.200.000 y hasta ¢350 mil para calcular cuál debe de ser la remuneración exacta.
¿Entonces cómo pretenden ahorrar plata?
-Es una apuesta a largo plazo. Durante los primeros ocho o nueve años a partir de la aprobación de la ley hay una inversión que el Estado debe hacer, que se puede programar para que no desbalancee las finanzas públicas. Por ejemplo, congelar plazas para empezar a hacer poco a poco la transición, pero siempre hay que invertir porque se debe resolver un problema que no resolvíamos desde hace 70 años. No será hasta el décimo año cuando empecemos a recuperar la inversión. Serán unos ¢188 mil millones por año.
El proyecto habla de un mes de vacaciones por año laborado. ¿Los docentes cómo harán?
-El artículo es idéntico al Estatuto del Servicio Civil. La idea era garantizar una única normativa. En cuanto a los docentes no va a cambiar su modelo de vacaciones, ya que es en función del servicio que se presta.
Están metiendo un gol con el mes por licencia de paternidad.
-Lo que queremos es cambiar patrones culturales. Empezar a hablar de corresponsabilidad porque los hijos no son solo de la mamá, sino también del papá.
Pero deja en desventaja al sector privado.
-En caso de aprobarse el proyecto esperemos que haya cambios normativos, que haya una ruta de transformación y pueda escalarse al sector privado también.
¿De qué se tratan los incentivos no monetarios?
-La pregunta es cómo hacer para motivar a nuestros empleados, cómo hacer para que estén mas comprometidos. Lo que buscamos es establecer un menú con estos incentivos. Uno de ellos podría ser capacitación, otro tomar libre el día de cumpleaños y estos los obtendrían aquellos funcionarios que logren buenas calificaciones.
¿Y sobre el teletrabajo?
-Queremos darles opciones a los funcionarios para que puedan hacer sus trabajos desde casa, siempre y cuando los productos o servicios sean de calidad. Queremos establecer el trabajo por objetivo, olvidarnos un poco de cumplir horarios.
¿Habrá muchas diferencias entre los actuales funcionarios y los que vengan con la nueva normativa?
-No. Se trata de garantizar condiciones de equidad entre empleados de diferentes instituciones públicas, entre los que trabajan en la misma institución, y entre los funcionarios públicos y los privados.
¿Esta propuesta de ley se basó en algún país?
-Es el resultado de una amalgama de buenas prácticas. Hay de Chile, Suecia, Canadá y España.
¿Qué clase de empleados públicos vamos a tener?
-Iguales a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
¿A nivel europeo?
-Sí, empleados públicos a nivel europeo con los mejores estándares.
¿Cuándo esperan ver aprobado el proyecto?
-Que se apruebe antes de que finalice este año o a más tardar a principios del próximo.
¿Temen una nueva huelga a partir del proyecto?
-Esperaría que en aras de lo que implica una huelga en términos de interrupción de servicios públicos, económicos y calidad de vida no se recurra a ese canal para manifestar la oposición al proyecto de ley, sino que se utilicen otras vías para incidir en este.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Miércoles 10 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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