En la Universidad Nacional (UNA) decidieron echar atrás a medias en la remodelación de la Plaza de la Diversidad Cultural y la construcción de la Casa Estudiantil, que tenían un costo de $14,5 millones (¢8.700.000.000 al tipo de cambio de este lunes), mediante la revocatoria UNA-PLDI-RESO-1364-2018.
Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, informó que este lunes recibió una llamada telefónica de Alberto Salom, rector de la UNA, donde le indicaba sobre la revocatoria del proyecto.
Esta situación tenía un panorama positivo entre los legisladores que conforman la comisión en el Congreso, sin embargo cuando Salom y Nelson Valerio, proveedor de esa casa de enseñanza superior, explicaron a profundidad el accionar fue un baldazo de agua fría al enterarse que más bien la obra tendría un aumento en su presupuesto, pero no descartaron que se mantenga o se reduzca.
“Debo decir que aunque quiero ser honesto, estamos convencidos del proyecto. Con esa resolución de revocatoria vamos a llevar el asunto a lo interno de la universidad para replantear el proyecto, pero en la UNA no hay unanimidad con la decisión”, declaró Salom ante los congresistas.
A OFERTAS
Valerio explicó en el Parlamento que hasta el momento la universidad no encuentra ninguna razón de legalidad dentro del procedimiento de licitación que obligue la revocatoria de la licitación.
Además señaló que los permisos de construcción no se tienen hasta que esté definido el contratante, por tal razón empezaron a analizar las razones de oportunidad para revocar la adjudicación.
“Puedo decir que tenemos observaciones de Bomberos, nos indican un elemento técnico que debe modificarse y puede ser también que surjan nuevos cambios”, comentó el proveedor de la UNA.
“Aquí lo que estamos haciendo es devolver a etapa de análisis para garantizar que las observaciones que se hagan las instituciones (Salud y MEP) no tengan un impacto dentro del contrato que nos obligue a tomar decisiones diferentes. Aún no sabemos si se va a declarar desierto o si se adjudica”, destacó Valerio.
La diputada liberacionista Silvia Hernández mostró su malestar por el accionar, que a su interpretación no detiene las obras, tomando en consideración que, según dijo, varios decanos le enviaron una nota a Salom donde le expresaban una serie de necesidades profundas como la falta de más cupos y matrículas, aspectos que podrían abordarse con los $14 millones.
Ante ese comentario el rector aseguró que la primera vez que compareció aclaró que por razones de tipo legal no se puede utilizar el dinero para ese tipo de cosas, ni para becas.
¿CRECE EL PRESUPUESTO?
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) lamentaron que los criterios de oportunidad sean para revisar si falta algo y cuestionó directamente si esas observaciones iban a subir el monto final de las obras.
“Ustedes dicen que en la institución no hay consenso para detener la construcción y Disneylandia está abierto en la UNA porque todo está perfecto, no queda claro si se posterga el proyecto para meterle más costos o reducirlo unos millones, no queda claro qué es lo que está pasando, lo que sí entiendo es que las obras van porque van”, expresó Pablo Heriberto Abarca, legislador del PUSC.
Ante el malestar de Abarca, el proveedor de la UNA dijo que la intención con el criterio de oportunidad es retrotraer el proceso de adjudicación de licitación.
Incluso apuntó que la obra puede tener alguna modificación, esos cambios no se sabe de qué tipo van a ser, pueden ser aspectos que no toquen el presupuesto para la obra, “o puede ser que lo aumente o disminuya”.
En la bancada verdiblanca el malestar sigue latente y en esta ocasión Carlos Ricardo Benavides insistió en que ese proyecto no debe realizarse por los términos en que se planteó, incluso considera que no es algo prioritario tomando en cuenta las múltiples formas para invertir esa cantidad de dinero ($14 millones), incluyendo las sedes regionales.
“Los superávits hay que invertirlos en infraestructura. Claro, si no se invierten en sedes regionales le quedará dinero para tenerlos en esa buchaca para invertirlos en la sede de Heredia. Si no amplía la matrícula le sigue llegando dinero del presupuesto y del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y así pensar en otras obras innecesarias”, dijo el jefe de fracción liberacionista.
“Esta noticia de la revocatoria es pasajera, significa que salvo que después lo repienses y se declare desierto, pero sigue latente a que los costarricenses nos llevemos el colerón de que desarrollen una obra que no corresponde con las prioridades que debería tener no solo la UNA, sino el pueblo en la aguda crisis donde los presupuestos deben estar priorizados”, añadió.
SALOM QUIERE COMISIÓN
Con el objetivo de evitar dimes y diretes, el rector de la UNA pidió a los legisladores que se conforme una comisión común entre diputados, estudiantes de la UNA y autoridades de esa casa de enseñanza para no traicionar el premio a la transparencia que, según dijo, tienen en el recinto.
Ante la solicitud del rector, Wagner Jiménez, congresista del PLN y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, le tomó la palabra, sin embargo le dijo que ya tenía pensado presentar una moción para iniciar el diálogo entre la UNA y la Asamblea Legislativa.
“Voy a intentar apoyar la educación superior de este país, pero también voy a ver cómo se invierten todos los recursos del FEES, dinero que es de todos los costarricenses”, sentenció.
“Impulsaré la creación de una comisión especializada para estudiar, analizar y dictaminar proyectos de ley en el mejoramiento de la administración del FEES en este país”, agregó.
La propuesta fue bien recibida por Salom, quien dijo que desde ya abre a esa comisión todos los libros de la UNA. “Ahí no hay nada que ocultar, hemos sido una U transparente”, concluyó
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar
EMAIL: [email protected]
Martes 23 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA