La ubicación fuera de la zona urbana y la cercanía con fincas bananeras son factores que aprovecharon cinco policías penitenciarios destacados en la cárcel de Guápiles para ingresar droga a las celdas.
Estos movimientos los detectó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, procedió a detenerlos por medio de una serie de allanamientos.
En total los agentes judiciales efectuaron diez intervenciones en Guápiles, Pocora y Cariari en la provincia de Limón, así como en San Rafael de Heredia y Puriscal al oeste de San José.
No obstante, el punto de mayor importancia para las autoridades fue el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas en La Roxana de Pococí, ahí ubicaron a cinco policías de apellidos Anzora, Brenes, Jiménez, Paguaga y Rivera, además un privado de libertad conocido como Camacho, a quien los oficiales le entregaban los estupefacientes.
El caso fue tan importante para los cuerpos policiales que Walter Espinoza, director del OIJ; Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, y Marcia González, ministra de justicia, supervisaron el operativo personalmente.
Espinoza explicó cómo el grupo operaba desde agosto del año anterior, principalmente se servían de la oscuridad de la noche para hacer de las suyas.
“Los policías aprovechaban su función para permitir el ingreso de marihuana y cocaína mientras se encontraban en los fortines, que son los sitios de vigilancia y custodia ubicados en los perímetros de las cárceles.
Ahí se movilizaban otros miembros de la organización para dejar los paquetes, el policía los recogía, los introducía en el centro penal y se lo entregaba a un hombre de apellido Camacho para que lo distribuyera.
Las entregas se efectuaban a cualquier hora, pero generalmente las hacían en la noche porque era más sencillo, la ubicación del centro penal, al encontrarse rodeado de fincas bananeras, aprovechaban la oscuridad para hacer los envíos”, relató.
Mensualmente, los oficiales cobraban desde 900 mil hasta un millón doscientos mil colones por ingresar una libra de droga, el equivalente a medio kilo. Durante el tiempo que el Ministerio Público los investigó efectuaron 12 envíos, en este período pudieron meter alrededor de seis kilos y generaron ganancias hasta de ¢12 millones.
Además, los encargos en varias ocasiones incluían teléfonos celulares con sus cargadores, el cobro por cada uno de estos aparatos era de ¢100 mil.
Después de efectuar la operación, a los oficiales penitenciarios les pagaban por medio de transferencia electrónica, para así evitar pérdidas de dinero, incluso una mujer era parte de la organización y se encargaba de llevarles las cuentas y realizar los depósitos.
En total se detuvieron a 11 personas bajo la operación llamada “La Leticia”, porque así se le conoce a la cárcel intervenida este miércoles, a todos los detenidos los enviaron a los Tribunales de Justicia bajo los cargos de tráfico de drogas, mientras a los oficiales se les investigará por aprovechar su cargo de función pública para vender y distribuir sustancias prohibidas dentro de los centros penitenciarios.
ATARON CABOS
La investigación inició a finales del año 2017 por medio de una denuncia que efectuó la Policía Penitenciaria a la Fiscalía luego de notar la regularidad de varios decomisos, así lo explicó su director Pablo Bertozzi.
“A nosotros nos pasan denuncias todos los días de lo que ocurre en los centros penales del país, pero tras revisar una serie de quejas, establecimos que había indicadores de que estaba ocurriendo algo muy grave en La Leticia, a raíz de eso nos acercamos a la Fiscalía, fiscales de crimen organizado tomaron el caso y a partir de ahí se efectuó la denuncia”, comentó.
Durante ese tiempo, dichos fiscales le brindaron detalles al OIJ para que hiciera las diligencias respectivas, hasta este miércoles que se logró la detención.
Entre la información se consiguió revelar que el inspector se encargaba de hacer los roles para ubicar a sus cómplices en lugares específicos con el propósito de que los narcos les entregaran la mercadería.
Incluso se conoció que el inspector había renunciado semanas antes de las diligencias judiciales justificando su salida por una mejor oferta de trabajo, pero al final lo ubicaron en su casa.
En datos del Ministerio de Justicia, el grupo lo conformaban cuatro agentes que tenían de seis a diez años laborando en la institución y un inspector que contaba con dos décadas de experiencia en centros penales.
Tanto Bertozzi como González coincidieron que estas intervenciones seguirán, tampoco descartaron la participación de más policías en el caso de “La Leticia”, pero eso lo determinará el Ministerio Público en la investigación.
LO DIJERON
• Walter Espinoza
Director del OIJ
“No es entendible ni permisible que una persona a quien el Estado le paga para que vigile un centro penal aproveche esa circunstancia para introducir y vender drogas”.
• Marcia González
Ministra de Justicia
“La idea es que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que en los centros penales no se están cometiendo delitos y estamos haciendo todo lo posible para erradicarlos. El compromiso es total por la profesionalización de la Policía Penitenciaria y les estamos dando todo el apoyo, estos movimientos seguirán”.
• Pablo Bertozzi
Director de la Policía Penitenciaria
“Los oficiales se amparaban en la noche para recibir los envíos, utilizaron los elementos como las zonas solitarias para facilitar el ingreso de la droga”.
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CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley y Orfilia Diaz, corresponsal
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Jueves 15 Noviembre, 2018
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