Diario Extra - 'En Costa Rica se violan los derechos humanos'

La Defensoría de los Habitantes celebra 25 años de haberse creado con el fin de ser la voz del pueblo en temas de interés.

Juan Manuel Cordero, defensor a.i. de los Habitantes, sostuvo que cuando se creó la entidad se le consultó a la ciudadanía qué tipo de institución quería y la respuesta fue que sea participativa, interpretara las necesidades de las personas y educara con respecto a los derechos.

“El que Costa Rica hace 25 años se atreviera a dar el paso y reconocer crear una institución dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos viene a significar un signo de madurez, de consolidación democrática”, manifestó.

En la actualidad, la Defensoría atiende 21.000 quejas al año y tiene sedes, además de la central ubicada en Barrio México, en Puntarenas, Ciudad Neily, Pérez Zeledón, Liberia, Ciudad Quesada y Limón.

El 1º de octubre de 1993 abrió sus puertas y desde entonces ha intervenido en más de 500 mil situaciones.

A continuación, la entrevista realizada a Cordero por parte de Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA.

¿Cómo es Costa Rica en materia de derechos humanos?

-Aquí en Costa Rica, eventualmente se piensa que no se violan los derechos humanos y sí se violan. Por ejemplo, cuando vemos disparidades entre hombres y mujeres en el mundo laboral, cuando vemos las tasas de pobreza que tenemos en este momento en el país. No podemos vivir efectivamente en una democracia plena desde la Defensoría cuando sabemos que más de 1 millón de personas están en pobreza y alrededor de 600 mil en pobreza extrema. No podemos vivir en democracia extrema cuando sabemos que muchas familias no hacen los tres tiempos de comida y no llegan a la dieta calórica que los organismos internacionales indican que son necesarios para el ser humano.

Pero aquí vendemos la imagen de que no se violan los derechos. ¿Por qué se ha tendido a tapar dicha situación?

-Creo que el ser costarricense tiende a minimizar los problemas, consecuentemente cuando se hace eso, minimiza las consecuencias de los mismos y cuando minimiza las consecuencias no encuentra las soluciones y eso es lo que prevalece. Es un círculo perverso. Antes la sociedad costarricense era más solidaria, con esto no estoy diciendo que hoy no lo es, pero es menos. El país nos ha dado tantísimo, en estos casi 200 años de democracia, que solo el hecho de algunas interrupciones mínimas, en nuestro régimen político con algunas consecuencias no tan graves, ya con solo eso como sociedad debemos de ayudar, pero qué le damos al país.

¿Costa Rica no es un país tan igual como hace décadas?

-Pensar que Costa Rica hace 20 años era el país más igual en América Latina y hoy, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), somos una de las naciones más desiguales del mundo, eso implica que hay algo que no estamos haciendo correctamente.

¿En ese punto qué pasó?

-El mundo ha cambiado, es otro y tenemos que aceptarlo y nosotros hemos cambiado con el mundo. El fenómeno del cambio en el patrón de comportamiento y en, consecuente, en el disfrute de los derechos humanos no es exclusivo del costarricense. Este fenómeno lo vive todo el mundo. Mucho tiene que ver, de alguna manera, el sistema de desarrollo al cual hemos apostado a la sociedad. Estos fenómenos que impactan los derechos humanos tienen que ver con el desarrollo económico versus sus temas de desigualdad, de pobreza e inclusión, entre otros, y sobre todo la falta de solidaridad, empatía y el verse reflejado en el otro.

Otros de los temas en que se ha llamado la atención es en listas de espera y pensiones.

-No podemos pensar, efectivamente, que vivimos en una democracia que no se precie de llenar parches, pero muchos de los derechos, como por ejemplo que tengamos listas de espera de 6 u 8 meses. Para mí el régimen de pensiones es el tercer problema agudo al que no se le ha dado la atención debida.

¿Cómo alcanzar en la sociedad una distribución equitativa de responsabilidades?

-Eso es principio de justicia. En ese sentido, el principio de derecho es justamente el respeto del derecho ajeno, para qué, para poder gozar del propio y del otro. Es una ecuación de equilibrio y el Estado debe mantener esa ecuación. El tema está, cuando la sociedad, de alguna manera con un discurso de que todavía no estamos preparados para eso se resiste a la dignidad humana.

¿Qué reclamaba la gente hace 25 años?

-Es curioso la consulta ciudadana cuando se creó la Defensoría de los Habitantes. Don Rodrigo Alberto Carazo inició y tuvo la visión muy positiva de consultarle al ciudadano cómo quería que fuera la Defensoría de los Habitantes. La respuesta: que fuera una Defensoría participativa, estuviera a la par de la necesidad de las personas, fuera intérprete, fuera su defensor, pero que educara a la ciudadanía en materia de derechos y, en definitiva, el mejor defensor de los derechos es el propio ciudadano. La sociedad pidió eso, ser su defensor y ser su educador de derechos. Luego fueron derivándose una serie de acciones que han sido paradigmáticas y hoy por hoy se repiten y siguen dándose, dependiendo del contexto.

¿Por ejemplo?

-Transparencia en la gestión pública, que efectivamente el Estado rinda cuentas de su accionar, de manera tal que el ejercicio de la política pública y del poder mismo sea no solo conocido por la persona, sino también evaluado por la persona y cumpla con los estándares de derechos humanos, para que el desarrollo de los derechos humanos sea pleno. Tenemos derecho a un buen gobierno, a un gobierno eficiente, eficaz, que dé cuentas, sea consecuente con el bienestar de las personas.

¿Cuál es la función de la entidad?

-La función de la Defensoría de los Habitantes es la de ser protector de los derechos de las personas, ser el garante de que las oportunidades que el Estado da, a través de la ley, puedan ser efectivamente cumplidas y exigidas. Para ello poseemos instrumentos para que el Estado efectivamente cumpla con su función y mandato; que se le dé respuesta a la persona que no tiene cita, a la comunidad que no tiene un puente, dar respuesta de que la cuenca hidrográfica sea realmente protegida. La Defensoría de los Habitantes tiene esa visión país, pero desde la perspectiva de los derechos. Además, educa en derechos y los promueve.

¿Por qué si la Defensoría tiene potestades tan amplias otorgadas por la ley sus criterios no son vinculantes, sino que son recomendaciones?

-Al sistema de justicia costarricense hay que hacerle una evaluación, porque eso no solo le pasa a la Defensoría. El grado de morosidad en las sentencias de, por ejemplo, la Sala Constitucional es altísima. Es un concepto técnicamente complejo. La Defensoría de los Habitantes basa su poder o su fortaleza en lo que llamamos magistratura de influencia o magistratura de persuasión, eso nos hace ser diferentes al Poder Judicial, que tiene ese efecto coercitivo o ese efecto de orden.

¿Qué pueden hacer en el tema de la lista de espera que afecta a miles de pacientes de la CCSS?

-Lo que hace la Defensoría de los Habitantes es interceder sobre los temas estructurales como, por ejemplo, conocer el plan de acción para las 145 mil personas que están en espera por una consulta externa a 186 días; en exámenes son 310 mil personas esperando en promedio 198 días y 116 mil esperan una cirugía por un plazo de 335 días. El trabajo de la Defensoría en relación con el tema de la salud es intenso, en tratar de pujar efectivamente a la institucionalidad a dar respuesta. Estamos ante un problema país que merece respuesta en función de las causas de esto. Esa es la magistratura de influencia, de provocar cambios estructurales en función del bien de la población.

¿Qué es lo que más reclama la población? ¿Cuántas quejas reciben al año?

-En primer lugar, está salud, segundo lugar la gestión del Ministerio de Educación y en tercer lugar la gestión del Instituto de Ayuda Social (IMAS). Así se compone la estructura de 21 mil quejas anuales que recibe la Defensoría. No todas las quejas terminan en investigaciones, sino que muchas de ellas son orientaciones. A la Defensoría llegan personas que en ningún otro lado se les escucha y donde de por sí se les cierra la puerta, porque de por sí, de alguna manera, el usuario nuestro representa en mucho la cara de las personas a las cuales se les violan más los derechos. Porque un 54% de nuestros quejosos son mujeres, entre 25 y 35 años de edad promedio, con un nivel de escolaridad de 7 años, provenientes de zonas rurales y mayoritariamente jefas de hogar.

¿Han intervenido en la problemática de los pescadores?

-Sí, es un tema que me parece que el país debe ponerle atención. Es un foco de pobreza que puede ser presa fácil.

¿En materia de discapacidad, qué han hecho?

-La Defensoría ha venido, a través de los años, dando ese impulso a la Ley 7.600 y también a la Convención de Personas con Discapacidad, sin embargo debemos reconocer que existen marcadas limitaciones para poder gozar de una verdadera igualdad de oportunidades. Vemos con preocupación que todavía existen fallas en infraestructura pública, educativa y, sobre todo, en el tema del trabajo. La falta de oportunidades para las personas con discapacidad es impresionante, aunque he de reconocer los esfuerzos que hace el Ministerio de Trabajo por paliar la situación, pero se requiere más alternativas, mayor apoyo del Estado y más acompañamiento del sector empresarial para orientar al empresario de cómo atraer al mercado laboral a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no quieren ser beneficiarios, me han dicho que quieren trabajar.

Otro de los sectores abandonados es el indígena.

-Es la misma situación. Hay una deuda histórica en temas de recuperación de tierras y nosotros como Defensoría hemos denunciado ampliamente el tema. Los indígenas no son usurpadores de sus propias tierras. Reclaman algo que les pertenece ancestralmente y que el Estado costarricense debe acelerar las gestiones para devolverles las tierras. Otro tema importante es la educación con pertenencia. Eso es vital. El no perder la identidad como pueblo tribal de los pueblos indígenas es fundamental. Un país que no tenga el desenvolvimiento de sus conciudadanos en sus diferentes etnias es un país que pierde. Costa Rica no puede darse el lujo de eso.

¿Y en el asunto migratorio, cómo actúan ustedes?

-Hemos tenido contacto directo con las autoridades de Migración y en ese sentido le hemos dado puntual seguimiento del ingreso, para que el flujo migratorio sea ordenado, es decir que se lleven a cabo de manera efectiva los controles, no por un tema de control policial, sino por un tema de control de derechos humanos. Es decir, no podemos permitir que una persona entre por la frontera y que se nos pierda, sino que debemos saber dónde está para que no sea víctima de abusos o, eventualmente, que vengan a engrosar los anillos de pobreza y exclusión. La Defensoría ante lo acontecido ha apelado sobre todo a la ayuda internacional, pues Costa Rica está en una situación fiscal compleja y está teniendo un impacto importante sobre nuestro sistema económica y la cooperación internacional debe volver sus ojos a un país que está inmerso en la región más violenta del mundo, que no está en conflicto armado.

EXTRADIRECTO

*Defensoría: Justicia

*Derechos humanos: Aspiración

*Vulnerables: Atención.

*Aborto terapéutico: Necesidad de reglamento

*LGBTI: Con deuda

*Personas con discapacidad: Abandonadas

* Reforma fiscal: Imperiosa

* Diálogo: Vital

*Tolerancia: Respeto por la diferencia

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes