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Opinión

Exministro evidencia negligencia de gobierno Solís

Editorial

Más que negligente, irresponsable. Así fue el actuar del Ministerio de Justicia, sus exjerarcas Cecilia Sánchez y un tal Marco Feoli, ambos apoyados por el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, con la puesta en marcha de una política de liberación masiva de reos hacia el sistema semiinstitucional.
Durante la administración anterior más de 5.000 reclusos con condenas en firme fueron beneficiados por esa cartera, dormir en centros de baja contención un día, apenas ir a firmar por mes, nada de seguimientos, cero vigilancias.
Cuando comenzaron a registrarse los primeros hechos violentos, cuyos protagonistas eran esos reos que estaban alcahueteando, el mandatario dijo que una “golondrina no hacía verano”, eso cuando mataron a un comerciante honesto en una humilde venta de pollo que tenía en el garaje de su casa.
Lo que estaba sucediendo encendió la alerta del entonces ministro de Seguridad, Gustavo Mata, un policía con más de 30 años de servicio en el Poder Judicial, abogado, conocedor de la materia penal, pero su voz fue silenciada por Sánchez y Feoli. El apoyo del Ejecutivo estaba con las medidas de baja contención para los internos.
Se le negó a Mata referirse al tema ante los medios de comunicación y DIARIO EXTRA publicó cómo se le limitaron a Seguridad Pública datos sobre los internos, que cada día salían por decenas. Catalogamos esa conducta como burro amarrado contra tigre suelto.
Fue entonces cuando las estadísticas comenzaron a evidenciar lo que se temía. La criminalidad subió, pero aun así el Ministerio de Justicia seguía incentivando las gestiones para ofrecer más privilegios a reos con condenas que iban hasta los 10 años por narcotráfico, robos, asaltos, delitos sexuales y homicidios. Incluso hubo internos con sentencias que solo fueron a la cárcel dos o tres meses y después para afuera. Para verdades el tiempo, además entre cielo y tierra no hay nada oculto. Gustavo Mata vino a reafirmar lo sucedido a ocho meses de dejar su cargo, justo cuando una golondrina del narcotráfico, ayudado por sus dos hijos, ambos ya conocidos de la policía, quisieron robar ¢30 millones y fueron abatidos a balazos por un oficial de seguridad. El padre fallecido, de apellidos Quesada Ramírez, recibió un beneficio tras una sentencia a 8 años por narcotráfico y robo, así lo confirmaron el OIJ y Justicia.
Estas fueron sus palabras: “Mi apoyo a ese valiente oficial de seguridad privada que antepuso su vida por la de otros y aplicando el protocolo evitó un mal mayor en ciudadanos de bien. El que delinque debe estar en la cárcel y cumplir su condena, no debe andar libre, con medidas que solo dejan dolor. Desde que fui llamado como ministro técnico a @seguridadcrc, me opuse al cambio de medidas para quien delinque y se le demuestre su culpabilidad. El que es condenado es condenado, nada de andar en la calle haciendo el daño a personas de bien. ¡Inaceptable que tanto condenado ande en la calle, poniendo en riesgo a las personas y propiciando un aumento en los delitos como recién sucedió! Si bien es cierto murieron delincuentes hoy, también está en riesgo la vida de dos civiles de bien”.
Mucho se especuló sobre la posición de Mata en aquel momento, pero era claro que el experto estaba en contra de tan descabelladas ideas, dejar libres a las golondrinas, hacer cárceles sin rejas y aposentos de más de $22 millones, que se subutilizaron en la administración anterior, con jardines, gimnasios multiuso, salones de clases y todo, mejor que cualquier escuela y colegio a los que puedan acudir nuestros niños y adolescentes.
Sánchez y Feoli se enfrascaron en una pugna con la ciudadanía, llamaron locos a quienes se oponían a su política de liberación y traslado de reos al sistema semiinstitucional, insultaron, ofendieron y denigraron a todo aquel que emitía un criterio mejor o más profesional. Defendieron a los miles de reos que estaban rejas afuera con historiales delictivos de consideración y expusieron a los ciudadanos.
Está bien, son seres humanos que pese a su condición deben respetarse sus derechos. Estar en una cárcel no implica ser denigrado, violentado o vulnerado, pero eso no quiere decir que las sanciones que establece la ley no se cumplan, no implica ser irresponsables, no significa ser alcahuetes.
Las leyes se hicieron para cumplirlas y los jueces son los primeros llamados a ejercer con responsabilidad, deben poner las barbas en remojo y analizar realmente esos beneficios, que la misma norma regula para que no se conviertan en cuchillo para el propio pescuezo.
En buena hora la ministra Marcia González pidió una revisión exhaustiva de tales medidas, era obvio que debía ponerse un límite. En una entrevista que ofreció a DIARIO EXTRA hace unas semanas, la jerarca confesó que los estudios técnicos fueron revisados y serán más cuidadosos al momento de ofrecer beneficios a reclusos.
Explicó en su momento que no forzarán bajo ninguna circunstancia la salida o el traslado de internos al sistema semiinstitucional, pues al entrar a la gestión la reincidencia sobrepasaba el 10%, cifra considerable.
Muy satisfecha externó que en estos ocho meses lograron bajar esa cifra y son muy vigilantes de quiénes y cómo se seleccionan los internos para esas medidas carcelarias de baja contención.
Detalló que ella está en contacto con el Ministerio de Justicia, pues no puede haber un divorcio porque la seguridad de los ciudadanos es lo primordial. Eso sí, indicó que luchan contra el abandono de más de tres décadas del sistema penal y que las megacárceles que hicieron sus antecesores se usan como se debe, pues se gastó mucho dinero público.

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Sábado 05 Enero, 2019

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