La Dirección de Asesoría Jurídica de la Cancillería reconoció que hay una causa penal contra la recién designada embajadora de Costa Rica en Francia, Sonia Marta Mora.
En la Casa Amarilla indicaron además que conocían la causa penal a la hora de hacer el nombramiento, lo que para varios legisladores va contra el artículo 18 del Estatuto del Servicio Exterior.
La exministra de Educación es investigada desde el 7 de junio de 2016 por la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José por el delito de desobediencia. Según la Fiscalía, el caso se tramita bajo la causa 16-000631-0648-PE.
En otras palabras, pese a ese proceso, que data de hace un año y cinco meses, la Cancillería procedió a enviar el beneplácito al Gobierno francés para que aceptara a Mora como embajadora.
El artículo 18 del reglamento indicado señala entre los requisitos para el nombramiento en comisión y de los funcionarios técnicos no solo tener la preparación académica, ética, cultural y de civismo y conducta, sino que también hace una serie de salvedades.
Una de ellas se establece en el inciso g, el cual manifiesta que se debe presentar “declaración jurada de no tener causas penales pendientes en Costa Rica u otros países, y de estar al día en el pago de las obligaciones que tenga en materia alimentaria”.
Señala que, en caso de no cumplirse con dichas salvedades, como la antes mencionada, “no se tramitará ni se suscribirá el respectivo acuerdo de nombramiento”.
Pese a lo anterior, Natalia Córdoba, directora de Asesoría Jurídica, defendió la designación de Mora y dijo además que, en todo caso, quien puede revocarla es el Consejo de Gobierno, tal como lo establece el artículo 147 de la Constitución Política.
“Las declaraciones por parte de doña Sonia Marta fueron presentadas a la Dirección General del Servicio Exterior, se verificó el cumplimiento del requisito y de acuerdo a las conversaciones y ampliaciones juradas que se han rendido en el caso de doña Sonia, a ellos no se les tiene en estos momentos en condición de imputados de esas causas.
Hay una fase de preparatoria de investigación donde no hay una imputación de cargos hacia ellos, entonces bajo esa lógica, en este momento se cumple con el requisito de tener una declaración jurada, que es lo que pide el reglamento”, explicó.
Añadió: “No hay una causa que haya sido notificada como un requerimiento de ley sobre la imputación de un cargo a ninguna de esas dos personas y, en ese sentido, no hay una valoración por parte de la Dirección del Servicio Exterior ni de la Dirección Jurídica que haga presumir un incumplimiento del artículo 18”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
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Viernes 16 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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