La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) presentó un recurso de amparo contra la ministra de Hacienda Rocío Solís, y la tesorera nacional, Marta Cubillo, alegando que las municipalidades no han recibido los recursos que por ley deben recibir para dar mantenimiento a la red vial cantonal.
Según ANAI durante el 2018, Hacienda solo ha girado 4 de los 6 tractos que indica la Ley 8.114, (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria), la cual destina el 22,25% del impuesto a los combustibles para arreglo de las vías públicas cantonales.
Esta situación mantiene en deplorable estado muchas vías del país. DIARIO EXTRA ha recibido en las últimas semanas denuncias del mal estado de estas carreteras sin que el gobierno local intervenga.
“Estamos conscientes de que las finanzas públicas están en una situación muy complicada, pero no podemos hacernos indiferentes cuando se afecta la gestión de las municipalidades. La ciudadanía será la más afectada cuando sus calles empiecen a sufrir por no recibir mantenimiento”, externó Leonardo Chacón Porras, alcalde de Dota y presidente de la ANAI.
A esta falta de recursos hay que agregar que en el recién aprobado presupuesto extraordinario de la República se aplicó una rebaja de ¢1.528 millones, cuyo fin era también darles mantenimiento a las vías vecinales.
ECHAN CULPA A DIPUTADOS
DIARIO EXTRA consultó a Hacienda el estado actual de los recursos que se deben girar por la Ley 8.801 que se aprobó en 2015 y que repartía ¢63 mil millones en tres años a los gobiernos locales para la red vial.
Según un correo electrónico enviado por la oficina de prensa, el ministerio se lava las manos y señala que la traba está en el Congreso.
Hacienda explica que la Ley 8.801 basa las disposiciones para hacer los giros según el artículo 170 de la Constitución Política y se vincula con el presupuesto ordinario de la República.
La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será progresiva, a razón de 1,5% por año, hasta completar el 10% total. El giro de los fondos deberá hacerse en tres tractos, en la primera quincena de enero, abril y julio de cada año.
“En cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a las municipalidades los recursos correspondientes a ese período”, indica el comunicado.
“Siguiendo lo establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley 8.801, se presentó y aprobó la Ley 9.329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, siendo hasta el momento la única que autoriza la transferencia de competencias. Sin embargo, esta ley establece la transferencia de competencias únicamente para el tema de seguridad vial cantonal, es decir, no se pueden realizar transferencias de nuevas competencias o de competencias de otros temas”, agrega la información de Hacienda.
La Ley 8.801 debía trasladar recursos de forma gradual en tres años de la siguiente manera: ¢21 mil millones en el 2016; ¢21 mil millones en 2017 y ¢21 mil millones 2018, para un total de ¢63 mil millones.
Las municipalidades atienden el 82% de la red vial del país, con apenas ¢30 mil millones para dar mantenimiento a 35 mil kilómetros de caminos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 17 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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