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Nacionales

Proponen anular conciliación con evasores

Proyecto impone tolerancia cero

El diputado Gustavo Viales insiste en que los evasores vayan a prisión y paguen la deuda con el Estado. (Foto: Archivo)

El diputado liberacionista Gustavo Viales impulsa un proyecto de ley para derogar la posibilidad de conciliación que hoy se les otorga a los evasores tributarios.

Se trata del expediente 21.210, denominado “Ley de Cero Tolerancia a la Evasión Fiscal”. Este incluye reformas al Código Penal y al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para que la posibilidad de conciliación no exista más. 

Si llega a convertirse en Ley de la República, la Procuraduría General de la República deberá llevar a la etapa de juicio la mayoría de delitos denunciados, evitando que se dé únicamente el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables.

Es decir, el evasor fiscal no solo tendrá que pagar la deuda sin posibilidad de conciliación o amnistías, pero además podría enfrentar sanciones penales según el caso.

“Esta iniciativa de ley tiene como espíritu dar un papel más relevante a la justicia penal, limitando y restringiendo los supuestos en los que se optaría por aceptar la extinción de la acción penal, mediante una conciliación o una reparación integral del daño, exponiendo así a los evasores a enfrentar el juicio penal y una eventual pena privativa de libertad”, explicó Viales.

DIRECTRICES

 

El liberacionista explicó que en el Gobierno de Laura Chinchilla se implementó una serie de medidas administrativas, vía decreto, para evitar medidas alternas en los procedimientos penales por denuncias de delitos tributarios como la conciliación.

Dichas directrices junto con otras normas permitían discernir en cuáles casos es más imperioso llegar a un acuerdo conciliatorio u otra medida alterna (establecidos en el artículo 2 de dicha directriz) estuvieron vigentes durante toda la segunda mitad de la Administración Chinchilla Miranda. “Estas medidas para combatir la evasión fiscal o por lo menos para asegurar la llegada a la etapa de juicio de los casos de evasión tributaria generó molestia en grupos importantes que vieron sus intereses afectados”, aseveró. 

“Al no poder únicamente pagar sus deudas y verse amenazados a ir a un juicio penal de naturaleza tributaria, estos grupos de poder dirigieron sus esfuerzos a buscar una eliminación de dichas directrices presidenciales. Estos grupos, con la llegada del Gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, encontraron un poderoso aliado que les permitiera derogar la directriz que les prohibía conciliar en casos de evasión fiscal. Por lo que, en unas de sus primeras directrices, a 20 días de empezar su Gobierno, el expresidente Solís deroga la directriz 030-P de la expresidenta Chinchilla Miranda; permitiendo de nuevo la conciliación con grandes evasores fiscales”, afirma Viales.

 

NADIE VA A PRISIÓN

 

El artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos establece una sanción de prisión de 5 a 10 años a quien por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública, sin embargo, en la realidad poco se cumple.

En una nota publicada por DIARIO EXTRA el pasado 10 de enero se indica que en 10 años solo se han dado dos condenas por defraudación fiscal y una está en apelación en Sala Tercera. Ambos casos suman apenas ¢1.000 millones. La Administración se escuda en que muchos de estos casos terminan en arreglos extrajudiciales. A esa figura se le conoce como reparación integral del daño.

No obstante, la recuperación de impuestos por esa vía significó apenas ¢15.700 millones en cinco años, lo que representaría ¢3.000 millones por año en un escenario donde la evasión solo en el impuesto sobre ventas ronda los ¢650 mil millones, según la Contraloría.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Sábado 19 Enero, 2019

HORA: 12:00 AM

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