Legislación contra la competencia
Carlos Wyatt / ANFE
Actualmente nuestro país realiza un esfuerzo para ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y para ello trata de aplicar las mejores prácticas en política pública. Al mismo tiempo que esto pasa, el Gobierno sucumbe ante la presión de diversos sectores que piden regulaciones a la medida para impedir la competencia, en perjuicio de todos los consumidores.
Los casos más recientes de una historia de muy larga data son los de los taxistas y los hoteleros. Los primeros vienen dando una lucha feroz desde hace más de tres años contra Uber, pues alegan que se ven perjudicados por la reducción de su clientela, pero nunca quisieron reconocer que la gente se cansó de su pésimo servicio, de taxímetros alterados, de vehículos en malas condiciones y de la falta de cortesía de muchos choferes.
En lugar de reconocer los errores y mejorar su oferta, han presionado a las autoridades para que impulsen iniciativas tendientes a la prohibición del servicio, en perjuicio del usuario. Ya lograron que el Poder Ejecutivo presentara a la corriente legislativa el expediente N° 21.228, un verdadero esperpento regulatorio que, de convertirse en Ley, terminará por impedir la operación de Uber y dejaría a más de 20 mil personas sin trabajo. En pocas palabras, el Gobierno le dijo al usuario: ¡salado, su comodidad y satisfacción no me importa, pues usted no hace berrinche!
El segundo caso es el de los hoteleros, quienes se oponen a la actividad de alquiler de habitaciones, apartamentos o casas mediante la plataforma Airbnb. Aducen que están perdiendo dinero porque la gente ya no va a hoteles sin darse cuenta del exagerado monto que cobran muchos hoteles, lo que los pone fuera del alcance de los consumidores, tanto nacionales como extranjeros. Para nadie es un secreto que eso ha motivado al vacacionista a buscar otras opciones más accesibles para poder disfrutar las distintas bellezas que ofrece nuestro país.
Aunque todavía no se ha presentado ningún proyecto al respecto, ya circula en diferentes corrillos la presión del sector hotelero -representado directamente en la Asamblea Legislativa- que pretende derivar en una iniciativa tendiente a “regular” la plataforma. Como ya nos ha demostrado la historia de este país, “regular” siempre ha significado aplastar la iniciativa privada, llenarla de impuestos y “contribuciones” y reglamentarla hasta hacerla inoperante.
Hace más de 170 años, el célebre economista Frédéric Bastiat escribió una brillante sátira sobre el proteccionismo comercial, en la cual los fabricantes de velas pedían al gobierno impedir la competencia del sol por considerarla desleal. Pedían tapar ventanas y sumir a la sociedad en la oscuridad perpetua para que ellos pudieran prosperar. Quién diría que esos fabricantes de velas se convertirían, con el tiempo, en taxistas y hoteleros que presionan para que se protejan sus ganancias en perjuicio del beneficio de todos los consumidores.
