La condena por estafa que recibió el Partido Acción Ciudadana (PAC) el 5 de diciembre de 2017 ya representa al día hoy ¢856.142.557 por concepto de daño material, costas procesales y los intereses que siguen acumulándose.
De acuerdo con el abogado Randall Aguirre, de la Procuraduría General de la República (PGR) y quien tuvo a su cargo el caso contra el PAC, esta cifra seguirá aumentando día a día, hasta que se cancele.
Lo anterior porque, cuando el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José dio a conocer la condena al partido, se indicó que los intereses se pagarían a partir de la comisión del hecho y hasta el efectivo pago.
Según Aguirre, existen dos formas de fijar el pago de intereses en sentencias de este tipo: desde el momento del hecho delictivo hasta el efectivo pago y el otro desde la firmeza de la sentencia hasta el efectivo pago.
“En el caso del PAC, se fijó de la primera forma y consecuencia de eso los intereses siguen corriendo al día de hoy”, externó.
DESGLOSE
En el momento de la sentencia, se condenó al partido al pago de ¢352.700.000 por daño material por la estafa cometida al Estado y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Pero, tras una apelación que hizo la PGR, el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José resolvió el 14 de diciembre del 2017 un aumento de ¢163.900.000 en ese rubro.
Entonces, según los cálculos de la PGR, sobre los ¢352.700.000, se suman hoy por concepto de intereses ¢193.474.696.
A los ¢163.900.000, que fue el aumento determinado por el Tribunal de Apelaciones, ya se acumulan ¢89.907.861.
A ese monto hay que sumarle también las cuotas procesales que se determinan en ¢56.160.000.
Aguirre explicó que este concepto también suma intereses, pero no se han hecho esos cálculos. Es decir, la cifra de ¢856 millones seguirá subiendo.
APELACIÓN
El PAC no ha pagado porque desde febrero de 2018 interpuso un recurso de apelación ante la Sala III, contra el monto que aumentó el Tribunal de Apelaciones, es decir, los ¢163.900.000.
El problema es que dicho recurso entró a la Sala III en abril de 2018, es decir está por cumplirse un año y no hay ni siquiera respuesta de si será acogido o rechazado.
DIARIO EXTRA consultó a la oficina de prensa de la Corte, donde se indicó que el recurso se encuentra en la fase de admisibilidad.
Se trata del expediente 12-000024-33-PE, el cual tiene a su cargo el magistrado suplente Jorge Desanti Henderson.
PREOCUPACIÓN
Para el procurador Aguirre, es preocupante que, a casi un año, la Sala III ni siquiera haya determinado si acepta o no el recurso del PAC.
Además, recordó que la misma PGR también interpuso otro recurso apelando el pago del daño moral, que fue rechazado por el Tribunal Penal.
“Nos llama la atención que casi un año después de estar esto en la Sala III no haya resuelto ni siquiera la admisibilidad, es decir, repito, casi un año después no tenemos una resolución que diga si las apelaciones del PAC y de la Procuraduría son admisibles o no, y posterior a eso se deben ver por el fondo y eso es mucho tiempo, y me parece impropio en el trámite que tiene que seguir un recurso de casación bajo el principio de justicia pronta y cumplida y tutela judicial efectividad”, explicó.
El representante del abogado del Estado dijo además que es la primera vez que conoce de una apelación que tarde tanto en admitirse o no.
“Yo no conozco de otro proceso que en la fase de admisibilidad haya llevado casi un año. Sí hay casos que en la fase de análisis de fondo tardan hasta un año, pero aquí ni siquiera estamos en esa etapa”, agregó.
ESCENARIOS
Dependiendo de lo que resuelva la Sala III, se pueden dar varios escenarios.
Por ejemplo, se podría devolver al punto de la sentencia del Tribunal de Apelación, para que este vuelva a conocer si era prudente o no aumentar los rubros.
También le podía dar la razón al PAC, y señalar que el Tribunal de Apelación se equivocó y que no se podían aumentar los montos. Si esto pasa se tendría que volver a hacer un nuevo juicio para determinar si es admisible o no aumentar esos montos.
Es decir, en el mejor escenario para el PAC, donde se le dé la razón, para no pagar el aumento de la condena civil, no se escaparía de pagar más de ¢546 millones, ya que la condena civil nunca fue apelada y esos montos, los ¢352.700.000 más los intereses, hasta hoy ¢193.474.696, e incluso habría que sumar las costas.
Los jueces William Serrano, Maribel Bustillo y Raúl Madrigal condenaron al extesorero de la agrupación Mainor Sterling a 6 años de prisión y a Manuel Antonio Bolaños, quien era el encargado de la proveeduría a tres años. El Tribunal determinó que el PAC estafó al TSE con 179 contratos fantasmas por servicios especiales, que el partido obtuvo gratis, y por los que quiso cobrar por deuda política ¢353 millones para la campaña de 2010.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto Archivo
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Lunes 01 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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