IV. Coordinación y evaluación de los programas sociales

Miguel Ángel Rodriguez

Para usar con eficiencia los importantes recursos que se destinan a los programas sociales, es necesario mejorar sustancialmente su coordinación y someterlos a evaluaciones periódicas que permitan rendir cuentas y arribar a conclusiones objetivas sobre su conveniencia en relación a sus costos.

Tenemos un archipiélago muy desintegrado de islotes con poca comunicación entre sí, y muy celosos de su independencia.

Recuerdo las enormes dificultades que experimenté cuando simplemente pretendí que la CCSS y el INS compartieran información sobre los trabajadores afiliados, pues teníamos indicios de que sus patronos declaraban en una institución y no en la otra, o que indicaban diferentes salarios.

Otro ejemplo. Al final del gobierno se había logrado acuerdos entre el IMAS y una serie de instituciones del sector social para que utilizaran el SIPO para focalizar a la población meta sus beneficios, pero muy pronto se dejaron vencer y no se continuó usando ese instrumento destinado a lograr que los recursos llegaran de verdad a las familias pobres.

Cada gobierno se inventa algún mecanismo de coordinación pero ninguno se formaliza, y nos vivimos volviendo a inventar el paraguas.

Por eso para lograr usar eficientemente los importantes recursos destinados a disminuir la pobreza que obstinadamente se mantiene en alrededor del 20% (21,1 % según la reciente Encuesta de Hogares para 2018), es muy conveniente establecer mecanismos de coordinación que le den una conducción unitaria a esa pléyade de programas sociales (más de 50) y logren una mayor eficiencia en el uso de los recursos mediante las complementariedades que se pueden dar entre ellos.

He venido señalando, por ejemplo, las enormes ventajas que se podrían realizar si se utilizaran los EBAIS para constatar y mantener al día el Sistema Nacional de Información Social y Registro Único de Beneficiarios que permitiría una mejor dirección de los recursos hacía los pobres. También para para asegurar la alimentación a los infantes menores de cinco años, desde su nacimiento, y guiar a sus padres para que les proporcionen estímulo intelectual y afectivo: “besos y leche”.

En este campo sería muy oportuno que el gobierno del PAC -siguiendo la inspiración de su fundador don Ottón Solís y de otros antes de él- prepare una propuesta para refundir en una sola institución todos los programas dirigidos a ayudar a las familias pobres, excepto los de educación y salud, con lo que se podría lograr un importante ahorro en gasto administrativo, una mejor coordinación de los programas, una eliminación de duplicidades y se podría hacer llegar una mayor cantidad de recursos a las familias pobres.

Además, es necesario institucionalizar la evaluación y el rendimiento de cuentas de los programas sociales de una manera efectiva y transparente; lo que no se hace a pesar de que existe obligación constitucional de hacerlo.

Desde el año 2000 se aprobó la reforma al artículo 11 de la constitución política para incorporar la siguiente disposición: “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas,..”

En la administración de don José María Figueres se había creado el SINE (Sistema Nacional de Evaluación) que en la nuestra se aplicó a todas las instituciones autónomas y ministerios, mediante un sistema de compromisos anuales de ejecución de tareas entre cada jerarca y el presidente de la república, y se dieron a la publicidad sus resultados. En el último año se hicieron, de previo, públicos los compromisos.

En octubre de 2001 se aprobó la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos que tiene como uno de sus objetivos el apoyo a la evaluación de la gestión pública. Esta ley establece: “Artículo 5: Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo” y en el artículo 52 “…incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos…”

El SINE se rediseño a finales de la segunda administración de don Óscar Arias y en el 2011 en el gobierno de doña Laura se obtuvo la colaboración de la agencia de cooperación alemana para mejorar las capacidades de evaluación. Pero muy poco se ha avanzado.

Utilizar y hacer públicos los datos del SINE tiene un alto costo político, pues los medios y los adversarios solo resaltan los casos de incumplimiento de metas. Pero hacerlo es indispensable, aunque insuficiente.

A pesar de toda esa normativa no existe un sistema integrado que mida no solo la eficacia (cumplimiento de metas) sino también y principalmente la eficiencia (costo de obtener las metas). El SINE solo mide si se han cumplido y en qué proporción.

Para completar la tarea urge contar con un sistema permanente de medición de costos unitarios de los programas sociales, compararlos con los de otros países y los del sector privado y también con sus beneficios.

Además, para valorar el impacto relativo de los diversos programas sociales, es muy conveniente utilizar el sistema de prueba controlada aleatoria (RTC por sus iniciales en inglés). Esto es, comparar las ventajas que obtienen las familias pobres que utilizan cada programa en comparación con otras familias seleccionadas al azar que no los reciben y forman parte de la misma población.

Así sí sabríamos como emplear cada colón de gasto social de la manera que nos rinda el mayor beneficio en disminución de la pobreza.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 22 Octubre, 2018

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodriguez