Reforma fiscal ¿progresiva?
Sofía Guillén*
El actual debate fiscal se ha agudizado partiendo de lugares comunes interesantes. En primera instancia, pareciera que existe consenso sobre la necesidad de una reforma. En segundo lugar, la mayoría de los actores parecemos coincidir en la necesidad de progresividad, ¿por qué otra razón pondría tanto empeño el Gobierno en convencernos de que el actual plan fiscal no grava a los hogares pobres? Pues porque la progresividad discursiva se puso de moda, lo que no se puso de moda fue concretarla en la reforma. Veamos el contenido actual del texto.
El Título I es el IVA. Con una tarifa general del 13%, ampliación de la base tributaria (actualización importante) y eliminación de ciertas exoneraciones vigentes hoy: la canasta básica pasa a estar gravada con un 1%, la compra y venta de bienes y servicios de las universidades públicas y los medicamentos con un 2%. En el caso de la canasta básica y los medicamentos, es posible que un aumento en los costos de producción (un impuesto) elevaría sus precios. En el caso de la educación pública universitaria, implicaría menos recursos disponibles. Y, mientras tanto, el espacio publicitario de televisoras y radio, y los alquileres de organizaciones religiosas estarían 100% exentos. ¿Y la trazabilidad? Parece que no importa en todos los casos.
El otro elemento regresivo de la reforma es el Título IV, la regla fiscal. Poco nos han contado sobre este capítulo y ya verán ustedes la razón. Esta regla contiene elementos significativos de recorte al gasto público, lo cual podría sonarnos muy bien: ¡Zóquense la faja! ¡Dejen la gastadera! Pero intentemos aterrizar en nuestra realidad. El gasto del Gobierno Central se distribuye en: 41,6% pago de la deuda (intereses y amortización), 31% transferencias (incluye programas sociales), 24,3% remuneraciones y 3,3% otros. Es decir, la flexibilidad real del gasto es limitada. Esta regla propone que el gasto se recorte según los niveles de deuda y que cuando esta sobrepase el 60% del PIB, además de limitarlo, se congelen pensiones y salarios. Pero va más allá. Elimina financiamiento al PANI, al Fondo de Subsidios para la Vivienda y a las Universidades Públicas y elimina más de ¢250 mil millones al Fodesaf, afectando programas como Avancemos, comedores escolares, CEN-Cinai, IMAS, pensiones del RNC y Fonabe.
Llevamos 2 de 4 títulos regresivos. Mientras el costo de la canasta básica aumenta, las ayudas de los programas sociales disminuyen.
El Título III, Empleo Público, es controversial porque, a pesar de lo que solemos creer del empleo público, lo cierto es que el mayor disparador del déficit no son los salarios sino la deuda y sus intereses, y la verdad es que maestros y policías son de las poblaciones más afectadas con las medidas de empleo público, ya que constituyen las planillas más grandes del Gobierno Central, y tienen salarios relativamente bajos. Un profesor de enseñanza general básica devenga un salario base de ¢583 mil y un cabo de policía de ¢289 mil. Estas planillas alcanzan remuneraciones totales medias gracias a lo que conocemos como “pluses salariales”, los cuales están siendo recortados en el texto. Lo cierto es que los regímenes de empleo público son tan diversos que querer reducirlos a un par de artículos trae consigo todas las consecuencias propias del simplismo. Además, mientras se disminuye el componente adicional al salario base de maestros y policías, se aumenta el límite posible de la remuneración al presidente de la República (pasando de ¢5 millones a ¢6,6 millones, aprox.). Entonces, ¿cómo es la cosa? Más que regresivo, este título es además contradictorio.
Finalmente, el Título II, Reformas al impuesto sobre la renta, es el único título genuinamente progresivo. Actualiza varias escalas tarifarias, grava las ganancias de capital directamente e incorpora algunas medidas para combatir el fraude fiscal (incluyendo la norma de subcapitalización que fue profundamente debilitada). Esperemos que todo el empeño que han puesto en convencernos de gravar la canasta básica se dirija hacia la incorporación de las más de 40 recomendaciones antifraude presentadas en el Informe Final de la investigación de los Papeles de Panamá, que siguen sin formar parte de la reforma fiscal.
TRES DE CUATRO. El 75% de la reforma fiscal es regresiva. Intentan convencernos de que el más rico es quien pone más dinero en esta reforma. Vamos a ver, los hogares con mayores ingresos consumen más y, por lo tanto, pagan más colones en impuestos, eso es lógico. Pero la progresividad no se trata de cuántos colones ponen los ricos, sino de cuánto representa ese pago de impuestos en proporción a sus ingresos. Por ejemplo, una tarifa del 2% en el IVA, representa apenas una carga del 1,37% del ingreso del decil más rico, pero hasta un 8,17% del ingreso del decil más pobre (IICE: 2018).
Dice el Gobierno que la realidad política no permite aprobar otro tipo de reforma, pero tiene una bancada de 10 diputaciones que bastarían para quebrar el bloque a favor de la actual versión. No es cierto que no se pueda cambiar el escenario político.
*Economista y consultora
