El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones confirmó mediante el documento DFPP-032-2019, firmado por el jefe de esa oficina, que desconocen el origen de ¢12 mil millones utilizados por los partidos en la última campaña política.
Fue el propio Ronald Chacón Badilla, funcionario a cargo de ese departamento, quien autorizó el informe en el cual exponen dicha situación, donde Tribunal admite que no tiene sustento legal para saber la proveniencia de ese millonario monto.
Ese platal otorgado a los principales partidos políticos a través fideicomisos de deuda política que negociaron algunos bancos privados.
“(…) no resulta dable a esta instancia proporcionar la información relativa a los ‘dueños finales y acreedores reales de los recursos económicos prestados a los partidos políticos por medio de la banca privada’, pues no se cuenta con atribuciones jurídicas para indagar y certificar la composición del capital bancario privado”, se reconoce en el oficio firmado por Chacón.
CONSULTA DE EMPRESARIO
Dicho informe es una respuesta que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio al empresario Juan Carlos Bolaños, empresario señalado en el caso del cementazo, quien pidió a dicha entidad información respecto a los contribuyentes, personas físicas y lista de entidades bancarias privadas que financiaron a los partidos políticos en las elecciones presidenciales de 2018.
En noviembre anterior, DIARIO EXTRA comunicó sobre la particular solicitud que se remitió al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
“Solicito certificar, aunque puede no ser de su alcance, si existen coincidencias entre los directores o miembros de las juntas directivas de los bancos privados que financiaron la campaña política nacional, con los directores o miembros de las juntas directivas de la transnacional Holcim Costa Rica S.A., entre el año 2015 y el año 2017”, aseveró Bolaños a Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento.
También le pidió al Tribunal certificar quiénes son los accionistas, hasta personas físicas, de los bancos privados que financiaron dichas campañas políticas con fondos privados, pues en su momento el TSE adujo que esos datos pueden ser solicitados y tiene acceso cualquier costarricense.
“Pide información relacionada con el financiamiento de los partidos políticos. Pide certificar lista de contribuyentes, personas físicas de la campaña, lista de entidades bancarias privadas que financiaron a los partidos, información que puede solicitar cualquier persona interesada”, externó en su momento Erick Guzmán, secretario general del TSE.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la campaña electoral se tramita por medio de la Banca Pública (recursos públicos, capitales reserva), la Banca Privada (inversionistas o capital del banco), o por medio de la figura de persona física.
En este caso, y según datos que compartió el TSE, casi el 99% de los recursos económicos que recibieron los partidos provinieron de préstamos bancarios, en su mayoría de la banca privada, para un total de casi ¢12 mil millones (ver recuadro) y, según lo que afirma el TSE, no cuenta con sustento legal para conocer la proveniencia de estos.
“En igual sentido, la información sobre ‘los accionistas o dueños de los bancos privados’ no son datos de acceso a este departamento. En concordancia con lo antes expuesto, no se ha identificado situaciones que hagan presumir la existencia de anomalías, respecto a lo referido”, continuó el jerarca.
INFORME
Ayer el magistrado presidente del TSE Luis Antonio Sobrado, y las magistradas suplentes Getty María Bou Valverde y Luz María Retana Chinchilla, presentaron a la Corte Plena un informe de los últimos 6 años de labor del Tribunal. (ver nota aparte)
Llama la atención, en cuanto a la opacidad de quiénes otorgan dinero a las campañas políticas, el pronunciamiento respecto a la participación de la banca privada en el financiamiento de los partidos, que compartió el TSE en el año 2013. Ante la consulta del excandidato Guevara, según oficio N.º 1344-E8-2013, externaba el Tribunal en la resolución final:
“(…) es legalmente posible el financiamiento de una entidad bancaria que forme parte del Sistema Bancario Nacional, que se comprometa con un partido político, a través de un contrato de fideicomiso, cualquier disposición que pretenda limitar, obstruir o impedir las labores de fiscalización del TSE deberá tenerse como nula” y, en consecuencia, “como no puesta en el contrato respectivo”.
Con esto, el TSE daba por sentado que tenía sustento legal para rastrear el dinero que se usa en las elecciones de nuestro país, ante la vulnerabilidad de que se manejen fondos de capitales ilegítimos o estos provengan del extranjero.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Martes 12 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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