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Nacionales

“He actuado con ética transparencia y objetividad”

Emilia Navas, fiscala general:

Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República

Durante toda mi carrera en el Ministerio Público, nunca he entrado a conocer ningún expediente judicial que esté siendo representado legalmente por familiares.  En esas circunstancias me he inhibido de conocer esos casos, tal y como lo faculta la Ley.

No es la excepción con el expediente 16-000046-1218-PE, conocido mediáticamente como “caso Infocoop”, el cual se tramita directamente en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

No he tenido ni tengo relación con la causa, tampoco conozco el expediente, pese a que mi hermano no figura como abogado de ninguna de las partes del proceso penal.

En ese sentido, reitero y confirmo que no existe ningún tipo de injerencia para favorecer o perjudicar a alguien, en este o cualquier otro caso que se tramite en el Ministerio Público, mucho menos en la Fapta.

Siempre he mantenido transparencia, objetividad y principios éticos, y he respetado la independencia funcional de fiscales y fiscalas adjuntas, y de fiscales y fiscalas que dirigen investigaciones penales.

 

“Mi rectitud y cumplimientode la Ley por encima del proceso”

 

La ética, los valores y el trabajo que he desarrollado a lo largo de mi carrera judicial respaldan que nunca he utilizado, ni tampoco lo haré, el cargo ni la confianza de los costarricenses para beneficiar a alguien, sea la persona que sea.

Aclaro esto tras la nota publicada en este diario (página 8, 12/02/2019): “Acusan servilismo de fiscales para esposo de Emilia Navas”. Reitero que ningún fiscal ni fiscala del Ministerio Público se ha sometido a la autoridad de ninguna persona, mucho menos a la del abogado representante de la parte querellante del caso que se expone, con quien mantengo vínculo afectivo y familiar.

La publicación permite a la ciudadanía hacer una interpretación errónea, pues el hecho de tener una relación de ese tipo con el director de la querella, de ninguna manera significa, ni ha significado, que en ese o cualquier otro caso exista una relación de “servilismo” entre los fiscales y él.

El fiscal y la fiscala ejercen su función respetando el debido proceso, apegados a la Constitución Política y a las leyes.  En la etapa de juicio, ellos tienen independencia funcional, lo que significa que priva su criterio durante el mismo.

El caso específico que sustenta la noticia se investigó y resolvió cuando yo no era fiscal general. La denuncia ingresó en el 2014; en el 2015 la causa se archivó y meses después se reabrió, y en agosto de 2017 se acusó y solicitó apertura de juicio. Mi nombramiento como jefa del Ministerio Público fue a partir del 13 de octubre de 2017.

Debo señalar que en mi familia existen personas que ejercen liberalmente el Derecho Penal, pero reitero, me he inhibido de conocer esos casos y lo seguiré haciendo. La Ley así me faculta para seguir garantizando la objetividad en los procesos.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Febrero, 2019

HORA: 12:00 AM

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