¿Quién defiende a la clase media?
Página Abierta / Juan Carlos Herrera Raven*
Tal pareciera que la huelga convocada por los sindicatos para protestar contra el combo fiscal no es otra cosa más que una mampara para proteger los múltiples beneficios de los que hoy gozan los funcionarios públicos, aún y cuando dentro del mismo sector público hay empleados más privilegiados que otros.
Cuesta entender la lógica sindical. Para “defender” a los ciudadanos violentan el derecho que tienen éstos, precisamente de las clases media y baja, a la salud y a la educación, contribuyendo a ampliar las brechas existentes y violentando el libre tránsito, un derecho constitucional al que tenemos derecho todos los costarricenses.
Esta huelga debe de servir de recordatorio de que el monopolio de Recope debe terminar. Aunque parezca un contrasentido, un mercado abierto de hidrocarburos es un tema de seguridad nacional. Costa Rica no puede estar a merced de un grupo de irresponsables, que ponen en jaque la seguridad del país y el empleo de miles de costarricenses, con el fin de proteger sus privilegios.
Los sindicatos están empeñados en vender la idea de que el problema fiscal es producto de la evasión fiscal cometida por los empresarios. Desde esta perspectiva, pareciera que los recursos que obtiene el gobierno, a través de impuestos, son gracias a la actividad económica que genera el sector público y si no fuera porque los empresarios son evasores y no cumplen con las cargas sociales, viviríamos en una sociedad más justa.
Más allá del déficit fiscal y de los privilegios y abusos que existen en el sector público y de si son derechos adquiridos o no, tenemos que hablar de justicia, solidaridad e igualdad para todos los costarricenses. ¿Por qué los empleados públicos tienen derechos y privilegios que el resto de ciudadanos no tenemos, pero si tenemos la obligación de pagar por ellos? ¿Adónde queda la justicia y la solidaridad con las clases más necesitadas? Entre más beneficios tengan los empleados públicos menos recursos le llegarán al veinte por ciento de costarricenses que viven por debajo de la línea de pobreza.
Cómo decía anteriormente, cuesta entender la lógica sindical. Mientras exista un evasor de impuestos, que siempre los habrá, ellos utilizarán esto como excusa para defender sus privilegios. Por alguna razón que no entiendo los empresarios están obligados a pagar, vía impuestos, cesantías de veinte años o más, anualidades, pluses, dedicación exclusiva, pensiones de lujo y una innumerable lista de beneficios. Para los sindicatos esta es la manera de transferir la riqueza de las clases altas a los servidores públicos.
Lo que pareciera que a los sindicatos se les olvidó es que este abuso en sus demandas no lo paga únicamente la clase alta del país. Es precisamente la clase media la que resulta más afectada con las demandas sindicales y la clase más baja contribuye por partida doble; por un lado, cualquier impuesto que paguen les disminuye su dinero disponible y tampoco reciben del gobierno los recursos que el estado podría invertir en ellos.
Costa Rica es un país excesivamente caro, una parte por la cantidad de impuestos que ya pagamos y otra porque nuestra economía está llena de oligopolios, lo que no favorece una adecuada formación de precios. Uno de los impuestos que contribuyó a encarecer el país, en los últimos quince años, fue el impuesto a los combustibles. Este impuesto tenía un fin específico: recaudar fondos para invertir en nuestra deteriorada red vial. Nos vendieron la idea de que con este impuesto tendríamos carreteras de primer mundo. El colapso vial que hoy vivimos permite suponer que el impuesto a los combustibles se destinó para financiar el gasto corriente del estado.
¿A cuáles clases sociales castiga más este impuesto? Precisamente a las que tienen menos ingresos disponibles. ¿Alguna vez vieron a algún sindicalista llamando a cuentas al gobierno, cual defensores de nosotros como ellos se autodenominan, llamando a cuentas al estado sobre el destino de estos recursos?
Los sindicatos, al mejor estilo del régimen nazi, utilizan la desinformación y la mentira para llevar agua a sus molinos. El déficit fiscal se produce por una evasión fiscal que, según ellos, alcanza el ocho por ciento del PIB. ¿Será que los verdaderos enemigos del pueblo son los empresarios?
Otro error que comenten los sindicatos, o prefieren ignorarlo, es que meten a todos los empresarios en el mismo saco. Tan empresario es el propietario de una empresa que le da trabajo a doscientas personas, como la señora dueña de un salón de belleza que le da trabajo a una o dos personas. Las pequeñas y medianas empresas son, en conjunto, las mayores empleadoras del sector privado y son a éstas a las que más les cuesta cumplir con sus obligaciones fiscales y cargas sociales. Precisamente la elevada carga tributaria, junto con las cargas sociales, contribuyen a fomentar el empleo informal, algo que debería de ser de preocupación para las autoridades.
No pretendo defender al sector empresarial. No me cabe duda de que existen empresarios inescrupulosos que no solo evaden los impuestos, sino que tampoco pagan el impuesto de ventas que cobran cada vez realizan una venta. Es necesario atacar la evasión fiscal y que los delitos fiscales sean penados con cárcel. En la actualidad así es, pero por alguna razón el sistema no funciona. Son contados con los dedos de una mano los empresarios que están en la cárcel por evasión de impuestos.
En este fuego cruzado, entre evasores y sindicalistas, ¿Quién defiende a la clase media? En un eventual diálogo, entre el gobierno y los sindicatos, ¿quién va a levantar la mano para decir que mientras las cooperativas y las iglesias sigan exentas, la evasión fiscal continúe, el Poder Judicial y las universidades públicas dejen de escudarse en una autonomía mal entendida para gastar a placer, no se reestructure el estado y sobre todo no se eliminen los odiosos privilegios de los funcionarios públicos, a la clase media no la pueden cargar con más impuestos?
*Analista financiero.
