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Nacionales

¢4 mil millones para brazaletes y cárceles

Monitoreados llegarán a 2 mil en diciembre:

Para diciembre podría haber un aumento de privados de libertad con el uso del brazalete electrónico, según estimaciones del Ministerio de Justicia

Se estima que unas 700 personas más podrán tener el beneficio del brazalete electrónico de aquí a finales de año. Cuando inició esta administración había unos 500 condenados e indiciados en libertad bajo esta condición y a la fecha suman 1.300. 

Para diciembre, la cifra podría llegar a los 2 mil, según estimaciones del viceministro de Justicia, Fabián Solano.

El funcionario aclaró que el dato se trata de una proyección con base en la curva de crecimiento vista en los últimos meses.  

Cabe destacar que no todas las personas que portan un brazalete son privadas de libertad, de acuerdo a cifras oficiales, cerca de un 30% hacen frente a proceso judiciales que bien pueden sobreseerse, desestimarse o acabar en absolutoria o condena. 

Lo que ocurre es que cada vez más los jueces se inclinan a otorgar el beneficio y esto ha conllevado un tema de ajuste presupuestario.

Es por eso que están solicitando al Ministerio de Hacienda que habilite, a través de un presupuesto extraordinario, poco más de ¢4 mil millones. 

Solano explicó que cada brazalete colocado tiene un costo de $17 por día (¢10.370) para el Ministerio de Justicia. Eso hace suponer que, si aumenta la cantidad de monitoreados, aumenta el costo para el Estado. 

Adicionalmente, el pago a la empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), proveedora del servicio, se hace en dólares, así que también hay un incremento de precio por diferencial cambiario. El contrato original era por ¢70 millones. 

 

NO ALCANZÓ

 

Para mayo de 2018, Justicia tenía previsto un presupuesto, pero no se contempló esta curva de ascenso. 

Solano dice que era difícil de prever porque la decisión de a quién otorgar el brazalete es de los jueces, aclaró que el ministerio de Justicia no emite criterio alguno sobre el tema. 

“Nosotros no teníamos toda la curva de ascenso del uso del dispositivo. Si presupuestábamos mucho, iba a ir muy inflado el presupuesto y se iba a subejecutar en un momento de crisis fiscal, así que optamos por pedir más recursos si nos hacían falta y por eso estamos solicitando ese ajuste presupuestario a Hacienda”, manifestó. 

Solano reconoció que la cifra de personas monitoreadas está aumentando “abismalmente”. 

Se pasó de un crecimiento promedio mensual del 8% al 12%. Esto sin contar que el plan en el 2016 comenzó con apenas 99 reos. 

DIARIO EXTRA intentó obtener el criterio de Adriana Orocu, presidenta Asociación Costarricense de la Judicatura, para conocer cuáles son las razones de este incremento, pero al cierre de la edición indicó que se encontraba en una reunión. 

Solano, por su parte, recordó que el brazalete se le puede colocar tanto a personas sentenciadas como a indiciadas. 

Sobre si esto no aumenta la inseguridad en las calles, Solano dijo que la reincidencia en personas sentenciadas no es alta; mientras que en los indiciados no hay una condenatoria todavía. 

Además, aclaró que los beneficiados son monitoreados y que algunos deben permanecer en su lugar de residencia, es decir que no todos tienen el beneficio de salir a la calle. 

La medida la implementó la ex ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, y la idea es que estas personas puedan estar más cerca de la familia y optar por oportunidades laborales que no tendrían en prisión. 

En cuanto a costos, Solano asegura al Estado el brazalete le cuesta menos de la mitad que un privado de libertad.  

Adicionalmente, el Ministerio está pidiendo poco menos de ¢2 mil millones a Hacienda para cumplir con más de 100 órdenes sanitarias por problemas de infraestructura penitenciaria, atender el módulo de mujeres y las comunidades terapéuticas.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

EMAIL: [email protected]

Jueves 24 Enero, 2019

HORA: 12:00 AM

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