Una denuncia que presentó un exfuncionario del Tribunal Supremo de Elecciones de apellidos Carrillo Álvarez, consigna un posible tráfico de influencias en los procesos de contratación privada de seguridad de la sede central y oficinas regionales de esta institución.
El caso comenzó a adquirir notoriedad a inicios de octubre del año anterior tras la denuncia que se recibió en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, bajo el número de expediente 18-000147-12-18-PE.
El delito que se acusa es de tráfico de influencias. Los denunciados son un hombre de apellidos Poveda Solórzano, a quien señalan como jefe del Departamento de Seguridad Integral del Tribunal Supremo de Elecciones; Alvarado Hidalgo, coordinador de seguridad del TSE; y Rivel Quirós, oficial encargado de mantenimiento de radios de comunicación del TSE. “Están implementando una política de privatización de la seguridad externa y de puestos de seguridad interna de sedes regionales y de los edificios del Tribunal Supremo de Elecciones, ya que el señor Poveda Solórzano ha manipulado los estudios realizados por compañías como JS Analítica la cual recomienda que la seguridad brindada a instituciones públicas y especialmente al TSE, debe estar a cargo de oficiales pertenecientes a la institución”.
INFLUENCIAS
Según la denuncia en poder del DIARIO EXTRA, un funcionario de seguridad de alto rango tendría relación familiar con altos jerarcas de la empresa a la cual se le contrató el servicio.
En la denuncia se detalla que los puestos que se están privatizando, los cuales antes eran custodiados por personal directo del TSE, son sectores sensibles, donde se resguarda material calificado como delicado y de alto valor. “Además, solicito que se investigue la relación o el parentesco que tiene este con las empresas o funcionarios de estas que brindan seguridad externa en el TSE, pues se rumora que un tío del oficial desempeña un alto mando en la empresa contratada”, según se agrega en el documento.
De acuerdo con la denuncia que acogió el Ministerio Público, se pide investigar el crecimiento económico de los denunciados en cuanto a sus bienes muebles y patrimoniales.
Además, se indicó a los agentes de la fiscalía que la auditoría interna del TSE tiene conocimiento de la situación desde el 20 de setiembre del 2018, pero ante la consulta del DIARIO EXTRA la institución negó conocer los hechos.
“La institución no tiene conocimiento de denuncia penal en contra del señor Richard Poveda Solórzano, jefe de la Oficina de Seguridad Integral, tampoco existe procedimiento administrativo en su contra” indicó el secretario general del TSE, Nicolás Prado.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Sábado 02 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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