“Un equipo internacional de Hogan Lovells con oficinas en Miami y Madrid logró una victoria completa en nombre de la República de Panamá en un arbitraje de inversión pendiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El arbitraje se inició hace más de tres años por inversionistas de Costa Rica, incluyendo Álvarez y Marín Corporación SA y el Reino de los Países Bajos”.
Así anunció anoche el reconocido bufete internacional la derrota de la República de Panamá contra el excandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien interpuso el proceso de arbitraje por más de $100 millones alegando que ese país expropió su proyecto multimillonario de hoteles ecoturísticos frente a la playa.
Un grupo de inversionistas costarricenses, entre ellos Álvarez Desanti y holandeses, reclamaron “que las autoridades panameñas habían contradicho las autorizaciones previas y las decisiones judiciales cuando emitieron una determinación de que el proyecto hotelero de los inversionistas estaba ubicado dentro de una región protegida en el país reservado para los indígenas, de acuerdo con un resumen de la reclamación proporcionada en una base de datos de la ONU”, cita un fragmento de la información difundida por Law360, un servicio legal de noticias operado por la empresa Portfolio Media, una subsidiaria de LexisNexis.
Sin embargo, luego de un largo proceso el tribunal a cargo del caso exoneró a Panamá de pagar la indemnización que los empresarios reclamaban aduciendo en su fallo que la adquisición de las tierras se realizó de forma contraria a la norma legal de esa nación.
Según informa el bufete Hogan Lovells, “el tribunal determinó que los demandantes violaron la ley panameña y las protecciones especiales otorgadas a las comunidades indígenas en Panamá. La violación de la ley se consideró grave, lo que impidió a las demandantes obtener protección en virtud de los tratados aplicables”.
Explica que además el tribunal encontró que los demandantes, entre ellos el excandidato presidencial del PLN, “ignoraron las múltiples señales de alerta con respecto a la ilegalidad de la inversión”.
El político tico, por medio de las entidades costarricenses Álvarez y Marín Corporación S.A. y Estudios Tributarios AP S.A., era accionista de Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S.A., una compañía inmobiliaria que había adquirido 685 hectáreas de tierra en Panamá para el desarrollo de un proyecto turístico, según la base de datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Estos terrenos adquiridos por la empresa tica se usarían para desarrollar también un proyecto residencial de ecoturismo en una playa remota dentro del área protegida indígena de Ngäbe-Buglé, una región ubicada en la costa norte del país a lo largo del Mar Caribe, dijo Hogan Lovells, por tanto, no podían ser cedidos ni vendidos como sucedió.
Bajo esta premisa el tribunal concluyó que las protecciones especiales otorgadas a las comunidades indígenas canaleras les impedían a los demandantes la protección en virtud del acuerdo de libre comercio que había firmado Panamá con varios países de América Central y un tratado de inversión bilateral con los Países Bajos.
El equipo de arbitraje internacional de Hogan Lovells que ganó el caso estaba conformado por Daniel E. González, Richard C. Lorenzo y María E. Ramírez, el abogado Juan C. García, el asociado senior Javier Peral; Juliana de Valdenebro y Yine Rodríguez en Miami, y la asociada senior Silvia Martínez en Madrid.
El jurista Daniel González se mostró más que complacido con la resolución e indicó en un comunicado de prensa: “Esta es una decisión importante que sienta precedentes en el arbitraje de tratados de inversión. Nuestro equipo, y nuestro cliente, pusieron una cantidad increíble de trabajo en la defensa contra estos reclamos falsos durante un largo período de tiempo y para asegurar un resultado tan grande, exonerar completamente a nuestro cliente, es increíblemente satisfactorio.
Decir que estamos complacidos es un eufemismo y estamos agradecidos de que el tribunal le haya otorgado a nuestro cliente una audiencia tan justa”.
El caso Álvarez y Marín Corporación S.A. y otros c. República de Panamá, se conoció con el número de caso ARB / 15/14 en el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones con sede en Washington, Estados Unidos.
Es una institución del Banco Mundial, establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos por una parte y nacionales (inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales) de otros Estados.
CASI 10 AÑOS DE DISPUTA
El caso nace en enero del 2009 cuando el Consorcio Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S.A. (Decsa), en el que figuraba Álvarez Desanti como presidente, inició la negociación para la compra de unas fincas con una extensión de 685 hectáreas ubicadas en los márgenes de un importante humedal de Panamá, con la abogada Evisilda Martínez.
La jurista no era la propietaria de las tierras al momento de la negoción, sino tres indígenas que reclamaban en los tribunales la posesión argumentando que las habían ocupado durante más de 10 años de forma pacífica e ininterrumpida, sin conocer el origen del dueño original.
Fue por esta razón que los jueces panameños otorgaron los títulos de propiedad a los indígenas, quienes los vendieron a Decsa por medio de Martínez, negociando directamente con la empresa a la firma Álvarez y Marín, negocio de Antonio Álvarez y su familia.
Fue hasta el 2010 cuando se firmó la opción de compraventa, momento en que comenzó a destaparse en medios canaleros las irregularidades en el proceso inicial de negociación de los terrenos.
El Juzgado Primero Penal de Panamá abrió una investigación por esta adquisición para determinar si hubo alguna ilegalidad en el proceso o se violentó algún estatuto relacionado a la protección de los terrenos en cuestión, por estar en zona indígena.
En el 2013 las autoridades canaleras emitieron un informe para expropiar al grupo del exlegislador verdiblanco sin ninguna indemnización, debido a que las fincas estaban ubicadas dentro de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, razón por la cual no podían ser negociadas.
Según diarios del país vecino, la compra de Álvarez habría irrumpido la Ley 10 de 1997 de Panamá, la cual está enfocada en proteger un humedal Damani-Guariviara ubicado en el territorio que estaba en disputa.
PUSO DEMANDA
Ante la amenaza de tener que salir de esos terrenos, el exdiputado demandó al estado panameño por $100 millones alegando inseguridad jurídica, debido a que se declararon las fincas como área protegida nacional después de que se había hecho la adquisición de las tierras, donde pretendía construir un hotel ecológico a lo largo en una de las playas ubicadas en territorio del distrito de Kusapín.
Esta declaratoria dejó nula la adquisición de las tierras por parte de Álvarez, motivo por el que entabló el arbitraje.
La disputa legal inició justamente cuando la desarrolladora del excandidato presidencial, la cual confirma junto a un grupo de holandeses, inició la tramitología para la construcción del complejo, momento en que chocó con pared, situación que finalmente le costaría perder todo lo que habían comprado.
Fue por eso que Desanti y su millonario grupo inversionista decidieron demandar al Estado panameño por una suma de $100 millones en 2014, pero no fue hasta casi año y medio después cuando se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, donde iniciaría este enfrentamiento legal internacional y que llegó a su final este lunes tras varias semanas de discusión dando como perdedor a Antonio Álvarez Desanti.
PERIODISTA: Carlos Castro Gamboa
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Martes 16 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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