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Opinión

Decreto de canasta básica: contra los sectores más pobres de la población

Luis Carlos Olivares Martínez / Página Abierta

El reciente decreto de canasta básica del Gobierno es regresivo. Elimina una serie de productos que son de consumo esencial (varias verduras, garbanzos, atunes, y varios otros de alto valor alimenticio o proteínico), en forma absolutamente injustificada e introduce algunos que no parecen esenciales. Parece que grupos de presión e interés han metido mano en su redacción. Lo grave de del caso que esa afrenta contra las clases más bajas de la sociedad costarricense se ha basado en una argumentación de ingreso fiscal. Se busca cobrar impuestos de esos alimentos. Ello es vergonzoso: procurar impuestos de la comida que consume la gente más pobre de nuestra población es muy grave y demuestra insensibilidad social, justo cuando ese mismo Ministerio de Hacienda hizo hasta lo imposible por no mostrar una lista de más de doscientos grandes contribuyentes que no pagaron impuestos los últimos 7 años. 

La cuestión de las líneas de pobreza, el ingreso y otros factores.- Desde luego que el nivel de vida de las familias costarricenses no está determinado únicamente por la accesibilidad determinable de los productos sino por factores tan disímiles como el Índice de Precios al Consumidor, aumento o caída de los ingresos familiares, un cambio en hábitos de vida, un aumento o disminución del tamaño de la familia. Todos estos factores tienen que ver con el costo de bienes y servicios, pero tienen mucho que ver con el costo de vida en el que incurre una unidad familiar. Por eso la canasta básica es determinante.

El índice de precios al consumidor se utiliza casi universalmente como una medida del costo de la vida, aunque comúnmente (y así lo advierten diferentes agencias estadísticas como la Oficina de estadísticas de los Estados Unidos) el índice debería ser considerado solo como un proxy de los bienes y servicios que los consumidores adquieren. 

Es menester señalar que el índice está diseñado para medir el costo cambiante de un mercado fijo, es decir el cesto de “bienes y servicios” no puede ser considerado como una medida acertada del costo cambiante de los tipos de bienes y servicios que adquiere regularmente una unidad familiar perteneciente a los quintiles de mayores ingresos, con relación a los de menor ingreso.

Un ascenso continuado en los últimos seis meses del Índice de Precios al Consumidor tiene una repercusión directa en el costo de vida de las unidades familiares. Desde agosto anterior, es decir, en el último semestre, según datos del Banco Central de Costa Rica, tal indicador ha tenido un comportamiento tendencialmente creciente, partiendo en 103.25 y actualmente estando en 104.66. El ingreso medio de los hogares no ha experimentado variaciones positivas, en otras palabras, el ingreso real por hogar no ha aumentado en el último semestre y el hogar promedio, al día de hoy, tiene una menor capacidad de adquirir bienes y servicios que hace un año. (Ver gráfico Índice de Precios al Consumidor)

Si al análisis anterior le agregamos el golpe de timón que se realizara con la determinación de una nueva Canasta Básica podemos conjeturar algunas otras conclusiones. Por ejemplo, si consideramos la medida estadística denominada Canasta Básica Alimentaria (no nos referimos a la canasta básica de productos) podemos decir que solo un 46% de los hogares en los dos quintiles de menores ingresos tiene capacidad adquisitiva para conseguirla, esto medido al corte del primer semestre del año 2018. Con esa misma medida, al día de hoy, solo un 41% de esos mismos hogares de los quintiles de menores ingresos puede acceder a ella.

Ahora bien, al conjunto de productos incluidos en la indulgencia tributaria denominada nueva canasta básica implica una transformación abrupta de los patrones de consumo de las unidades familiares de menores ingresos, es decir, implica una contracción en dichos patrones, lo cual no es sino una reversión, un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad, la pobreza y el consumo frugal.

Pero no solo ello, gravar bienes saludables implica un desincentivo en el largo plazo de los patrones de consumo saludable, en la medición del efecto de una subida. La nueva canasta básica está constituida por 189 productos y saca a 29 de la actual e incluye 14 nuevos bienes. 

• Productos excluidos:  manteca de cerdo, azúcar moreno, paté, embutidos de pavo, atún en agua, atún en aceite de oliva, atunes especiales, crustáceos, anona, caimito, fresa, frambuesa, granadilla, mandarina, níspero, pitahaya, zapote, apio arracache, arvejas, brócoli, habas, garbanzos, zapallo, zucchini natilla liviana, panes integrales, harina integral, arroz integral.

Productos incluidos:  mezcla de crema láctea, tapa de dulce, leche de cabra, gelatina en polvo, banano verde naranja agria, flor de itabo, harina de soya, harina de yuca, hojas de plátano, horchata, chiverre, copas menstruales, bombillas de filamento.

Se ha alegado que para elaborar la canasta se realizó un estudio por producto, analizando para cada uno de ellos, el nivel de consumo, por cada decil de la población. Si se cuenta con datos de encuestas de hogares sobre gastos en alimentos, es preferible usar estos como base para determinar la estructura energética que se usará en el cálculo de la canasta básica propuesta, ya que generalmente las encuestas de hogares tienen mayor cobertura en tiempo y espacio que las encuestas de consumo de alimentos. Empero, hay que tomar en cuenta que este tipo de encuestas suele sobrestimar las cantidades de grasa y azúcar, pero si se cuenta con información de otras encuestas de consumo se puede decidir sobre la proporción de estos productos.

Por otra parte, cuando solo se dispone de datos de encuestas de consumo de alimentos realizadas en un sector de la población (particularmente de bajos recursos), donde la ingesta dietética es insuficiente, la estructura energética de la dieta suele ser inapropiada y será necesario analizar con cuidado la estructura que se usará y hacer los ajustes pertinentes a fin de disponer de un balance adecuado de energía proveniente de carbohidratos, grasas y proteínas.

Todos los factores nos dirigen a una sociedad cada día más desigual. Además, en cuanto al ingreso de los hogares durante el bienio 17-18, el ingreso promedio por hogar disminuyó en más de 2% en los quintiles uno, tres y cinco con respecto al año anterior, en tanto en los quintiles dos y cuatro aumentó en 0,8% y 0,2% respectivamente, únicamente el cambio en el quintil tres es estadísticamente significativo. El ingreso per cápita, por su parte, disminuye en los quintiles uno y cinco, en tanto los restantes aumentan respecto al año anterior, en este caso, los aumentos en el ingreso per cápita de los quintiles dos, tres y cuatro son estadísticamente significativos. Todo esto en una coyuntura en que se sostienen los niveles de desigualdad medidos por el Gini.

Los resultados de la Enaho 2018 muestran que el 21,1% de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328.848 hogares, 23.617 hogares más que el año anterior, en términos porcentuales representa un incremento de 1,1 pp en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa.

El porcentaje de hogares en pobreza extrema presenta un aumento de 0,6 pp, pasando de 5,7% en el 2017 a 6,3% en este año, en términos absolutos representa un aumento de 12.371 hogares, pasa de 86.663 hogares en el 2017 a 99.034 en el 2018. Este cambio en el porcentaje de hogares en pobreza extrema se considera estadísticamente diferente al del año anterior.

La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9%, en términos absolutos representa 1.142.069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8 pp respecto al 2017, es decir, 49.666 personas más en condición de pobreza.

Asimismo, la intensidad de la pobreza (brecha) ha aumentado desde el 2017, colocándola en año anterior en un nivel de 8.3% para el total país, según datos de la Enaho. Esta imposición no es sino un “Nudge” (siguiendo la nomenclatura de Thaler, premio nobel de Economía) perverso, que quiere empujar el consumo de los quintiles de menores ingresos hacia un consumo frugal, disminuido y reducido en términos calóricos, aumentando la diferencia entre niveles socioeconómicos, limitando la capacidad de adquisición de productos y la variabilidad de la dieta; mediante un mandato político que conjeturalmente no favorece a los sectores objeto de su retórica justificación, sino a industrias deprimidas y consumos marginales.

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Martes 26 Marzo, 2019

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