Durante los últimos días la construcción de Plaza de la Diversidad Cultural en la Universidad Nacional (UNA), con un costo de ¢8.600 millones, ha generado gran polémica y críticas.
Varios sectores han señalado que en medio de una crisis fiscal no puede tolerarse un despilfarro de dinero y menos por una cantidad tan grande.
Sin embargo, Carlos Alvarado, presidente de la República, no se ha referido al tema y pese a la consulta de DIARIO EXTRA, mediante su oficina de prensa indicaron que el mandatario no hablará.
“Sobre el tema de la posición del Ejecutivo la brinda el ministro de Educación (Édgar Mora) al tratarse temas del FEES”, adujeron.
Justamente Mora ha expresado que ellos respetan la autonomía universitaria, por lo que no es algo en lo que puedan meterse.
ANALISTA
Ese silencio del mandatario no es considerado una señal adecuada para el analista Sergio Araya, ya que Alvarado es el promotor de la reforma fiscal y quien llama a la austeridad.
“En el contexto no es de recibo, aunque él puede aducir que respeta la autonomía universitaria y no se va a entrometer, pero un contexto de gran estrechez fiscal y donde hay un trámite avanzado de un proyecto que afecta el bolsillo de la gente, se espera un pronunciamiento”, expresó.
Agregó: “Uno espera que el Presidente así como muy respetuosamente exhortó a los jueces de la Corte Suprema y de la Sala Constitucional que a la hora de emitir su criterio acerca del proyecto de plan fiscal valoren la conveniencia del país, debió por lo menos en esa misma línea pronunciarse en que se debe de replantear ese proyecto de la plaza”.
Por el contrario el silencio es la constante y más bien parece que está avalando esa construcción millonaria rechazada por las mayorías.
“Hay que recordar que el rector de la UNA es una figura prominente del Partido Acción Ciudadana (PAC), además fue diputado de esa fuerza política, adicionalmente hay que decir que cuando el Presidente no consideró apropiado sentarse a dialogar con los líderes del sector sindical que está en protesta, solo cambió ese criterio con los rectores de las universidades públicas por el ingreso de la policía a la UCR en San Pedro”, recordó Araya.
Esto se traduce en que “pareciera que hay un cierto trato diferenciado cuando se trata de este sector de la sociedad al que pertenece una importante cantidad de partidarios del PAC”.
Por eso muchos critican la posición del gobernante y esperan una reacción de su parte.
DEFENSA
Como si no fuera poco el hecho de construir una infraestructura cuyo costo es ¢8.600 millones, este domingo la UNA hizo otra importante inversión en varios medios de comunicación con la cual busca defender el proyecto.
El mensaje indica que “invertimos en educación de calidad” y explica en qué consiste el proyecto con el fin de hacer ver su necesidad y múltiples ventajas.
Pero nuevamente las críticas no faltaron y Araya señaló que esto solo demuestra que hay una necesidad de defenderlo muy grande, que evidencia el descontento general.
“Cuando se debe defender algo por más de un minuto ya la situación es problemática, es evidente que se está defendiendo lo indefendible, no parece ser el momento adecuado para construirla y no va con la línea oficial de austeridad económica y zocarse la faja”, recalcó.
Incluso, ya algunos sectores piden la renuncia del rector Alberto Salom ante la insistencia de mantener el proyecto.
