Uno de los socios del Grupo Nación estaría detrás de lo que la organización ambientalista Bloque Verde denuncia como la destrucción de un área que está protegida por ley.
Se trata de la Loma Salitral, en Desamparados, específicamente lo que se conoce como zona de amortiguamiento (un perímetro especial que antecede áreas protegidas), donde el martes anterior se autorizó el desarrollo del proyecto habitacional La Arboleda.
Este está a cargo de la empresa Urbanizadora La Laguna S.A., cuyo representante legal y presidente es Manuel Fernando Terán Jiménez, uno de los accionistas del grupo empresarial.
“Don Manuel Terán es quien figura en el Registro de la Propiedad como el dueño de esa empresa que desde el inicio ha sobrepasado cualquier cantidad de legislación. Nosotros no logramos entender cómo han llegado tan largo y a pesar del tiempo que ha pasado no desisten”, comentó Eduardo Guillén, ambientalista desamparadeño que se opone al proyecto y conversó ampliamente con DIARIO EXTRA.
Pero la molestia se debe a la gran cantidad de violaciones a la legislación nacional y cantonal que impide un proyecto habitacional en esta zona, pero que se aprobó sin mayores inconvenientes a favor del accionista del grupo de medios de comunicación.
PROHIBICIONES VARIAS
Quienes defienden la Loma Salitral, y en este caso esa zona de amortiguamiento, destacan que no es algo a lo que se oponen porque sí, solo piden que se respete la ley que lo protege justamente por ser uno de los últimos remanentes del bosque húmedo premontano del Valle Central.
Si bien el tema del residencial toma fuerza en 2008, la historia legal y de protección data de 1977, cuando este sector se estableció como Reserva Forestal Especial de la Loma Salitral y se incluyó en la Zona Especial de Protección de los Cerros de La Carpintera en la Normativa del Plan Regional Metropolitano, que se publicó en La Gaceta No.119 del 22 de junio de 1982.
“Esto tiene que ver con la Ley de Planificación Urbana, con el decreto de ampliación de todas las áreas de protección de la GAM, el decreto 20902 de 1997, que es cuando se le crea la protección por medio de la zona de amortiguamiento, que es donde ellos quieren construir”, manifestó el ambientalista Alejandro García, otro de los opositores al proyecto.
Pero eso no es todo, el propio plan regulador del cantón de Desamparados, aprobado en 2007 y que se puede consultar en el sitio web del gobierno local, destaca esa prohibición.
“Diferentes estudios han llegado a determinar que un área protegida requiere un colchón a su alrededor para su protección y mantenimiento. Si uno ve el mapa, hay casas pegando contra Loma Salitral, entonces va a tener una acción sobre una zona que es muy delicada”, agregó.
INICIO DE LA POLÉMICA
En 2000 este proyecto llega al ayuntamiento y es cuando se encienden las alarmas porque ya la zona de amortiguamiento estaba establecida; es decir, hace 18 años arrancó la lucha.
“La Municipalidad de Desamparados viola su plan regulador inventándose en el último momento un transitorio que les daba un derecho a todos aquellos proyectos antes de que se aprobara”, expresó.
Lo que llama la atención es que el plan comienza a aprobarse en 2000, pero se aprueba a finales de 2007. Es decir, este proyecto se presentó en medio de la discusión del plan regulador, pero aún no estaba aprobado, por lo cual el transitorio pudo beneficiarlo.
“El transitorio se aprobó en diciembre de 2007 y en agosto de 2008 moría esa posibilidad, pero ¿qué pasó? Para el final del transitorio la empresa Urbanizadora La Laguna no obtuvo el visto bueno para el anteproyecto, que lo obtiene el 21 de noviembre”, añadió.
Esto quiere decir que lo presentado después de agosto quedó sin vigencia, por lo cual el proyecto de La Arboleda debía apegarse al nuevo plan regulador, pero se lo brincó.
Incluso un fallo de la Sala Constitucional avala el argumento de que ese transitorio venció en agosto de 2008, por lo cual después de ese momento todo lo que se presentara debía cumplir con lo establecido.
Por eso no se entiende por qué se quiere aprobar si la empresa de Terán presentó la aprobación del permiso tres meses después de vencido el plazo dado en el transitorio, como indican los ambientalistas y regidores que se oponen a la construcción del residencial.
ÁREA PROTEGÍDA
Como si lo anterior no fuera suficiente, de acuerdo con uno de los mapas que se presentaron sobre este proyecto, hay puntos donde se traspasa la zona de amortiguamiento y se entra a la zona protegida.
“El proyecto va más allá de la línea de amortiguamiento; es decir, se mete en la zona de protección forestal especial, pese a que los establecido es que el único uso que se puede hacer de este terreno es el de protegerlo”, explicó Gabriel Corredor, otro de los que dan la lucha en defensa de la Loma Salitral.
Justamente esto queda expresado en una nota del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) donde se explica esta situación.
Incluso en 2010 ocurre algo que es muy extraño para los opositores al proyecto: el 6 de mayo, a dos días del cambio de gobierno, el ministro del Ambiente, Jorge Rodríguez, otorgó la viabilidad ambiental a La Arboleda.
Pero el problema radica en que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) emitió una resolución donde indicó que ese permiso no debía darse.
PELIGRO INMINENTE
Más allá de lo legal también existen cuestiones ambientales y hasta de seguridad para quienes eventualmente llegaran a comprar alguna vivienda en este lugar.
Esto porque no se sabe cuál sería la estabilidad de la montaña después de hacer esos movimientos de tierra y como si eso fuera poco pasa sobre una falla tectónica.
“Aquí cuando llueve fuerte hay deslizamientos en todas estas laderas que quedarían detrás del proyecto y hay una falla que lo atraviesa. Eso es de tomar en cuenta”, afirmó Corredor.
Además son unas 2.000 personas más produciendo basura, descargando aguas negras donde existe riesgo de que las alcantarillas colapsen y haya inundaciones.
“A eso hay que sumarle más carros en calles donde ya hay colapso, servicios de salud colapsados; es decir, ya el cantón no da para más habitantes”, agregó Guillén.
DENUNCIA PENAL
Por todo lo anterior se toma otro tipo de medidas y se llegó al ámbito penal para pedir que se frene el permiso y se abra una investigación.
En esta se incluye a Gilberth Jiménez, alcalde de Desamparados, quien a su parecer no ha parado de dar su apoyo para que este proyecto siga adelante, y los seis regidores que votaron a favor de otorgarle los permisos.
La denuncia la interpuso el abogado José Eduardo Vargas, quien afirmó que este es un claro caso de incumplimiento de deberes, favorecimiento real, tráfico de influencias y abuso de autoridad y prevaricato.
“Este es un bosque con especies protegidas, incluso el INBio hizo un informe de casi 200 páginas donde se establece que este bosque tiene más de 500 especies solo de flora, sin contar las especies animales protegidas, por lo que el daño ambiental sería enorme”, explicó.
Por eso considera que, conociendo toda la legislación que existe al respecto, en la aprobación de La Arboleda hay un claro prevaricato y un tráfico de influencias porque se quiere favorecer los intereses económicos que están detrás de este proyecto.
"Hace dos meses decidimos interponer la denuncia penal y ahora, luego de la votación, lo que hicimos fue ampliar pidiendo una medida cautelar para que se frene la votación que se dio el pasado 9 de octubre en sesión del Concejo Municipal", explicó. Ahora lo que se quiere entender es cómo van a votar los regidores y rectificar algo que está en el Ministerio Público en una investigación porque de probarse los delitos incluso podrían ir a la cárcel.
"Incluso quisimos discutir con el alcalde Gilberth Jiménez este tema, pero lo que hizo para distraer el interés público fue ponerme una querella con el fin de callar esta situación que afecta a los desamparadeños", agregó.
HOY PODRÍA QUEDAR EN FIRME
El Concejo Municipal de Desamparados votó a favor de otorgar los permisos para el proyecto, que se compone de 500 viviendas, área comercial de oficinas y centro recreativo en una superficie de 43 hectáreas.
Hoy esa votación quedaría en firme o bien se anularía, sin embargo no es algo de lo que se tenga mucha esperanza.
“Ellos han intentado de muchas formas montar este proyecto en la ilegalidad en primer lugar y en segundo lugar tratando de modificar el plan regulador que intentó hace tres años la anterior alcaldesa Mauren Fallas, pero Setena lo frenó”, concluyó García.
“Hay mucha legislación que la defiende, el propio plan regulador, decretos, que se debe respetar. Es extrañísimo que con toda esta información aprueben algo que a todas luces es ilegal”, sentenció Guillén.
A las 7 p.m. será la sesión, donde todos los vecinos opositores llegarán para exigir que se anule la votación de la semana anterior.
LOS DEFENSORES
Alejandro García
“Se está violentando la legislación. Aquí hay un gran poder económico detrás”.
Eduardo Guillén
“No entendemos cómo conociendo toda esta legislación la ignoran y aprueban este proyecto”.
Mónica Alfaro
“El daño ambiental sería irreparable. Esa zona es muy importante para un corredor biológico que protege miles de especies”.
Gabriel Corredor
“No es solo el daño ambiental, es el peligro que hay ahí porque ya se presentan deslizamientos”.
