La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) logró recuperar poco más de 106 millones de colones (183 mil dólares) de expedientes que estaban por vencerse por compras de medicamentos a proveedores.
Se trata de 404 expedientes que la anterior Dirección de Abastecimiento de la Caja dejó paralizados a pesar de que ya se tenían elementos suficientes para proceder a cobro por irregularidades en la entrega de medicamentos.
DIARIO EXTRA reveló el pasado julio que, por estos expedientes, la institución podría perder cerca de ¢1.450 millones, debido a las irregularidades en cuestión, según denunció el diputado Jonathan Prendas.
Este jueves, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tuvo audiencia con los jerarcas de la institución, Román Macaya, presidente ejecutivo, y Gabriela Murillo, gerente de Infraestructura y Logística, quienes explicaron los alcances y resultados hasta ahora de la intervención que se realizó a dicha dependencia de la Caja.
Macaya reveló que encontraron una omisión del control interno sobre el seguimiento de los expedientes en esta Dirección, en que incluso no existía un sistema informático que permitiera evitar que un expediente no se moviera.
Esto llevó a que muchos casos, en total 404, no llegaran a un acto final para sancionar a ese proveedor que incumplió con la entrega del producto y se generaba un alto riesgo de impunidad.
Las alertas se encendieron cuando comenzaron a notar que había escasez de ciertas medicinas, a lo que se sumaba un lento proceso de compra de dichos insumos.
“Esa dirección maneja un presupuesto de ¢180 mil millones, pero no tenemos conocimiento de una malversación de fondos, sino una falta de seguimiento y aplicación de sanciones post compra de los contratos”, declaró Macaya.
ACCIONES
Tras la intervención, las autoridades hicieron un rastreo de todos los expedientes, para comprobar su avance y continuar con el proceso.
Según Macaya, esto permitió reactivar 215 casos, de los cuales se han recuperado ya poco más de ¢106 millones.
Hay otros ¢47 millones que están ya en cobro judicial y se estima que, en total, en estos 215 expedientes hay daños patrimoniales por más de ¢1.200 millones, los cuales se mantienen en proceso de recuperación.
A esto cabe sumar la activación y proceso de recuperación de los restantes 189 expedientes.
DENUNCIA
Los jerarcas de la Caja también revelaron la presentación de dos denuncias ante el Ministerio Público por este caso.
Según explicó Murillo, se decidió la separación de cuatro jefaturas de esa unidad. La principal, que era el director, ya se había relevado de su puesto por un tema anterior, de acoso laboral.
Asimismo, se “inyectaron” abogados de otras jefaturas para agilizar los procesos, pues había a disposición pocos de estos profesionales con especialidad en el tema de contratación.
Se trabajaba con algunos procesos manuales y otros automatizados, por ello hoy la mayor parte del proceso se automatizó.
“La cadena de abastecimiento es esencial y esa reingeniería nos permitirá ahorros y un mejor desempeño”, puntualizó.
Una de las propuestas es que se cree una unidad especializada y permanente para sancionar proveedores, que sea externa a la Dirección de Aprovisionamiento.
“Yo entiendo la necesidad de que la CCSS mande señales, es lo más que quiero adelantar en este caso, pero para la Caja es muy importante que, en situaciones como estas, haya disciplina y consecuencias”, subrayó Macaya.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 12 Octubre, 2018
HORA: 12:00 AM
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