La defraudación fiscal no lleva nadie a la cárcel en Costa Rica, a pesar de que existe una penalidad para quienes infringen la ley.
El artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos establece una sanción de prisión de 5 a 10 años a quien por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública, sin embargo en la realidad poco se cumple.
Los datos de la Dirección General de Tributación apuntan a que en 10 años solo se han dado dos condenas por defraudación fiscal y una está en apelación en Sala Tercera. Ambos suman apenas ¢1.000 millones.
La administración se escuda en que muchos de estos casos terminan en arreglos extrajudiciales. A esa figura se le conoce como reparación integral del daño.
No obstante, la recuperación de impuestos por esa vía significó apenas ¢15.700 millones en cinco años, lo que podría significar ¢3.000 millones por año en un escenario donde la evasión solo en el impuesto sobre ventas ronda los ¢650 mil millones, según la Contraloría.
De acuerdo con Carlos Vargas, director general de Tributación, se han enviado al Ministerio Público entre 20 y 27 casos en los últimos 10 años para un cobro de ¢27.100 millones, pero se desconoce el estado de los mismos.
Este medio intentó ampliar el tema con Vargas, pero no hubo respuesta al cierre de la edición. Una de las preguntas era cuántas de esas denuncias se presentaron en el último año y por qué la condenatoria es tan baja. El jerarca tampoco precisó el nombre de las empresas involucradas.
Frente a este escenario, DIARIO EXTRA consultó al Ministerio Público por qué no se ve un avance más rápido en casos de defraudación. A través de la oficina de prensa, indicaron que hay que tomar en cuenta varios elementos adicionales al arreglo extrajudicial.
Se menciona que una gran cantidad de casos tributarios se remiten a la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial y, dado que muchos son complejos y requieren dictamen pericial, la resolución o sus ampliaciones puede tardar mucho tiempo, incluso más de un año en su análisis.
Otro factor es que algunos abogados defensores interponen actividades procesales defectuosas desde la etapa de investigación y esto hace que se atrase o paralice, pues tienen que realizarse diversas audiencias en el Juzgado Penal.
El penalista Ewald Acuña es del criterio que muchas veces los casos tributarios fracasan cuando llegan a lo penal, porque ahí no se pueden basar en presunciones.
“Tributación carece de personal y de medios suficientes para dedicarse a la investigación de fraudes fiscales. No ha sido un tema prioridad de ningún gobierno desde el año 1999 al día de hoy”, sentenció.
Sobre por qué nadie termina en la cárcel por defraudación, Acuña dijo que a Tributación lo que le interesa es cobrar la deuda y comparte el hecho de que exista esa posibilidad dentro de la ley para resarcir el daño.
Sin embargo, el experto considera que los diputados podrían ampliar el umbral del delito para que la defraudación fiscal no solo aplique en casos superiores a los ¢200 millones, sino desde los ¢25 millones.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Jueves 10 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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