A diciembre de 2017 el Estado le debía al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢121.792 millones, lo que significa un aumento del 168% respecto a 2016 por concepto del impago del porcentaje que aprobó la junta directiva ese año como aporte estatal para subvencionar las pensiones de montos bajos.
Esto se desprende de un reciente informe de la confiabilidad de la información financiera de la CCSS elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se valoraron varios aspectos, entre ellos la deuda del Estado al IVM y la supervisión de la Superintendencia de Pensiones (Supen) a dicho régimen.
La Ley Constitutiva de la CCSS señala que el financiamiento del IVM es mediante el sistema de triple contribución -obrero, patronal y estatal- y que la junta directiva de la entidad tiene la potestad de fijar las contribuciones de conformidad con los cálculos actuariales respectivos y lo consignado en el Reglamento del IVM.
SIN PLATA
En este sentido el 28 de julio de 2016 el cuerpo directivo de la CCSS reformó el artículo 33 y el transitorio XI del Reglamento del IVM, de tal forma que el aporte del Estado como tal pasó de un 0,58% a un 1,24%.
“Se determinó que para los años 2016 y 2017, según los estados financieros del IVM y los Informes de Deuda Acumulada a diciembre de cada año, los montos adeudados por parte del Estado con el IVM han experimentado crecimientos importantes, alcanzando los ¢45.418 millones en el primer año señalado (siendo que anteriormente los adeudos fueron cercanos a los ¢3.600 millones) y cerrando el 2017 en ¢121.792 millones -para un incremento relativo de 168%-, explicado por el impago del Estado en la cuota que le corresponde como figura de Estado como tal, la cual sufrió un aumento en setiembre de 2016, decretado por la Junta Directiva de la CCSS como medida para financiar la subvención de la pensión mínima”, señala la Contraloría en el informe Dfoe-Soc-If-10-2018.
En este sentido el ente fiscalizador del Estado indica que lo anterior es porque el Estado no pagó ¢97.800 millones correspondientes a la cuota que le corresponde cancelar.
“El Estado, a través del Ministerio de Hacienda, alega que no dispone de financiamiento para cumplir oportunamente con la obligación que le dicta la Junta Directiva de la CCSS con respecto al aporte de Estado como tal en el Seguro de Pensiones, debido a la compleja situación fiscal que atraviesa el país, que ha presentado un déficit fiscal superior al 5% desde el 2014 y que además se proyecta que alcanzará una cifra cercana al 8% para el cierre del 2018, lo que encarece el financiamiento y reduce las posibilidades de cumplir oportunamente con las obligaciones estatales en el plano de los seguros sociales”, reseña la Contraloría.
Para resolver dicha situación, tanto la CCSS como el Ministerio de Hacienda conformaron de manera conjunta un equipo técnico interinstitucional, pero no se ha logrado nada en este punto porque cada una de las partes mantiene su postura.
En el caso de la CCSS indica que el Estado es quien debe subsidiar las pensiones mínimas, mientras que el Ministerio de Hacienda sostiene que la metodología aplicada por la junta directiva de la Caja es improcedente, debido a la situación fiscal que atraviesa el país.
“Dados los no pagos del Estado, actualmente la sostenibilidad de los mínimos de protección recae sobre los demás asegurados y representa una distorsión al equilibrio financiero del Seguro de Pensiones, que de no tratarse con oportunidad podría terminar por afectar al mismo, atentando de igual manera a los pilares fundamentales sobre los cuales se tutela el régimen”, advierte la Contraloría.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Lunes 24 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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