Los líderes de los taxistas han mantenido constantes reuniones para revisar el proyecto de Reforma al Transporte Público que, según ellos, tiene muchos problemas de redacción.
“Hemos encontrado muchas partes que no son coherentes, no sabemos si fueron puestas adrede. Está muy mal redactado, como si hubieran hecho un copy paste”, señaló Rubén Vargas de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC).
Esta es una de las razones por las que el proceso se ha tardado más de lo que ellos esperaban y por eso esta semana nuevamente se reunirán para continuar con la revisión. Así esperan tener un borrador de la propuesta con las observaciones al proyecto presentado por el gobierno.
“Ya solo nos falta el régimen sancionatorio, que son las 10 últimas páginas del proyecto. Ya todo lo demás lo tenemos en blanco y negro para entregarlo en diferentes reuniones que vamos a tener con diputados”, agregó Vargas. La idea es convocar el próximo viernes a los taxistas en un lugar amplio para presentarles la propuesta de manera que ellos puedan discutirla y llegar a un acuerdo final.
Los taxistas insisten en el tema de la indemnización que consideran merecen por la competencia desleal de la que fueron víctimas por el trabajo irregular de Uber en el país.
Lo que sí destacaron los dirigentes es que nunca habían estado tan unidos como ahora y por eso están trabajando en una misma dirección.
“Estamos más unidos que nunca, si había diferencias quedaron de lado con este proyecto, porque estamos trabajando de la mano para lograr que los objetivo se cumplan”, indicó Randall Zúñiga de Fuerza Roja Sindical (Furosin) que también participa de las reuniones.
NUEVA PROPUESTA
Por su parte el diputado Jonathan Prendas y sus compañeros del bloque Nueva República, presentaron una iniciativa de ley que busca poner menos trabas a las plataformas y conductores para operar en la movilidad colaborativa de personas.
Aunque rescata muchas cosas del proyecto enviado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, elimina algunos aspectos especialmente relacionados con los requisitos de las aplicaciones y sus socios colaboradores.
“Lo que estamos dando es seguridad jurídica en un rango de lógica y seguridad. Nosotros partimos del hecho la plataforma privada no es un servicio de transporte público, por lo tanto, no se le puede dar igualdad”, señaló Prendas.
Esto especialmente pensado en el hecho de que no se está dando una concesión ni hay un concurso, por lo que las modificaciones van en ese sentido y también pensando en el usuario.
Dentro de los cambios que se proponen, es pasar de 3% a un 1,5% el impuesto que se pone a cada viaje que se realice por medio de las plataformas.
Eso sí el fondo de movilidad se mantiene solo que se le cambia el fin de los dineros para que sean en beneficio del país y no solo de un gremio en específico que son los taxistas.
“Lo que queremos es que estos dineros vayan a un fondo que permita dar el salto cualitativo a nivel tecnológico que necesita el país y dejar de estar ya en una legislación que busca dar una infraestructura anticuada, creemos que hay que invertirlo en mejoras”, recalcó Prendas.
Por ahora ninguno de los dos proyectos ha iniciado el proceso en la Comisión Legislativa, que será finalmente donde se decida cuál llegue a plenario y con qué modificaciones.
