El Tribunal Penal de Limón condenó al Estado a pagar ¢18 millones por responsabilidad civil en el homicidio contra un reo apellidado López Brenes.
El crimen, que cometió un joven recluso de apellido Aragón, ocurrió en febrero del 2018 en una celda del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón.
El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia informaron la condena de 13 años contra Aragón.
Según información de la Fiscalía, ambos estaban en la celda 5 del OIJ cuando se presentó la riña.
A López lo remitieron a la sede del OIJ para realizarle un examen psicológico, pero el agresor lo atacó, lo tomó del cuello y comenzó a golpearle la cabeza contra el suelo provocándole la muerte.
TRIBUNAL DE JUICIO
El tribunal de juicio compartió la sentencia contra Aragón, además valoró la responsabilidad que tuvo el Estado en el deceso de López en lo que respecta a la acción civil resarcitoria.
Los jueces que analizaron el tema se basaron en el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública para evaluar la responsabilidad civil del Estado, ya que consideran fue omiso en la vigilancia de los dos detenidos.
“La Fiscalía Adjunta de Limón confirmó que, en cuanto a la acción civil resarcitoria, se condenó al Estado al pago de 18 millones de colones.
Lo anterior al comprobarse que fue un descuido, pues ambas partes se encontraban bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial”, explicó el Ministerio Público por medio del departamento de prensa.
SOLIDARIO
El tema de la solidaridad lo analizan los abogados especialistas y la determinación de condenar al Estado por el asesinato es clara en cuanto a la interpretación de la ley mencionada.
“El Estado es responsable solidario de los actos negligentes que realicen los funcionarios públicos que lo representan.
En virtud del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. La razón de eso es que, entre otros motivos, el Estado está obligado a brindarles protección y servicio eficiente a sus ciudadanos. Por eso, se da la solidaridad en la responsabilidad civil en que incurran los funcionarios que hayan sido negligentes”, manifestó el abogado Boris Molina.
HACINAMIENTO
El caso no es del todo desconocido y DIARIO EXTRA estuvo pendiente a los detalles que compartieran las autoridades en aquella oportunidad.
Walter Espinoza, director del OIJ, salió al paso para denunciar el hacinamiento de las celdas judiciales ante la negativa del Ministerio de Justicia a recibir prisioneros.
Según el jerarca, el ahora condenado tenía 11 días recluido sin ejercitarse, ni recibir sol, atención médica o visita de familiares y eso genera un problema de hacinamiento, de salud o incluso de buena alimentación.
En ese momento se plantearon al menos 40 recursos de amparo para descongestionar las prisiones hasta que se presentó el caso con la eventual condena al Estado costarricense.
“Las celdas nuestras se abarrotan de tal manera que las personas que están allí recluidas reaccionan de muchas formas, por lo general de manera muy violenta. Tienen mucho estrés, requieren más atención y se crea un conflicto para el OIJ.
Esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo porque el Ministerio de Justicia no tiene capacidad de recibir detenidos”, indicó en aquella oportunidad Espinoza.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Viernes 15 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA