Los diputados Melvin Núñez Piña del Partido Restauración Nacional (PRN) y Óscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) criticaron a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), a quienes reclaman por estar más preocupados en la protección de los manglares que en buscar una solución para los más de 3 mil puntarenenses que viven de la pesca de camarón y están pasando hambre.
Cabe recordar que desde 2013 la Sala Constitucional dijo que la pesca de arrastre del camarón es ilegal debido al daño ambiental ocasionado al fondo marino y ordenó al Gobierno buscar una alternativa técnico-científica para brindar una solución a esta actividad productiva.
Pero las autoridades no dieron solución y, el pasado 31 de agosto, la Sala en un nuevo fallo dio un plazo de 6 meses a Incopesca para encontrar una salida.
Las autoridades responsables comparecieron en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, donde el ministro del MAG, Renato Alvarado, reconoció que a la fecha (dos meses después) no han podido acreditar las 6 licencias previstas para ejecutar la investigación y que con suerte estarán listas para febrero próximo.
“Tenemos el compromiso de 6 licencias de investigación para hacer investigación para la pesca de arrastre, de fauna de acompañamiento, del crecimiento de la biomasa, queremos hacer esto técnica y científicamente bien, no correr para evitar tropiezos, que tenga un blindaje con ciencia y técnica. Esperamos que para el año entrante en febrero estén listas, por una cuestión presupuestaria”, señaló Retana.
Recordó que el pasado 24 de setiembre mantuvo una reunión con los pescadores, donde asumió compromisos, y han estado visitándolos, revisando sus solicitudes y demandas. Aseveró que parte de los cambios a realizar comprenden ordenar Incopesca.
“Yo comprometo mi palabra de que las cosas las vamos a hacer en los plazos y tiempos que estamos hablando con los compañeros pescadores”, enfatizó el jerarca.
PRIMERO EL SER HUMANO
Las explicaciones de las autoridades crearon molestia entre los legisladores. Para Cascante, la respuesta de los jerarcas refleja que no hay voluntad de resolver el problema y reclamó, junto a los otros miembros de la comisión, que el presidente de Incopesca Moisés Mug ni siquiera asistió.
“Creo que no hay voluntad, si el presidente de Incopesca fuera de Puntarenas, ya el problema estaría resuelto. Usted dijo, don Renato, en una de las primeras audiencias, que el ser humano era el primero a ser protegido, pero en este caso no ha sido así, hay que estar ahí para ver la hambruna que se vive en Puntarenas”, señaló el socialcristiano.
Cascante también cuestionó que, aun cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ha querido implementar iniciativas con Incopesca para llevar este proceso, ha sido imposible.
“El departamento legal de Incopesca no le interesa que esto camine. La pesca de camarón no está enterrada si sacamos el estudio a tiempo y el proyecto de ley”, recalcó el legislador.
Un criterio similar esgrimió el diputado Melvin Núñez, quien dijo no entender por qué Incopesca no ha invertido en los pescadores y subrayó cómo están dejando con hambre a más de 1.600 personas.
“Yo estoy a la disposición para hacer algo, pero no para poner pretextos, y la pesca de camarón la tienen jodida ustedes, hace rato vienen cerrándola y no tienen la contemplación del hambre que vive Puntarenas. Hambre por estas leyes que conservan todo, menos al ser humano, mi gente pasa hambre y ustedes no tienen conciencia de eso, sí tienen conciencia del manglar”, declaró el diputado Núñez.
PATRIMONIO NATURAL
Precisamente, una de las trabas legales y ambientales que impiden que el cultivo de camarón se expanda en el país la constituye que, desde el inicio de dicha actividad productiva en los años 50, se hizo en zonas de manglar.
La viceministra de Agua y Mares, Haydeé Rodríguez, explicó que, en el país, existen 1.328 hectáreas para cultivo de camarón y están ubicadas en ecosistemas de manglar.
El camarón de cultivo representa el 84% de la producción nacional del país, el problema es el lugar donde se produce. Esto porque de los manglares dependen el 80% de las especies marinas comerciales, por eso se les llama criaderos o viveros y tienen la categoría de Patrimonio Natural del Estado.
Es decir, sin sumar todos los beneficios que otorgan al medio ambiente, pretender destruir los manglares para beneficiar el cultivo del camarón sería un contrasentido.
Hoy, solo una de las 133 empresas criadoras de dicho crustáceo cumple con todos los requisitos legales. Es decir que el resto no realiza esta producción de forma sostenible, como lo pide la ley.
Lo anterior porque la Ley Forestal de 1996 permite continuar los permisos a estas camaroneras y salineras, siempre y cuando cumplan con medidas legales, pero no las deja ampliar su ámbito de ocupación, aparte de que hay impedimento para crear permisos nuevos.
De momento, la solución científica y técnica que se ha propuesto para reactivar la pesca de arrastre parece lejana, y, por otro lado, ampliar el cultivo de camarón como alternativa, al menos en la zona de manglar, tampoco es viable.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 12 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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