Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), insiste en que la educación no es un servicio esencial y así lo determina la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por eso a su criterio un estudiante que no reciba clases podría tener menos oportunidades en la vida, pero no quiere decir que va a morir por no recibir educación.
Así lo indicó este martes en la Comisión de Asuntos Sociales, donde los diputados analizan el expediente 21097, que impulsa la diputada liberacionista Yorleny León y pretende establecer una lista de servicios esenciales con el fin de evitar la huelga.
De acuerdo con Cascante, son servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo el territorio del país.
Fue Catalina Montero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien consultó cómo hacía ANDE para hablar del derecho a la huelga sin pisotear otros como el derecho a la educación.
El dirigente sindical dijo que ningún derecho es más importante que otro. Además que si bien la educación se garantiza como un derecho para los costarricenses, no es calificado como un servicio esencial y la propia OIT no lo califica así porque no está en juego la vida humana como tal. “El hecho que un niño que desgraciadamente no reciba educación lo que puede hacer es hacerlo más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no recibir este derecho”, respondió.
COMEDORES
Nidia Céspedes, diputada de Nueva República, le preguntó a Cascante si también estaba de acuerdo en que los niños no reciban la comida de los comedores escolares y le respondió que la alimentación sí es un servicio esencial, pero no son los educadores los encargados de brindarlo.
“Es un servicio del MEP y no son los educadores los que lo dan como tal, además hay una deuda de más de ¢2.000 millones con los comedores escolares desde octubre, entonces no fuimos los educadores quienes no dimos el servicio, sino quien lo administra son las juntas administrativas, no es responsabilidad del docente. Ojalá los comedores se hicieran un servicio esencial”, sentenció.
Céspedes le replicó que cuando hay una huelga cierran los centros educativos, pero Cascante insiste en que eso es una responsabilidad de las juntas, del gobierno como tal, no de los docentes.
MÁS OPOSICIÓN
El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae-Afines), que también compareció en la audiencia, se opone al interés de los diputados de incluir como servicios esenciales la atención y prevención en salud, así como la atención médica pública.
Para Lenin Hernández, secretario general de Sinae, estos no se definen como esenciales por normas internacionales.
Aclaró que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) posee diversos protocolos de clasificación de pacientes con base en sistemas internacionales utilizados en todo el mundo, como por ejemplo el CTAS, que permite identificar las necesidades del paciente, establecer prioridades y definir el tratamiento adecuado.
Los sindicatos se oponen a este proyecto de ley porque alegan que pretende acabar con el derecho a huelga.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 23 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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