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Nacionales

Diputados alcahuetean crimen organizado

Denuncian Fiscalía, OIJ e ICD

La fiscala general Emilia Navas, Walter Espinoza, director del OIJ, y Guillermo Araya, jerarca del ICD, se oponen al proyecto dictaminado.

Bharley Quirós Navarro

[email protected]

 

W

alter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la fiscala general Emilia Navas pegaron el grito al cielo y atacaron a los diputados de oposición.

A los legisladores los señalan de querer aprobar una ley de extinción de dominio que, lejos de combatir el crimen organizado, limita su ámbito de acción al excluir delitos como la corrupción, el enriquecimiento ilícito, contrabando y tributarios, terrorismo, tráfico de personas, pornografía infantil. 

En palabras de Espinoza, el texto aprobado en comisión por cuatro bancadas (Liberación, la Unidad, Restauración y PIN) “es un papalote”, que en la parte funcional no sirve de nada. 

En conferencia de prensa junto a Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), los jerarcas exigen que los congresistas vuelvan al texto original que el Ministerio Público había confeccionado.

“Este proyecto de ley nos limita y prácticamente sólo permite la extinción de dominio cuando tiene que ver con el tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y con algunas otras conductas que no necesariamente producen tantos bienes o dinero.

Pero elimina la posibilidad de manera absoluta y total para que el Ministerio Público y la policía pueda investigar y aplicar extinción de dominio cuando se trata de delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, pornografía infantil, fraudes, homicidios, sicariato, delitos tributarios y otras conductas que están vinculadas con crimen organizado y que producen altos bienes y fondos”, señaló Espinoza.

El argumento de parlamentarios, como Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional (PLN), Pablo Abarca de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Zoila Volio de Integración Nacional (PIN), es que para estos delitos que se excluyen en la ley, ya existe suficiente legislación y por ello se enfocaron en restringir la extinción de dominio al narcotráfico.

Pero Espinoza insiste que entender las cosas de esta forma no solo es limitada sino un error.

“Hay que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales, no solo la de drogas, hay que quitarse la visión de que solo el tráfico de drogas produce dinero y ese escollo es insalvable e instamos a los diputados a reconsiderar su posición y retomar el proyecto de ley que tiene una visión más objetiva, más clara y contundente”, refutó el jerarca del OIJ.

 

¿INTERESES?

 

La fiscala Navas incluso se cuestionó qué interés puede existir para que estos congresistas excluyan el delito de corrupción de la propuesta de ley. 

Recordó que la ley de extinción de dominio es un instrumento de justicia social y si los hechos de corrupción generan pobreza e impiden el desarrollo de una zona o un país, no es posible que haya un proyecto que vaya a ser aprobado donde se excluya a quienes cometen actos ilícitos. 

“No entiendo cuál es el objetivo de excluir las investigaciones de hechos de corrupción o los otros delitos, pero además es un proyecto que no se va a poder aplicar, porque tiene falencias a nivel de procedimiento legal y penal que va a impedir ver resultados. 

Si el discurso de los señores diputados y diputadas es ‘luchemos contra la corrupción y el crimen organizado’, no entiendo por qué excluyen de la ley este tipo de delitos. Ustedes tendrán que investigar el motivo”, apuntó Navas. 

Consultados por DIARIO EXTRA, Abarca y Viales señalaron que las exigencias del Ministerio Público son subsanables, aunque creen que las declaraciones de Navas y Espinoza son apresuradas.

“Me parece que las declaraciones fueron apresuradas, incluso temerarias, considerando que el proyecto tiene más de tres años en la corriente legislativa y lo que se dio fue un importante avance, incluyendo medidas de aseguramiento para que la Fiscalía pueda solicitar la inmovilización de cuentas bancarias y de bienes producto del narcotráfico y del crimen organizado”, indicó el liberacionista Viales.

Para Fernando Berrocal, exministro de Seguridad, enfocar el proyecto para atacar el narcotráfico es la línea correcta.

Él recuerda que ya había trabajo, siendo jerarca, en un texto basado en la legislación colombiana, que buscaba combatir el narco, el lavado de dinero, y que a su juicio era constitucional. 

 

INVERSIÓN DE LA PRUEBA

 

El Ministerio Público insiste en que se apruebe esta ley de forma que ellos puedan invertir la carga de la prueba. 

Es decir, que mientras se lleva un proceso penal, a esa persona se le puedan incautar los bienes y pasen al Estado de forma inmediata.

“En el proceso penal es muy difícil, porque usted tiene que demostrar el uso o la proveniencia de manera absoluta y total, en extinción de dominio es diferente, usted establece que la persona nunca ha trabajado y es dueña de 40 condominios de 1 millón de dólares cada uno y usted estudia a la persona y se da cuenta que tiene actividades negociales que son eventualmente criminales.

Eso permite al Ministerio Público que mediante la aprobación previa de un juez se extinga el dominio”, explicó Espinoza.

Agregó que no se trata de que el Ministerio Público o la policía vayan a quitar artículos a las personas, ya que existe una regulación y un respectivo proceso con vigilancia de un juez.

Precisamente este elemento de la ley es el que genera más inquietud y dudas. Así lo señala el abogado constitucionalista Fabián Volio.

“Partiendo de la tesis que esto no es un caso penal, a usted le tienen que demostrar la conducta, no para condenarlo, pero sí para poder comisar la propiedad privada.

Entonces si a esa persona se le comprueba el lavado, digamos vía civil, hasta ese momento se le puede extinguir el dominio, pero el proyecto tiene ese defecto y dice que se le puede quitar desde antes la propiedad a la persona que cometió el ilícito”, expresó el abogado.

Pero a pesar de que el OIJ y la Fiscalía insisten en que para eso existe la figura del juez, Volio dice que en el proyecto, en su artículo 78, no se le pide a este que demuestre la conducta delictiva.

 

PEDIDO

 

Navas y Espinoza piden a los parlamentarios que se vuelva al documento que ellos presentaron. Sin embargo, los diputados creen que existe la posibilidad de modificar el dictaminado vía mociones. 

La fiscala agregó que el texto dictaminado tiene además otros problemas, por ejemplo, en el procedimiento de regulación de prueba, participación de las partes involucradas, plazos, los medios para asegurar los bienes adquiridos ilícitamente, y se convertirá en un procedimiento lerdo, inaplicable.

Araya también apuntó que en la iniciativa solo se considera como bienes dinero y valores, pero no se contempla la vinculación de las criptomonedas (moneda virtual) con el crimen organizado, los títulos valores y otros medios de pago usados hoy en estos hechos delictivos.

 

SOBRE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 

• Walter Espinoza

Director OIJ

“Nos dan una ley sin armas, poco beligerante, que no va a servir. Una ley que ya seleccionó y escogió desde antes quiénes van a hacer los clientes y el público meta del Ministerio Público y eso no lo queremos y no lo aceptamos bajo ninguna circunstancia”.

 

• Emilia Navas

Fiscala general

“Preocupa que se quiera sacar ese tipo de criminalidad de esta ley, porque actualmente se están investigando hechos de corrupción. Hoy el Ministerio Público tiene como política prioritaria luchar e investigar la corrupción. Yo necesito una ley de extinción de dominio que me permita luchar contra la corrupción, pero que no me restrinja la posibilidad de quitarles los bienes a las personas que han cometido hechos de corrupción”. 

 

• Guillermo Araya

Director del ICD

“La administración de los bienes debe ser oportuna y que cumpla con el control gubernamental, aquí se limitan las potestades que va a tener el ICD para la administración de los bienes incautados. No compartimos que un porcentaje significativo de esta ley vaya a financiar la hacienda pública porque eso atenta a la separación de poderes y potencia mucho más el riesgo del involucramiento político en las acciones judiciales”.

 

• Gustavo Viales

PLN

“La fracción del PLN está dispuesta a revisar redacciones que incluyan otros delitos como lo explican en el tema de corrupción, siempre que se vaya a atender los delitos de corrupción grandes y no se quede una medida tan poderosa para ver si un oficial de tránsito cobra dádivas o no”. 

 

• Fabián Volio

Abogado constitucionalista

“Yo estaría de acuerdo en agregar esos delitos (corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando y tributarios), me preocupa que se insista en revertir la carga de la prueba, porque no es aceptable en una democracia que a usted le quiten sus bienes sin haber demostrado una conducta delictiva”.

 

• Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad

“Es un proyecto que es necesario, es un arma fundamental para combatir la narcoactividad y el lavado de dinero, pero debe circunscribirse a temas de narcotráfico y lavado de dinero y acabar con los activos del negocio de la droga. Estoy en contra que se amplíe a otros delitos, porque podría convertirse en un instrumento peligroso de persecución desde la Fiscalía General”.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Viernes 09 Noviembre, 2018

HORA: 12:00 AM

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