El futuro del expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, quedó en manos de los 7 magistrados que integran la Sala Constitucional.
Este viernes 14 diputados, 12 de la bancada de Restauración Nacional (PRN), más Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA), presentaron la consulta facultativa a la Sala IV minutos después de la 1 p.m.
Para enviar consultas de proyectos de ley se requiere como mínimo la firma de 10 congresistas.
Las legisladoras Marullyn Azofeifa y Carmen Chan no firmaron la consulta, al parecer porque no se encontraban presentes.
Al documento de 56 páginas la Corte indicó que se le asignó el expediente 18-016546-0007-CO.
Como lo adelantó DIARIO EXTRA, Eduardo Cruickshank, del PRN, fue quien confeccionó el documento que se hace por aspectos de fondo del proyecto, los cuales se consideran pueden rozar con la Constitución Política.
Aunque Villalta insistió en que se debió consultar sobre vicios del procedimiento, no hubo un acuerdo sobre ese punto.
Cruickshank adujo que esa revisión (por la forma) los magistrados la realizan de oficio, según lo establece el artículo 101 de la ley de jurisdicción constitucional. Aunque hay criterios que afirman que los magistrados no pueden resolver, sobre lo que no les consultan.
“Presentamos la consulta porque queremos buscar el rostro humano a este proyecto.
Estamos convencidos de que este proyecto violenta el principio constitucional de justicia tributaria al obligar a los dos deciles más bajos de la sociedad, que ganan unos menos de ¢50.000 y otros menos de ¢100.000, a pagar un impuesto que sobrepasa sus posibilidades”, expresó.
El frenteamplista agregó otros aspectos que se incluyen en la consulta por el fondo, como inconstitucionalidad de la regla fiscal por afectar al Seguro de Salud de la CCSS, inconstitucionalidad de la eliminación del financiamiento al PANI, inconstitucionalidad de la derogatoria de leyes que garantizan recursos a Fodesaf, Cen-Cinai, Fosuvi y otros programas sociales.
Además, inconstitucionalidad por inconexidad de las amnistías tributarias incluidas a favor de deudores de instituciones como Inder, IFAM e IMAS.
Inconstitucionalidad de artículo que incluye al INA y la Red de Cuido en el 8% del PIB para educación, justificando el incumplimiento de esta obligación e inconstitucionalidad de las normas que derogan el financiamiento a las sedes regionales y otros programas de las universidades públicas, sin reponer estas fuentes por otras iguales o mejores.
"Es evidente que varios artículos del proyecto de ley cuentan con serios vicios de inconstitucionalidad.
Confiamos en que la Sala los analice a profundidad y que su resolución en el plazo de un mes abra una nueva oportunidad para que el Plenario enmiende los contenidos del proyecto de ley que lesionan los derechos de los sectores más vulnerables de la población", señaló Villalta.
¿QUÉ SIGUE?
De acuerdo con la ley, los magistrados tienen 30 días naturales para responder si el proyecto es inconstitucional o si hay vicios en el procedimiento.
Con esto queda suspendido su avance hasta no tener una respuesta.
El plazo comienza a regir una vez que el Congreso envíe el texto actualizado del plan fiscal. Si se manda el lunes, la fecha límite será el martes 20 de noviembre.
Si hay roces con la Constitución Política, el proyecto no se puede votar en segundo debate y debería ir a comisión para corregir los problemas que se tengan.
De igual forma si se señalan vicios del procedimiento, tampoco podría ser votado en segundo debate.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Cortesía Asamblea
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Sábado 20 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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