Antes de saber que Óscar López había presentado una gestión ante el TSE, DIARIO EXTRA conversó con Ronald Chacón, jefe de Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, en torno a este mismo caso.
La entrevista se solicitó ante un requerimiento de información del diputado José María Villalta del Frente Amplio.
Chacón dejó claro que el trazado de los recursos es información que reviste de carácter confidencial, basado en la resolución 8142 8142-E3-2017, de la que se extrae solo un fragmento por temas de espacio.
El caso se refiere a la compra de bonos de deuda por ¢1.062 millones al PIN, por parte del empresario autobusero, Raymond Salim Simaan Khachab. Chacón contó que las averiguaciones sobre este caso iniciaron en diciembre de 2017 y que dentro del ámbito de competencia del TSE se toma en cuenta un período que va de octubre de 2017 a febrero 2018. A continuación, un extracto de la entrevista:
¿Qué es el trazado de los recursos?
-Cuando hablamos del trazado de los recursos, estamos hablando de información de naturaleza bancaria, es información evidentemente sensible, y claramente no puede ser dada a conocer, esto de acuerdo con lo que ha resuelto el TSE.
¿Sensible?
- La resolución 8142 8142-E3-2017 dice textualmente: “Por otra parte, la jurisprudencia electoral ha establecido, con fundamento en los artículos 15 y 94 del Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos, que la información, documentación y otras evidencias, que se obtienen como parte del proceso de verificación contable que realiza el Dirección de Financiamiento de Partido Políticos y que puedan dar origen a la apertura de procedimiento administrativo o denuncia al Ministerio Público, revisten carácter confidencial durante la elaboración del informe”.
¿La información sobre el trazado de los recursos es incluso confidencial cuando la solicita un diputado?
-Como le digo, es información confidencial. Lo que es de naturaleza pública es aquello que corresponde a la cuenta bancaria de un partido político.
¿Ustedes determinan que el señor Raymond tenía fondos suficientes para comprar los bonos?
-Correcto. Eso es a partir del análisis de la documentación e información bancaria aportada por el señor Raymond Salim.
¿Si yo mañana aparezco donando ¢1.000 millones a una campaña, ustedes me preguntan de dónde saqué esos ¢1.000 millones?
-Sí, es correcto.
¿Entonces yo tendría que justificar si vendí cajetas, zapatos, o si me lo presto mi mamá?
-Es correcto y aquí es donde resulta de vital relevancia la bancarización y el trazado que la bancarización permite sobre los recursos.
¿Basta con que yo diga que agarré la plata de una sociedad?
-Es necesario que se fundamente o de lo contrario, se hacen las valoraciones pertinentes. En este caso en particular del PIN, se está aportando la documentación que respalda el decir de don Raymond y también lo que incluso certificó un despacho de contadores en relación con los movimientos de este señor.
¿Y qué pasa si él tuviera los ¢1.000 millones en una sociedad y de pronto los pasa a su cuenta personal?
-Este es un asunto que usted me está planteando como posible. Yo lo que le puedo decir es que, de la misma información aportada, uno logra derivar que no da lugar a deducir indicios sobre presuntas irregularidades. Se tiene por satisfecho lo consultado.
¿Pongamos que esos ¢1.000 millones estaban en la cuenta del señor y que él diga que venían de una sociedad, ustedes preguntan cómo llegó ese dinero a esa sociedad?
-En primer lugar, estamos hablando de solvencia económica de la persona que adquirió certificados de cesión. Se hace el análisis de solvencia, el análisis de la información con base en lo que la persona responde y puede haber pasos previos que también se visualicen en la información bancaria.
¿Pero consultan?
-Hay un procedimiento de verificación. También puede que no sea necesario consultarle porque ya viene en la parte precedente.
¿Entonces ustedes dan por clarificado de dónde venían esos fondos?
-Desde una perspectiva técnica, con la información que recibió el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos estaría clarificada en el marco de nuestras competencias.
¿El TSE da fe que el señor Raymond Salim tenía solvencia económica al momento de adquirir los certificados?
-De acuerdo con el resultado del análisis de la información brindada por él y de naturaleza bancaria, efectivamente lo que se deriva es que existía la solvencia suficiente.
¿Esa solvencia es comprobable en el tiempo, no es que el dinero apareció en la cuenta de la noche a la mañana?
-Hay promedios bancarios brindados por entidades financieras que así lo acreditan.
Cinco meses antes, el señor rinde una declaración a la Aresep (hablando de un desequilibrio financiero), ¿entonces cómo aparece después con ¢1.000 millones en su cuenta?
-Yo lo que le puedo señalar es que en la información de la que nosotros disponemos se acredita la solvencia del señor. No podemos exceder aquellos períodos que van más allá a la compra de certificados.
Si yo en noviembre digo que tengo solvencia, ¿ustedes analizan si meses atrás la tenía?
-Estamos hablando de información confidencial, pero efectivamente los diferentes movimientos acreditan la solvencia de don Raymmond al momento en que adquiere los certificados de cesión.
Mi pregunta es: ¿Si de previo a eso ustedes verifican que ese dinero estaba en la cuenta bancaria?
-Los documentos bancarios presentados atienden al período de compra de certificados que fue noviembre, diciembre y enero.
En este caso queda por demostrado la pertinencia de los recursos dentro del patrimonio del señor Salim, puesto que forma parte de los recursos que están en su cuenta. Tenemos la información bancaria que él aportó y la de los bancos.
¿Es que no es cualquier persona física la que dice tener ¢1.000 millones en su cuenta bancaria?
-Se precisó cuál es la cuenta de los recursos y de qué manera ha sido alimentada y nada de esta información trasgrede la normativa electoral. Permite verificar la licitud de los recursos utilizados.
¿Qué sería algo que exceda las competencias del Tribunal?
-Habrá asuntos que tendrán que ser resorte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o de la Fiscalía (No se refiere al caso en específico). En lo que corresponde al TSE, no tenemos elementos que hagan presumir irregularidades o anomalías en este caso.
¿Sobre esos ¢1.000 millones el empresario tenía que pagar impuestos?
-Esa es una pregunta interesante para la Dirección General de Tributación.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Martes 05 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
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