Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación, se vio envuelto en una polémica este miércoles, cuando el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció en el Plenario un posible conflicto de intereses por parte del jerarca que involucra a la empresa COES Comunicación Siglo XXI.
Viales presentó una serie de documentos ante la Procuraduría de la Ética que narran hechos para que determine si es posible abrir una investigación contra el legislador, por una aparente falta al deber de probidad, ya que los propietarios de esa firma son familiares suyos.
“Esta empresa le ha vendido unos ¢113 millones al Estado y a Casa Presidencial ¢13 millones y lo curioso del caso es que es el propio Ministro quien defiende ante los diputados esta contratación, diciendo que es necesario estos servicios para poder funcionar, a pesar de la gran cantidad de funcionarios que tiene esta institución”, señaló Viales.
En la Comisión de Hacendarios, cuando el ministro de la Presidencia Rodolfo Piza defendió el presupuesto para el próximo año, la compañera de bancada de Viales, Silvia Hernández, cuestionó las partidas asignadas para el monitoreo de noticias, dado que en Casa Presidencial hay 14 profesionales en comunicación y 14 técnicos.
La presidenta de esta compañía es Rebeca Knohr Mendoza, el secretario es Evert Knohr Mendoza, el tesorero es Erwin Knohr Mendoza, todos primos del Ministro.
CONSULTÓ A CONTRALORÍA
El titular envió una respuesta mediante un comunicado de prensa, donde refuta que exista algún conflicto de intereses.
Aclaró que la contratación de la empresa se hizo desde la administración anterior el 23 de noviembre de 2016 y vencía el 31 de agosto de 2018. “Es decir, el Ministro no tuvo ninguna relación con la adjudicación”, indica el comunicado.
No obstante, hay que recordar que Mendoza fungió como el representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU) en el gobierno Solís Rivera.
Luego, la actual administración amplió el contrato a esta compañía por dos meses, según Mendoza, pero con el fin de “hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para generar una nueva licitación abierta y pública, la cual será publicada a través de Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) esta misma semana”.
De acuerdo con Casa Presidencial, al percatarse el Ministro de que existía dicho contrato con la empresa de sus familiares, él mismo hizo la consulta a la Contraloría General de la República para que le indicara que existía alguna incompatibilidad o impedimento legal.
“La Contraloría respondió el 17 de julio de 2018 que no existía incompatibilidad o impedimento legal.
En la respuesta, la Contraloría afirmó que la prohibición para contratar con el Estado con la que cuenta el ministro Mendoza no se transmite a la empresa COES Comunicaciones, en la medida en la que el vínculo existente no se encuentra sujeto al régimen de prohibiciones para contratar con la administración pública (página 5 del oficio DCA2613, del 17 de julio de 2018)”, manifiesta el comunicado oficial.
Sin embargo, según Viales a su criterio en ese mismo oficio de la Contraloría se le recuerda al jerarca que debe guardar el deber de probidad, según lo estipula de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
A pesar de que el titular dice que toda la información es pública, que se puede mirar en el Sicop, Viales insiste en que los términos de fondo y forma en que la empresa brinda sus servicios fueron declarados confidenciales, por la Presidencia y el proveedor.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 20 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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